DOLORES. El alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, ha anunciado esta mañana que ha solicitado una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Consorcio de la Vega Baja para revocar el nombramiento de la actual presidenta, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, y tomar él las riendas del organismo antes la “inacción y el bloqueo” que arrastra desde hace tres años. Hernández ha comparecido respaldado por 15 ayuntamientos de la Vega Baja, que suman más de la cuarta parte necesaria para convocar esta sesión extraordinaria. El alcalde de Dolores también ha señalado que cuentan con el apoyo de la Generalitat para realizar este relevo, por lo que tienen asegurada la mayoría de la junta de Gobierno para que salga adelante. La consellera Mireia Mollà ya dio ayer un toque de atención y advirtió de que tomaría medidas y quitaría las competencias en materia de gestión de residuos sólidos al Consorcio si no se acababa con esa inacción. Un llamamiento al que respondieron varios municipios De la Vega Baja con esta "moción de censura". Los Ayuntamientos que respaldan este relevo en la presidencia del Consorcio son: Algorfa, Benferri, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas.
En cuanto a los motivos, ha señalado que “son muy conocidos. El Consorcio no ha ejecutado ni una obra de mejora ni ningún ecoparque en estos años, abocando a que se incumpla la ley” en materia de gestión de residuos. El anuncio lo ha realizado después de registrar por sede electrónica la petición de esa sesión extraordinaria y a las puertas de la futura planta de transferencia de Dolores, cuyas obras acabaron hace un año y continúa cerrada. En este sentido, y a falta de resolver un conflicto con la Generalitat en cuanto a actualizaciones de precios de las tasas correspondientes, ya que canon se aprobó en 2013, Hernández ha señalado que la planta puede ser gestionada de forma pública por la Generalitat a la espera de resolver esa fijación de precios. De hecho, la Generalitat ya ha pedido la licencia para poder abrir las instalaciones y técnicos del Consell la visitarán mañana con el fin de ponerla en marcha cuanto antes. Por tanto, esta será la primera acción a realizar por parte del Consorcio tras el relevo.
Hernández ha criticado la gestión de Belmonte por esa inacción, a la vez que ha señalado que su municipio está saliendo beneficiado con respecto a otros debido a que le sale más barato el traslado de los residuos a Elche, por cercanía, que a otros municipios que deben desplazarse a Xixona o Villena, por lo que “solo mira por su beneficio”. En este sentido, ha adelantado que trabajarán para fijar una “tasa consorciada” para que todos los municipios paguen lo mismo, independientemente de adónde trasladen los residuos hasta que haya una solución definitiva.
La gestión de residuos en la Vega Baja requiere de una toma de medidas urgente ya que los vertederos de Elche, Villena y Xixona no están preparados para absorber todo el volumen de residuos extra que viene desde la Vega Baja y más de cara a este verano, donde se prevé que el turismo bata cifras récord tras dos años de pandemia, con el aumento de residuos que ello genera.
La actual presidenta, la popular Teresa Belmonte, tendrá que convocar ahora esta sesión extraordinaria. Tendrá que convocarla no antes de cinco días ni después de 15.
Este es el texto íntegro de la motivación de la convocatoria de esta sesión extraordinaria para cambiar la presidencia del consorcio:
El Consorcio de residuos A6, en los últimos tres años, no ha ejecutado ninguna obra de reforma, mejora o nueva construcción de ningún ecoparque en el área de gestión, abocando al Consorcio y sus entidades locales al incumplimiento de las previsiones de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por ejemplo, en su artículo 25.2 a), en relación con la recogida separada de biorresiduos a partir del 30 de junio de 2022 en los municipios de más de 5000 habitantes, al no disponer, el consorcio, a fecha del presente, ni siquiera de instalación consorciada para una descarga separativa de biorresiduos.
El Consorcio de residuos A6, no ha aprobado un precio de gestión consorciada, manteniéndose los precios de gestión individuales que benefician a determinados municipios, no habiéndose ejercido por tanto, por la Presidencia del Consorcio, su labor de presidencia de todos los municipios de la comarca.
Asimismo, no ha aprobado proyecto de gestión de residuos domésticos alguno, en los términos previstos en el artículo 38 del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell. Estando en vigor, únicamente, los proyectos de gestión aprobados con anterioridad a 2016. Entre ellos, proyecto de gestión de iniciativa pública de la estación de transferencia de Dolores y proyecto de gestión de ecoparques (BOP Alicante 10/05/2019).
Ni siquiera en tres años, se ha promovido y aprobado por la Presidencia del consorcio, el proyecto de reforma y mejora del ecoparque fijo de Torrevieja, donde gobierna el partido popular.
La carga administrativa del consorcio de residuos A6 en estos tres años ha sido bajísima. Muy baja para un consorcio que dispone de un artículo específico, junto con el consorcio de residuos V5 de la Comunitat Valenciana, en el plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana.
Recientemente se ha conocido la dimisión integra de todos los funcionarios adscritos a la intervención del consorcio, sin que por la presidencia se hayan adoptado medidas al respecto. Lo que lleva al consorcio a una ralentización y parálisis de su actividad administrativa, necesaria si queremos abordar el reto de los recursos que contienen los residuos con celeridad. Ello implicará, por ejemplo, enormes dificultades para la ejecución de la subvención nominativa de 200.000 euros de la Generalitat Valenciana a favor del Consorcio de residuos A6 de la Comunitat Valenciana, con su más que posible pérdida. A lo que hay que añadir los 800.000 euros que se perdieron de la subvención de la Generalitat del ejercicio 2021. De hecho se llegaron a adquirir dos ecoparques móviles adicionales por la concesionaria privada a finales del ejercicio 2021, que finalmente, no ha sido posible poner en marcha casi seis meses después. Un ejercicio calculado de dejar pasar el tiempo para no hacer nada, no cambiar nada, no poner en marcha ningún servicio de gestión consorciada nuevo, no implementar obras de mejora, nada, nada, nada.
Y todo ello, unido a la falta de capacidad de las instalaciones de valorización de residuos domésticos en la provincia de Alicante, para una temporada estival 2022, de la que venimos avisando a la presidencia de su importancia en generación de residuos. Recientemente se han conocido imágenes sobre colas en las instalaciones de valorización, así como incluso conatos de incendios en las mismas, como por ejemplo en Xixona, pareciendo que la cosa no va con esta presidencia. El Consorcio de residuos Vega Baja A6, es mucho más que las toneladas del municipio de la Presidenta, y mucho más que algunas labores, necesarias eso sí, de educación ambiental.
Ante una sentencia firme por parte de los tribunales en contra del consorcio, y con la posibilidad, según establece el propio PIRCVA2019, de ejecución de los diferentes servicios consorciados por partes (transferencias, ecoparques, biorresiduos, etc), la presidencia del consorcio no ha promovido hasta ser interpelada por el grupo socialista en el pleno del consorcio, informe jurídico alguno
Notamos el hastío del resto de áreas de gestión de la provincia de Alicante, da igual quien gobierne en ellas, con el actual gobierno del consorcio de residuos Vega Baja A6. De hecho, las plantas están comenzando a plantear restricciones a las entradas de residuos de nuestra comarca, por la inacción política y administrativa de la actual presidencia de este consorcio. Lo que va a obligarnos a tener que llevar nuestros residuos cada vez más lejos, con el consiguiente coste que ello implica.
La inacción administrativa del consorcio, pone en peligro incluso la viabilidad del consorcio de poder obtener fondos de reconstrucción, al no haberse aprobado por el pleno del consorcio proyecto de gestión de residuos alguno, así como no disponer, según acuerdo plenario, de terrenos alguno para la implantación de instalación alguna, ni siquiera para la valorización de biorresiduos de la comarca.
La viabilidad de la gestión diaria de los residuos domésticos de la provincia de Alicante está en juego, aunque parece que a nuestra actual presidencia esto no vaya con ella.
Se trata de una presidencia que eso sí, no ha aprobado nada, no ha hecho ninguna obra nueva, no ha ejecutado una sentencia firme. Inacción, como resumen de su gestión.
La actual normativa europea, española y valenciana, exige a los municipios una mejor forma de tratar los residuos, no solo por el grave problema medioambiental que supone la generación incontrolada de residuos, ya que estamos agotando recursos y aumentando los gases de efecto invernadero, si no también porque el no tratar la basura de forma adecuada sale caro.
La actual distribución de los residuos en las diferentes plantas de la provincia, asociado a la no tramitación de la tasa consorciada, junto con una visión cortoplacista de la actual Presidencia del Consorcio, está limitando las oportunidades de mejora en la gestión de los residuos de todos los municipios de la Vega Baja.
La puesta en marcha de la Planta de Transferencia de Dolores posibilitaría la implantación de la línea de recogida orgánica separada, lo que se ha demostrado que disminuye el coste en la gestión de los residuos.
Asimismo, evitaría los numerosos traslados diarios de camiones de basura de la Vega Baja por toda la provincia para transportar nuestros residuos, disminuyendo los tiempos de transporte, y por lo tanto aumentando los tiempos de recogida de residuo, por lo que la Recogida de Residuo de la Vega Baja sería más eficiente, abaratándose los costes de la recogida.
El abaratamiento de costes en la recogida, junto con la disminución de coste en el tratamiento de residuos, permite compensar la tasa de transporte de la planta de transferencia de Dolores, e incluso, con una adecuada gestión del municipio, poder implementar sistemas de pago por generación que premie a la ciudadanía que realice una gestión óptima, disminuyendo la tasa.
La puesta en marcha de la Planta de Transferencia de Dolores, disminuirá los gases de efecto invernadero que emitimos actualmente, al reducir el número de camiones que circulan trasladando residuos, y permitir la puesta en marcha de la recogida selectiva orgánica que minimiza las emisiones de los vertederos.
La actual Presidencia del Consorcio ha supuesto una ralentización injustificada en la adecuada gestión de los residuos de todos los municipios de la Vega Baja, incluso en los que ella considera que beneficia, ya que se está limitando no sólo que se gestione medioambientalmente mejor, si no que además, no se permite ser económicamente más eficiente.