La edil de Empleo de Alicante, Mari Carmen de España, a su llegada al Palacio de Justicia de Benalúa para prestar declaración. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Todas las decisiones se adoptaron con el respaldo de los informes jurídicos. Y, además, el nuevo destino previsto para el edificio estaba vinculado a los usos formativos establecidos para la parcela en cuestión en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esas son, a grandes rasgos, las dos ideas centrales que pusieron de manifiesto el exedil de Urbanismo de Alicante, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), y la concejal de Empleo, Mari Carmen de España, al prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 3, en las diligencias seguidas por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia, situado en una parcela de uso docente, para el desarrollo de una sede ligada a la estrategia municipal 'Alicante Futura', sin que se hubiese tramitado con carácter previo la modificación de uso que, según la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, habría resultado preceptiva.
Tanto Santos Pérez como De España comparecieron en calidad de investigados (Santos Pérez, a través de videoconferencia, al residir temporalmente en Canadá), lo que les permitía asistir con asistencia letrada. Y los dos trataron de descartar la existencia de toda posible irregularidad al explicar cuál fue el proceso seguido para acordar la adscripción de uso de ese inmueble a la Agencia de Desarrollo Local: el organismo autónomo municipal encargado de promover la dinamización de la economía y la generación de puestos de trabajo en la ciudad, que pilota la estrategia Alicante Futura como uno de los instrumentos para alcanzar dichos objetivos.
De hecho, Santos Pérez -desvinculado de la gestión pública desde las elecciones municipales de 2023- señaló que su única intervención en el proyecto sobre el que gira la investigación fue la de elevar la propuesta de adscripción del inmueble a la Agencia de Desarrollo Local, después de que, en noviembre de 2022, se hubiese emitido un informe técnico desfavorable respecto a la concesión de su compatibilidad con el uso pretendido inicialmente, en respuesta a la solicitud presentada por la empresa mixta Aguas de Alicante.
En concreto, con esa petición, se pretendía transformar la planta baja del edificio para que acogiese la instalación de las dependencias del Centro de Inteligencia del Agua (CIA): una sede administrativa dedicada a la gestión del ciclo integral del agua, dotada de un área específica sobre innovación y transformación digital. De ahí su vinculación con la iniciativa Alicante Futura, que incluía el desarrollo de una de sus sedes en el resto de las dependencias del antiguo Parque de Bomberos para la instalación de un espacio de coworking, entre otros fines.
Ese informe negativo sobre su compatibilidad respecto al proyecto del CIA fue, precisamente, el que llevó a Aguas de Alicante a desistir de la solicitud de licencia de obra que había presentado en paralelo (para poder solapar plazos e iniciar los trabajos con celeridad), toda vez que se había concluido que no el fin que se preveía dar a ese espacio no tenía encaje en una parcela reservada para uso educativo. De hecho, el informe de compatibilidad de noviembre de 2022 precisaba que "el uso propuesto no tiene cabida" por lo que se declaraba "no apto".
A partir de ahí, el equipo de gobierno -entonces, un bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs)- tomó las riendas de la propuesta de forma directa y promovió el cambio de adscripción de uso del edificio para que pasase a manos de la Agencia Local de Desarrollo y que, después, fuese este organismo el que cediese el derecho de ocupación de la planta baja a Aguas de Alicante para que ejecutase su proyecto (la instalación del CIA) sin necesidad de que solicitase nueva licencia al tratarse, en ese nuevo contexto, de una iniciativa de promoción municipal para el desarrollo de un proyecto de interés público. De hecho, ese movimiento permitió que el conjunto de las obras -las del CIA y las de la sede de Alicante Futura en el resto de dependencias- se ejecutasen a partir de abril de 2023. Las obras de acondicionamiento de la sede de Alicante Futura y del CIA están ya concluidas (aunque siguen pendientes de su puesta en funcionamiento, postergada tras la apertura de la causa).
En esta línea, durante su declaración, Santos Pérez trató de recalcar que un expediente de adscripción de uso es independiente a un expediente de compatibilidad urbanística y a un expediente de concesión de licencia, y que no necesariamente tienen que estar condicionados entre sí. Además, señaló que todos los acuerdos contaban con el respaldo de informes jurídicos. Por su parte, De España -que se negó a responder a las preguntas formuladas por la letrada que representa al PSOE (personado en el proceso)- también manifestó que todos los acuerdos quedaron avalados por informes técnicos y declaró que el proyecto de Alicante Futura al que se había acabado destinando el edificio -del que formaba parte la sede del CIA- sí tiene el uso formativo y docente que se fija para la parcela del antiguo Parque de Bomberos a través del PGOU.
No obstante, lo cierto es que el equipo de gobierno ha acabado optando por modificar ese uso tras aprobar una propuesta de desafección -junto a la de otras tres parcelas de titularidad pública que tenían la misma consideración- que queda pendiente de aprobación por parte de la Generalitat.
Al tiempo, este miércoles también prestó declaración como investigado el técnico que ejercía como director gerente de la Agencia de Desarrollo Local, ahora desvinculado del Ayuntamiento de Alicante, quien también negó la existencia de las supuestas anomalías. Por su parte, la comparecencia de la responsable del servicio jurídico de la Concejalía de Urbanismo -igualmente, citada en la condición de investigada- que también estaba prevista para este miércoles, quedó pospuesta después de que hubiese alegado enfermedad.
El resto de investigados (otros cinco, entre los que se incluye otro técnico municipal de la Concejalía de Urbanismo, representantes de Aguas de Alicante y de la empresa que ejecutó las obras de remodelación del edificio) deberán prestar testimonio este viernes. La ronda de comparecencias se cerrará el día 25, cuando está prevista la declaración como testigo del técnico que emitió el informe desfavorable de compatibilidad urbanística y la de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, como representante del grupo político que interpuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que dilucidase si del proceso podía derivarse la comisión de delito.
