ELCHE. Cuatro años después del anuncio, o 25 años desde que se inauguró la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Generalitat Valenciana acaba de rubricar el protocolo de actuación para la transferencia al Ayuntamiento, en forma de inversiones, de los 43 millones que costó expropiar los terrenos de la institución. Un costo que asumió la ciudad ilicitana y que después de varios intentos, ya tiene su acuerdo marco: será un acuerdo a cuatro años vista que ya tendrá su primera consignación en los presupuestos de 2023. A priori, ya en octubre se reunirá una comisión mixta para empezar a plantear las actuaciones concretas y prioridades.
En la sala de plenos del consistorio, el alcalde Carlos González ha confirmado como ya era conocido que serán iniciativas de infraestructuras para lograr el objetivo de Capital Verde Europea en 2030, "proyecto que apoyamos desde la Generalitat", añadía el presidente Ximo Puig. El alcalde ha tildado la cita de "día histórico" para la ciudad, aprovechando para asegurar que el Consell y Puig "cumplen sus compromisos con Elche".
El acuerdo sobre la deuda histórica se vertebra en cuatro ejes: reconoce por escrito la deuda por la adquisición municipal de los terrenos, su valoración de 43 millones de euros y los costes financieros, la voluntad "inequívoca" de la Generalitat de compensarla en cuatro años, y que será para infraestructuras urbanas vinculadas a ese objetivo verde. El primer edil no ha perdido ocasión para incidir en el compromiso, a pesar de lo que ha costado conseguirlo, y añadía que "nunca fue asumido por anteriores gobiernos en 20 años, una injusticia que hoy se compensa". Un mensaje al PP, de quienes ha dicho que no se reclamaron esta deuda con sus Ejecutivos, "y ahora se erigen en adalides y defensores de esta deuda histórica".
Puig y González junto al portavoz Héctor Díez y la portavoz de Compromís Esther DíezA preguntas de los medios sobre por qué la tardanza en esta rúbrica, Puig aludía a que ha habido que encontrar la fórmula para el convenio, "porque Intervención no lo reconocía como deuda", añadiendo que en cualquier caso ha habido otras "urgencias" que atender durante estos años. A este respecto, el president ha querido resaltar también que es un día "de gran relevancia y visualización de acción de gobierno para vertebrar la Comunitat y un acto de decencia política". Ha reconocido que ha costado y que aunque llegue tarde, era "necesario". "Nunca hemos renunciado a nuestro compromiso, aquí no había deuda pero sí un compromiso moral de la Generalitat", defiende. Y ahora asumen "corresponsabilidad" para el objetivo 2030.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, ha afirmado "es un paso muy importante que el Govern del Botànic haya reconocido por fin la deuda que la Generalitat mantiene con el municipio de Elx desde hace 25 años, pero el reconocimiento se hace efectivo con el plan de inversiones". La edil ha señalado que "más allá de la firma de la documentación, el compromiso de la Generalitat tiene que tomar forma de manera urgente, dado que la población ilicitana lleva décadas pendiente de que resarza esta deuda que tiene que ir dirigida a hacer de Elx un municipio más competitivo en términos económicos y con mejores condiciones de vida"
Puig ha aprovechado para recordar que el Consell ha venido trabajando con el Ayuntamiento en los últimos años con importantes desembolsos en Educación o Sanidad, destacando de esta última la sorpresa "por la situación del Hospital General cuando lo visité por primera vez, en algunas habitaciones no había baño", un inmueble que ahora se está reformando por plantas y con la ampliación quirúrgica en marcha.
En este sentido, y sobre otras cuestiones pendientes y asumidas como la Ronda Sur, se prevé firmar este trimestre otro convenio por el que la Generalitat transferirá los fondos al Ayuntamiento para poder materializar la obra. A priori alrededor de 20 millones de los 300 de los fondos extraordinarios del Estado para infraestructuras, aunque puede que por las materias primas el coste sea mayor. Será la administración local la que podrá, a través del Plan General, otorgar el permiso ambiental ya caducado que otorgó el Ministerio para este último tramo de apena dos kilómetros. Además está desactualizada normativamente la obra, por lo que se incluirá también en la futura licitación que se vehiculará desde el Consistorio.
