ELCHE. La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana se muestra tajantemente en contra de la propuesta del Ayuntamiento de abrir la puerta a los VTC. Hace escasos días el edil del área, Claudio Guilabert, apuntaba que se habían reunido con Uber y Cabify y que la idea es que puedan operar en todo el término municipal este verano, tras las quejas por el servicio del taxi. En el que intentan por otra parte aumentar las licencias.
Sin embargo, para la Confederación, que carga contra estas multinacionales, "famosas por ser jodidamente ilegales y jodidamente poderosas", dicen parafraseando los Uber Files, creen que su presencia podría tratarse de otro caso de corrupción, y un movimiento, especifican cargando contra el edil, "iniciado desde la ignorancia o desde otro caso directo de ruindad de un personaje público, elegido por los ciudadanos para administrar los recursos de la ciudadanía".
En este sentido, la confederación se muestra muy molesta con la gestión, denunciando que el concejal afirma garantizar a las multinacionales que "puedan saltarse las normas en Elche", agregando que Guilabert insinúa que no hace falta un concurso público para obtener licencias de transporte "y se las va a dar a dedo a las multinacionales". El sindicato, en el que está la Asociación Radiotaxi local, esgrime que pondrá todos sus medios al alcance para proteger a los taxis "de esta cacicada, llegando al Tribunal Europeo si hace falta por dar ayudas del Estado a empresas privadas". Exigen consenso y no buscar "atajos".
En este sentido, la Confederación considera que parece que "haya interés en castigar o sacrificar precisamente a las familias que viven del taxi, que son los que están siempre dando la cara cuando otros transportes no están". Defienden que ofrecen un servicio público esencial "con profesionalidad" y que no piensan solo en "engrosar los balances económicos de una multinacional". Con la coletilla de que no tributan en el país, explica el sindicato en su comunicado.
Exigen reuniones con ellos para solucionar los problemas con el transporte urbano "y no aliándose con presuntos delincuentes que basan su negocio en saltarse las normas". Y recuerdan que la Confederación ya cuenta con una sentencia favorable del Supremo que obligó a la Comunitat a sancionar a Cabify por intermediar sin autorización autonómica. Lo mismo dicen de Uber en España en 2014, en este caso con fallo del Tribunal Europeo.
A este respecto, señalan que hay cientos de vehículos sin permiso circulando por toda la Comunitat, y se pregunta si son "los socios del gobierno municipal de Elche". Entienden que lo más lógico sería estudiar las deficiencias del transporte público colectivo local y del entorno y ver cómo mejorar el servicio que presta el taxi. "Le pedimos al concejal que haga su trabajo con honestidad y no busque atajos, realizando estudios serios sobre la movilidad en Elche". Piden saber cuántas líneas de transporte necesita la ciudad, cuántos taxis, y encontrar soluciones "ya sea con licencias temporales para cubrir el incremento de la demanda en verano o con cualquier otra medida que permita adaptar la oferta a la demanda, pero siendo sostenibles".
Una cifra que Guilabert dejó el otro día en unos 40 vehículos, fueran de taxi o de VTC. "La Confederación tiende la mano al Ayuntamiento para sentarse y encontrar soluciones", señalan, "pero si sigue hablando de darles cobertura e intentar legalizar o justificar el intrusismo en el taxi, estará enfrente con todas sus fuerzas, sin escatimar medios en ello", culmina el sindicato.
