ALICANTE. Los propietarios de establecimientos comerciales distribuidos entre los paseos de Federico Soto y Doctor Gadea aguardan al final del mes de septiembre para cerrar balances de facturación correspondientes al último trimestre con el fin de evaluar la posibilidad de registrar reclamaciones de responsabilidad patrimonial con las que forzar al Ayuntamiento de Alicante a acordar compensaciones por el hipotético perjuicio generado durante la ejecución simultánea de las obras de reurbanización de distintos viales del Centro desde finales de junio.
Portavoces del sector consultados por Alicante Plaza indicaron que no será hasta que se cuente con los resultados de los tres últimos meses cuando se podrá valorar el impacto económico real propiciado con motivo de la realización de esos trabajos que los comerciantes dan por seguro a tenor de las cifras que ya han podido conocer respecto a la evolución de las ventas de julio y agosto, con caídas de cerca del 50% respecto a las cifras habituales, según fuentes consultadas. "Esto ha sido peor que la crisis de la covid", insistieron las mismas fuentes, "y se ha producido cuando muchos todavía estaban pagando la devolución de créditos ICO que se solicitaron entonces".
En esta línea, lamentaron la falta de información previa por parte del Ayuntamiento, ya que "si se hubiese comunicado con antelación, y no en cuestión de días, muchos podrían haberse planificado y dar vacaciones a sus trabajadores, no contratar a más empleados o adquirir menos género". El problema, según añadieron titulares de algunos de los establecimientos situados en Federico Soto, es que los costes fijos, como el del alquiler de los locales, se han mantenido "sin posibilidad de renegociar con los propietarios", al tiempo que los ingresos de caja han caído por las dificultades de acceso a los negocios o por las molestias de ruido y polvo que desincentivan a los compradores.
De hecho, algunos establecimientos ya han iniciado trámites para tratar de traspasar sus negocios ante la imposibilidad de hacer frente a las cuotas del alquiler, tras lamentar que no se haya habilitado ayudas directas para cubrir las pérdidas generadas en el margen de los dos últimos meses y medio. "La campaña del bono comercio es positiva, pero eso no es una compensación, y menos si se tiene en cuenta que es para todos los comercios de la ciudad y no una ayuda directa", insistieron responsables de negocios consultados.
Así, emplazaron al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a habilitar algún tipo de línea de subvención directa que permita salvar el trimestre, sin negar la necesidad de la realización de las obras y los beneficios que pueda traer en términos de mejora de la escena urbana y de atractivo para futuros consumidores. De hecho, comerciantes de Federico Soto han optado por remitir varias cartas dirigidas al alcalde, Luis Barcala, con el fin de apremiarle a responder sobre las pérdidas acumuladas durante la ejecución de las obras.
En principio, los trabajos de reurbanización del eje Marvá-Gadea deben prolongarse hasta final de año, con la posibilidad de que pueda recuperarse al menos el paso de los autobuses a partir del mes de octubre. Por lo pronto, ya se han iniciado los trabajos de reposición de aceras en varios tramos de Federico Soto y Doctor Gadea, aunque continúan existiendo dificultades para la movilidad peatonal.
Hasta el momento, el equipo de gobierno había mantenido que su intención era reforzar la campaña del bono comercio a desplegar a partir del 25 de septiembre y hasta el 25 de octubre para contribuir a estimular el consumo en los negocios del Centro. Con todo, esa campaña no contará, por ahora, con un suplemento de fondos municipales y quedará limitada a la subvención concedida por la Diputación, de 511.000 euros. Eso sí, el propio Barcala anticipó este lunes que sí se preveía incrementar los fondos previstos para el lanzamiento del bono gastronómico, este mes de noviembre, así como una nueva campaña del bono comercio que se desarrollaría en enero de 2024.
Al margen de ello, en el transcurso de las reuniones mantenidas con los representantes del sector turístico desde el inicio de las obras, los populares también habían dejado abierta la posibilidad de que los comerciantes pudiesen presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el supuesto de que pudiesen acreditar la existencia de pérdidas asociadas a su ejecución. Y, por último, también anunciaron la bonificación de tasas asociadas a la instalación de veladores de los establecimientos hosteleros.