Recreación virtual sobre el proyecto del nuevo complejo judicial. ALICANTE. El megaconcurso convocado por la Generalitat para construir la Ciudad de la Justicia 'Rafael Altamira' de Alicante, con un presupuesto de licitación de 85,6 millones en la que pasa por ser una de las principales inversiones autonómicas en la ciudad, se acerca a su resolución con dos uniones temporales de empresas en posiciones aventajadas para convertirse en adjudicatarias entre los nueve licitadores que registraron ofertas (inicialmente se interesaron 16). Se trata de las alianzas empresariales lideradas por Ferrovial y Dragados, respectivamente, que habrían obtenido las puntuaciones más altas en el proceso de baremación de las propuestas técnicas, según se concretó en la reunión de la mesa de contratación del servicio de Proyectos e Infraestructuras Judiciales, el pasado 29 de septiembre.
En concreto, la propuesta presentada por la UTE Ferrovial-Servitria se posicionaría provisionalmente en primer lugar al haber conseguido 31,50 puntos (sobre 35 posibles), por delante de la oferta registrada por la UTE Dragados-Rover-CHM, con 30,80 puntos. La tercera posición en esa clasificación temporal estaría compartida por la alternativa planteada por la UTE Torrescamara-Sacyr-Tecmo y por la UTE Obrascón Huarte Laín-Ecisa, ambas con 29,90 puntos, a casi dos puntos de diferencia de la propuesta de la UTE encabezada por Ferrovial.
En cuarto lugar figuraría la alianza empresarial formada por Lantania y Levantina Ingeniería y Construcción, con 28,70. Y la quinta plaza sería para Acciona-Bertolín-Cobra, con 27,70. Las tres propuestas restantes se quedarían por debajo de los 27 puntos. En este caso, son las presentadas por Construcciones San José, que concurre en solitario, con 26,30; de FCC y Edifesa, con 25,80; y de Vías y Construcciones y Orthem, con 23,70.
Lo cierto es que los balances de esa primera valoración no son todavía resolutivos para decantar el resultado del concurso, ya que las puntuaciones obtenidas reflejan diferencias muy ajustadas entre los distintos licitadores. No obstante, se da la circunstancia de que la UTE compuesta por Ferrovial y Servitria, posicionada en primer lugar en los criterios que dependen de juicios de valor, también es la que presentó la oferta más económica. En concreto, plantea desarrollar la construcción del complejo judicial por un precio de 72,7 millones (impuestos incluidos).
En el parámetro precio, le seguiría la propuesta formulada por Torrescamara-Sacyr-Tecmo, con una propuesta de 74,2 millones y Construcciones San José sería tercera con una oferta de 74,6. Después, figurarían Obrascón Huarte Laín-Ecisa con 75,4 millones; Dragados-Rover-CHM, con 76,3; Acciona-Bertolín-Cobra, con 76,9; FCC-Edifesa, con 77; Lantania-Levantina, con 77,16; y, por último, Vías y Construcciones-Orthem, con 77,17, que habría planteado el importe más caro.
Con esos planteamientos, todo parece indicar que la alianza empresarial integrada por Ferrovial y Servitria podría obtener la mayor puntuación en costes: un criterio con el que se deciden 45 puntos del concurso. Sin embargo, está por ver cuál es la valoración que se concede a las otras exigencias recogidas en el concurso, entre las que figuran aspectos como la experiencia del jefe de obra (3 puntos); la experiencia del jefe de producción (3 puntos); la mayor dedicación del equipo técnico (6 puntos); la complementación del equipo técnico (2 puntos); el compromiso de desarrollo de planos As Built mediante tecnología BIM (2 puntos); el compromiso de difusión de la actuación (3 puntos); y el compromiso de ampliación del plazo de garantía (1 punto). En total, otros 20 puntos que, a buen seguro, podrán ser decisorios a la hora de seleccionar al contratista final.
La resolución del concurso queda pendiente de la baremación del precio y de otros requisitos de los que depende la asignación de 20 puntos
Por lo pronto, los nueve licitadores habrían presentado documentación acreditativa por la que cumplimentarían el conjunto de esos parámetros adicionales. Con todo, la mesa de contratación debe revisar aún esa documentación y baremarla. A priori, esa fase debería cerrarse antes de dos meses para que pudiese formalizarse la adjudicación. Con ese cronograma, las obras propiamente dichas podrían quedar programadas para principios de 2023, para quedar completadas 33 meses después, ya entre 2025 y 2026.
Sobre las características del complejo, como informó este diario, el proyecto promovido por la Conselleria de Justicia comprende la construcción de un edificio de siete plantas sobre una parcela de 5.600 metros cuadrados posicionada junto a la avenida de Aguilera, en la mitad del solar del antiguo cuartel que permanecía desocupado desde que el Ayuntamiento concluyó las obras del parque plaza de Benalúa: el mayor parque urbano de la ciudad hasta ahora. El nuevo edificio judicial contará con 46.857 metros cuadrados construidos disponibles, frente a los 19.292 que suman las ocho sedes judiciales actuales a las que está llamado a sustituir.
