La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.ALICANTE. Nueva acción procesal y nueva demora. La fecha del posible juicio sobre el supuesto amaño del Plan General Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del controvertido promotor Enrique Ortiz volverá a retrasarse hasta que se resuelva el escrito de recusación frente a las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial que se había designado para enjuiciarlo. Dicho escrito ha sido presentado por la defensa de la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, al considerar que las tres componentes de ese tribunal ya han intervenido en el proceso y, por lo tanto, quedarían invalidadas para enjuiciar los hechos al tener un conocimiento previo sobre las diligencias.
Se da la circunstancia de que los magistrados sobre los que había recaído la causa inicialmente ya registraron su petición de abstención por ese mismo motivo: haber tenido participación en alguno de los recursos presentados en relación a las diligencias. De ahí que se formase un nuevo tribunal compuesto por las magistradas Monserrat Navarro, Cristina Escoda y Margarita Esquivá, ahora recusadas.
En concreto, los letrados de Castedo apuntan que Navarro intervino en un auto dictado en 2015 en su condición de magistrada de la Sección Segunda; que Costa lo hizo hasta en tres autos distintos (dos en 2017 y uno en 2018) y que Esquivá lo hizo en otros dos (fechados en 2012 y en 2016) en respuesta a otros tantos recursos relacionados con estas diligencias.
La causa es una de las 17 piezas que se separaron del caso Brugal, destapado a colación del presunto amaño de la adjudicación del contrato de la basura de la ciudad de Orihuela, ahora en plena fase de juicio, en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche.
La recusación de la defensa de Castedo queda ahora en manos de un instructor de la Audiencia Provincial ya designado, en función del sistema de rotación por antigüedad establecido para este tipo de supuestos. Según han precisado fuentes judiciales a Alicante Plaza, se trata del presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, José Daniel Mira-Perceval.
Tras el análisis de los argumentos expuestos por los abogados de la exalcaldesa, el instructor elevará su propuesta de resolución a una sala especial del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), de acuerdo con el mecanismo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ) para estos casos. Dicha sala estará formada por la presidenta del TSJ, por los presidentes de sala del alto tribunal y por los magistrados de más modernos (de menor antigüedad) de cada sala.
La consecuencia de todo ello es evidente: una nueva demora en el señalamiento de la celebración del juicio sobre unos hechos que se comenzaron a investigar en 2008, a partir de los pinchazos telefónicos que se practicaron frente a varios de los acusados de la rama original de Brugal. Junto a Castedo y Ortiz, también se sentarán en el banquillo de los acusados el alcalde que precedió a Castedo, Luis Díaz Alperi, los abogados José Luis Castedo (hermano de la exprimera edil) y Javier Gutiérrez (responsables del buffete Salvetti Abogados) y el promotor ilicitano Ramón Salvador.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Castedo y Alperi diez años de prisión por los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Para Ortiz, solicita 8 años de privación de libertad por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
