El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia pública. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La alianza política compuesta por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) al frente del Ayuntamiento de Alicante toma nota de las deficiencias recogidas en el último informe de fiscalización sobre la contabilidad municipal emitido por la Sindicatura de Comptes y retoma la tramitación de una ordenanza específica para regular la concesión de subvenciones: uno de los aspectos principales sobre los que abunda el órgano autonómico, sobre los que también ha advertido el departamento municipal de Intervención en distintos informes.
En esta línea, PP y Cs tratarían de tomar decisiones en una doble dirección. En primer lugar, con la elaboración de un Plan Municipal de Subvenciones para ordenar su planificación y distribución. Y en segundo término, con la redacción de una ordenanza específica que concrete requisitos y condiciones para el registro de solicitudes de ayudas, y para la justificación de los fondos que se concedan. Así lo precisó, de hecho, el alcalde, Luis Barcala, este miércoles, en una comparecencia pública, en la que señaló que "el marco jurídico" sobre la materia ha cambiado mucho en los últimos años "y necesitamos adaptarnos para planificar bien".
Lo cierto es que, en julio de 2021, ya hubo un primer intento para sentar las bases que permitiesen comprobar el uso de las subvenciones concedidas por la Concejalía de Fiestas en 2021, en respuesta a las advertencias formuladas por el interventor sobre la falta de justificación de esas ayudas en el informe de fiscalización sobre el presupuesto de ese ejercicio. En ese momento, se trató de impulsar la elaboración de un reglamento en el que se concretasen los requisitos a cumplir por las entidades vinculadas a las celebraciones tradicionales de la ciudad para poder optar a esas ayudas, así como los procedimientos para justificar su gasto una vez obtenidas.
De igual modo, se trataba de diferenciar entre las subvenciones nominativas que se conceden año tras año a los colectivos que asumen labores organizativas en los festejos (como la Federació de Fogueres por ejemplo), de las ayudas que se conceden a través de convocatorias abiertas a las distintas entidades que participan en las fiestas de barrio, en les Fogueres, en los Moros y Cristianos o en la Semana Santa.
En suma, se trataba de disponer de un documento técnico con el que zanjar dudas clarificando requisitos, al tiempo que se puedan eliminar disparidades a la hora de certificar el gasto realizado con esas subvenciones, con la entrega de documentación que lo acredite. No obstante, la propuesta quedó sobre la mesa y no llegó a aprobarse en la sesión de la Junta de Gobierno prevista para el 6 de julio, para someterla a un mejor estudio, sin que conste que se haya retomado su aprobación.
Ahora, se trataría de completar ese trabajo desde una perspectiva global que permita concretar el funcionamiento de la concesión de todo tipo de ayudas municipales, que se han incrementado en convocatorias y en cuantía desde el estallido de la crisis sanitaria y económica de la covid y, ahora, con la crisis energética propiciada por la invasión de Ucrania. En total, desde 2020 se habría superado la cifra de los 12 millones de euros en fondos de procedencia municipal en ayudas a pymes y autónomos a través de diversas convocatorias, en algunos casos cofinanciadas con aportaciones adicionales por parte de la Generalitat y la Diputación, como sucedió con el Plan Resistir.
Así, entre otros puntos, se prevé que esa futura ordenanza pueda precisar posibles penalizaciones en el caso de que se certifique la existencia de un uso indebido de las ayudas obtenidas para dar respuesta a una de las deficiencias señaladas por el informe de la Sindicatura de Comptes. En concreto, el órgano fiscalizador apunta a la falta de comprobaciones respecto a las cuentas de los beneficiarios de determinadas subvenciones y recalca la falta de justificación de ayudas por valor de 402.000 euros correspondientes a 2019, a la fecha de la conclusión del análisis sobre los ejercicios de 2019 y 2020.
Además, añade que, incluso después de que se pueda subsanar ese requisito de justificación, no se habría encontrado constancia de que se hubiesen aplicado sanciones. En todo caso, lo cierto es que, hasta ahora, en cada convocatoria particular, como mínimo, sí se vienen aplicando deducciones respecto a la cantidad de la subvención concedida inicialmente en el caso de que no se acredite la justificación de su uso de manera correcta.
Al margen de ello, el equipo de gobierno también sigue avanzando en la definición del presupuesto de 2023 con la previsión de que pueda llegar a aprobarse antes de 31 de diciembre de este año. Por lo pronto, el primer edil también señaló este miércoles que ya se había recibido la información correspondiente a la aportación que recibiría el Ayuntamiento en concepto de transferencias del Estado y añadió que "se están cerrando" las cifras relacionadas con la aplicación del incremento salarial para los funcionarios, del 1,5% con carácter retroactivo ya en 2022, y de otro 2,5% a partir de 2023.
Además, apuntó que las cuentas están prácticamente concluidas, hasta el punto de señalar que se está preparando la aprobación de las correspondientes a los patronatos municipales, a la espera de que se pueda cerrar la partida que se podría destinar para cubrir los costes de suministro energético por el incremento del precio de la luz. A partir de ahí, según recalcó, se iniciarán los contactos con los grupos políticos para recabar apoyos y conocer las propuestas que puedan plantear. En todo caso, señaló que "los presupuestos serán muy similares a los del año pasado" salvo por la incorporación de los costes asociados a las nuevas contratas por el servicio de transporte público en autobús y por el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura.
