Centro de Congresos / RAFA MOLINAELCHE. Haciendo un paralelismo con el refranero español, el urbanismo también se sirve en plato frío. Casi veinte años después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 2002, los propietarios del terreno junto al Centro de Congresos están en fase de compra-venta con un inversor interesado en construir un inmueble que permite hasta 6 alturas. Se trata de la edificabilidad a la que tiene derecho la propiedad tras ganarle el mencionado litigio al Consistorio hace dos décadas.
En retrospectiva, el Ayuntamiento del socialista Diego Macià firmó en su primer mandato un convenio urbanístico con parte de los propietarios de Porta de la Morera que les permitió levantar cuatro inmuebles de viviendas —a cargo del industrial Francisco Borja, fundador de Promociones Gavair—, así como el Centro de Congresos y el ulterior aparcamiento, con una concesión pública a 75 años, porque con la reparcelación el terreno pasó a ser municipal. Dicho convenio agotó la edificabilidad, pero dejó fuera a parte de los propietarios de la manzana. Al tener el mismo derecho que el resto pero quedar excluidos, acudieron a los tribunales, que les dieron la razón en detrimento del Consistorio y la Generalitat.
Torres construidas por los propietarios del convenio, a la izquierda / RAFA MOLINALa sentencia les atribuyó la misma edificabilidad que a los edificios de la zona Este de Porta de la Morera. El fallo supuso que el Ejecutivo de entonces tuviera que modificar el entonces reciente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, además de una indemnización de casi 3 millones de euros en materia de aprovechamiento urbanístico y el valor de su inmueble. En 2012, con el PP de Mercedes Alonso en alcaldía, se acató la sentencia, aunque en metálico —sobre un millón de euros— tan solo cobraron los que llegaron a última instancia, así como se les otorgó sus metros construibles. Al resto se les compensó la indemnización a través de la edificabilidad con una nueva ordenación urbanística mediante un Plan de Reforma Interior (PRI), para evitar más desembolsos del erario público en posibles trámites judiciales.
Ya en la actualidad, el pasado mes de mayo los propietarios de estos terrenos presentaron un plan urbanístico para ejecutar esos derechos edificatorios que llevan años en barbecho y que les reconoce el Plan General tras la mentada modificación. Pero para un promotor que está interesado en ese suelo y sus derechos, y según ha podido saber este medio, estarían en trámites para ejecutar la compra-venta. Se trata de una edificación equivalente a las torres ya construidas, es decir, seis alturas, si bien es cierto que según los técnicos de Urbanismo en aquellos años, se podía encajar esa edificabilidad en la zona ya construida.
Porta de la Morera en 1996, sobre el antiguo Huerto de Ferrández / Foto de Paco Uclés para La Verdad, archivo de la Cátedra Pere IbarraEn cualquier caso, la operación supondría el derribo de los edificios junto al Centro de Congresos, bastante deteriorados, así como un retranqueo de la futura fachada. También se tendría que estudiar cómo encajar el inmueble teniendo en cuenta el aparcamiento del subsuelo. Como recuerdo, en 2002 y 2008 varios empresarios encargaron un informe para una posible ampliación, que mostró un coste de 27 millones de euros, una extensión del inmueble de 3.630 m2 y 204 plazas de aparcamiento más (en total 611) y capacidad para 1.450 personas. Algunas imágenes a modo de idea sobre aquello:
Colateral y caprichosamente, esta ejecución que ha estado años paralizada y que ahora se reactiva, haría incompatible la propuesta de ampliación del Centro de Congresos, candente una vez más tras el debate actual sobre el proyecto del hipotético Palacio. Salvo que el Consistorio quisiera entrar a negociar con la propiedad para adquirir de nuevo el terreno, que es otro tema. Una vez más, como ocurre a veces, los designios urbanísticos también son inescrutables. Según se mire (o prevea).
