Los dos primeros bloques de edificios de la plaza Yolanda Escrig, en fase de rehabilitación. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La continuidad del proyecto de rehabilitación integral del barrio de Miguel Hernández de Alicante comienza a despejarse. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) acaba de avalar a la Conselleria de Vivienda para rescindir el contrato adjudicado a Ecisa para ejecutar los trabajos de recuperación arquitectónica de los dos primeros edificios -los bloques de los números 5 y 6 de la Plaza Yolanda Escrig (antes Plaza de la División Azul)- al considerar que concurren causas de resolución por incumplimiento del contrato atribuibles a la compañía.
En concreto, el dictamen del órgano consultivo considera que la constructora no ha satisfecho el objeto del contrato tras promover la paralización de la ejecución de los trabajos de manera unilateral, sin atender a los requerimientos formulados por la dirección de obra y por el departamento autonómico para que se reactivasen, una vez constatado que no existían desajustes por corregir en el proyecto tras las evaluaciones técnicas efectuadas.
Como informó este diario, Ecisa adujo problemas para garantizar la estabilidad de la estructura de los dos bloques -las fachadas deben respetarse, al estar incluidas en el catálogo municipal de edificios protegidos- que podían llegar a generar riesgos para la seguridad de los trabajadores hasta el punto de ralentizar, primero, la ejecución de las obras, y a paralizarlas por completo, poco después. El contrato se adjudicó en junio de 2021 por un importe de 2,2 millones (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 18 meses a los que se daba inicio tras la firma del acta de replanteo, en octubre de ese año.
Los trabajos se iniciaron entonces con el vallado de los edificios, la retirada de mobiliario y las primeras tareas de desescombro interno. Sin embargo, las primeras comprobaciones formuladas por la dirección de obra constataron que su ritmo de ejecución no era el adecuado desde el mes de noviembre de 2021. Y, posteriormente, se certificó la ausencia de actividad en abril de 2022, con lo que se emplazó a la constructora a retomar su ejecución. En mayo, la compañía solicitó que se acordase su suspensión hasta que se implementasen medidas de seguridad adicional. Pero esa petición se desestimó, a la vista de los informes de la dirección de obra en los que se consideraba que la estabilidad del conjunto arquitectónico estaba asegurada, por lo que se emplazó a la constructora a reanudar los trabajos con advertencia de incurrir en causa de resolución.
Y esa es la decisión que acabó promoviéndose desde finales de julio, con la incorporación de los informes de la dirección facultativa de las obras en los que se dejaba constancia de los distintos incumplimientos en los que, según Vivienda, había incurrido la compañía, en una tramitación que se alargó hasta octubre de este año y que solo quedaba pendiente de la emisión del informe preceptivo del CJC. En ese dictamen, se da alas a la resolución del contrato al considerar demostrado el rechazo de la constructora a ejecutar las obras en función de lo previsto en el proyecto y en los distintos informes elaborados por la dirección facultativa sin que exista causa justificativa.
A priori, la resolución efectiva del contrato quedará validada en las próximas semanas, lo que permitirá convocar el nuevo concurso para retomar la ejecución del proyecto. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que, en estos momentos, el departamento autonómico que coordina el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, ultima la revisión del pliego de condiciones para adaptarlo a las novedades normativas introducidas desde su primera licitación, sobre todo por lo que respecta a los parámetros delimitados en las convocatorias de fondos europeos, al ser una actuación que cuenta con financiación comunitaria.
Además, según las mismas fuentes, también deben introducirse ajustes desde el punto de vista económico respecto a las cifras del primer concurso al tratarse de una obra ya iniciada. Así, se prevé que la nueva licitación pueda producirse a principios de 2023. Como informó este diario, los presupuestos autonómicos de ese próximo ejercicio contemplaban una reserva inicial de 1,8 millones para impulsar el proyecto.
