Foto: PEPE OLIVARESELCHE. La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente por posible fraccionamiento de contratos del bipartito de gobierno de Elche. Se trata de las facturas que denunció el PSOE en el pasado mes de enero, y que puso en contacto de la agencia, que ha decidido abrir expediente para ver si finalmente procede una investigación. La denuncia viene por facturas por valor de 56.000 euros para compra de flores en un mes y medio, a finales de 2023.
En retrospectiva, se realizaron estas adquisiciones a través de una docena de proveedores a través de facturas, sin ningún contrato ni licitación alguna. "A doce proveedores diferentes, con un mismo objeto y concepto es una irregularidad manifiesta y un incumplimiento de la Ley (de contratos)", asevera taxativa la concejal Patricia Maciá, exedil de Hacienda. La concejal critica las prioridades de otras actuaciones del bipartito, pero añade que "estas prisas hacen que cometan fallos". Ahora Antifraude tiene que valorar si hay indicios para investigar y contestar al PSOE en unas semanas (plazo de 30 días) si finalmente abre investigación, para lo cual habría un plazo de seis meses para solicitar información municipal y dilucidar si finalmente ha habido fraccionamiento de contratos y por tanto irregularidades.
Los socialistas sostienen que en cómputo global, al ser más de 56.000 euros, el precio justifica un proceso de concurrencia pública, una licitación; porque el objeto de las facturas es el mismo, suministro de plantas. Bajo esa premisa, rebasaría sobradamente incluso los contratos menores, en este caso de servicios o suministros (15.000 euros más IVA). Sin embargo, el departamento ha emitido esas diferentes facturas, más de una veintena, a doce proveedores diferentes. Cuando además la factura de las compras simplificadas debe tener un importe máximo de 5.000 euros (desde 2020, antes eran solo 3.000 euros). Y a un proveedor se le han hecho compras que supera los 17.000 euros, y otro 8.000.
Ante esta denuncia realizada por el PSOE en enero, el concejal de Contratación, Claudio Guilabert, aseguró que en ningún momento se había superado la barrera de los 5.000 euros de compra simplificada por proveedor y partida. Justificaba que la forma de trabajar con respecto al anterior equipo de gobierno no había variado "ni un ápice" y que el elemento diferencial, para que cambiara el objeto y por tanto la posibilidad de seguir con estas compras simplificadas —más rápidas—, era el hecho de que sean diferentes plantas para sitios distintos. Cuestión que refuta Maciá, quien asegura que el objeto es claro: suministro de plantas.
Asimismo, los socialistas advierten que tras su denuncia, primero han detectado que se ha frenado la adquisición de flores, algunas ya secas en varios puntos de la ciudad aún sin renovar, y que Contratación ha sido rápido para publicar el 15 de febrero, ahora sí, una licitación para 'Contrato de Suministro de Arbustivas y Plantas de Flor para su plantación en el término Municipal de Elche'. Por valor de 82.000 euros y un año, cuestión que la edil cuestiona si la renovación seguirá más adelante. Y eso sí, con el detalle de que no se separa por lotes, "se reconoce que hay un único objeto: el suministro de plantas". Lo que Maciá entiende que respalda su tesis: que habría habido fraccionamiento de contratos y que el objeto es uno único y no varios aunque sean distintas plantas para varios sitios.
Por otra parte, Maciá recuerda que el pasado 11 de enero registraron una pregunta a la Interventora para que respondiera si había habido algún tipo de reparo en estas facturas y si había posible fraccionamiento. Sin embargo, a día de hoy ni ella ni el concejal de Contratación le han contestado. Sí recibió a los días un escrito del asesor Antonio Luis Martínez-Pujalte, señalando que Interventora les había dicho que no había ningún informe de omisión de fiscalización (los antiguos 'reparos'). Para la edil fue una respuesta poco concluyente, "sin negar taxativamente el fraccionamiento", en la que según la respuesta de Intervención, siempre a través del escrito del asesor, se describía cuándo la ley prescribe que hay fraccionamiento de contratos y agregaba que se analizaría a posteriori.
Asimismo, hasta la Junta del pasado 15 de febrero el Gobierno ha seguido aprobando facturas de pago para estos gastos, "imputados al ejercicio de 2023 que aún no se ha cerrado", indica la edil. Al igual que con los contratos de la legislatura pasada, y que llevó el PP a Fiscalía Anticorrupción, de igual modo que estos se archivaron al no apreciar voluntad de dolo, la edil socialista se muestra con más cautela. "No puedo decir si hay voluntad de dolo o no, pero uno cuando es concejal sabe lo que hace y pide, y precisamente lo hace el edil de Contratación, quien nos denunció a Fiscalía".
Sobre esta cuestión, la edil denunció esta situación a la Sindicatura de Comptes, que ya tiene su programa de análisis cerrado, por lo que recomendó a Maciá informar del caso a Antifraude, que ahora ha abierto el expediente. Con todo, la Sindicatura valora incluir estos hechos en su programa del próximo año y ha dado parte a su Comisión de Escritos para que conste en acta y si valora acometer algún tipo de actuación. Desde el PSOE por ahora no valoran acudir a la Fiscalía Anticorrupción como hizo el PP directamente. "No queremos entrar como elefante en cacharrería como ellos hicieron, vamos paso a paso".
