Una máquina barredora en tareas de limpieza en Alicante, en imagen de archivo. ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), retoma los trabajos de revisión de la ordenanza de limpieza que se activaron en julio de 2022 con la apertura de un segundo proceso de consulta pública previa a la reelaboración de la norma en la que se pretende reforzar el papel de los inspectores municipales a cargo de la supervisión del servicio para que tengan la condición de autoridad y dispongan de la capacidad para imponer multas. Así lo ha anticipado el edil de Limpieza, Manuel Villar, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la reapertura de ese nuevo proceso de participación, en el que se ha creído necesario incluir la reformulación de las preguntas planteadas en la primera fase.
Con ese acuerdo, que llega menos de un mes después de que se haya producido el relevo al frente de la prestación con una nueva concesionaria (UTE Netial, formada por FCC y PreZero, en sustitución de UTE Alicante, compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica), se abre un plazo de un mes para que cualquier ciudadano interesado pueda responder, a través de la web municipal, a un cuestionario elaborado a partir de una memoria técnica en la que se plantea redactar una normativa que se adecúe a los nuevos servicios, refuerce la inspección y establezca el nuevo régimen sancionador, además de tipificar las infracciones, adaptar la regulación del régimen sancionador general, establecer nuevas circunstancias agravantes, delimitar la clasificación de las sanciones y prever los supuestos de reparación del daño causado, la utilización de medios de ejecución forzosa y la adopción provisional de medidas, al margen de la novedad ya citada de que se faculte a los inspectores del servicio para poder imponer multas, independientemente de la labor que pueda desarrollar la Policía Local en ese sentido, según ha señalado Villar.
Hasta el momento, la plantilla del servicio de Limpieza se compone de seis inspectores municipales, a los que se prevé incorporar otros tres a corto plazo, en cuanto se cuente con el visto bueno del departamento de Recursos Humanos. Con todo, Villar ha incidido en que el propósito del equipo de gobierno es que pueda ampliarse esa dotación hasta contar con 12 inspectores.
Además, ha señalado que "el objetivo principal de la nueva ordenanza es regular las actividades relativas a la limpieza de vías y a la gestión integral de los residuos urbanos del municipio, fomentando y regulando hábitos, actividades y conductas que contribuyan a optimizar los objetivos en materia de medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Alicante y de mejora de la calidad de vida de los vecinos y visitantes". En ese sentido, ha apuntado que se pretende prestar especial atención a la regulación "de la actividad comercial y los veladores, para incidir en la concienciación e implicarles en que tienen que colaborar". Al tiempo, ha anticipado que la actualización de la ordenanza también servirá para regular otro tipo de actividades en la vía pública "que no están bien perfiladas en el marco de regulación actual" para que no generen problemas de suciedad. Y, por último, también ha concretado que se pretende mejorar la regulación de otra actividad que incide sobre el estado de la escena urbana, como la poda y recogida.
Fuentes municipales han precisado, a través de un comunicado, que la participación pública deberá realizarse a través de un formulario publicado en la web municipal, en la dirección que se acompaña: https://www.alicante.es/es/contenidos/nueva-ordenanza-limpieza-espacios-publicos-y-gestionresiduos-del-excmo-ayuntamiento, que se habilitará a partir de la publicación del anuncio en la Sede Electrónica municipal.
Este formulario cuenta con 18 preguntas sobre aspectos como las obligaciones en materia de limpieza a los concesionarios de espacios municipales y organizadores de actividades en vía pública; la limpieza de grafitis a los propietarios de fachadas, la retirada de contenedores de obra los fines de semana y su protección fuera de horario de trabajo, las obligaciones de los propietarios de mascotas sobre sus residuos, medidas sobre el depósito y recogida de la poda de jardines privados, si deben separar los residuos los locales de hostelería y restauración, horarios para depositar la basura, si se debe prohibir fumar en la playa para evitar se echen las colillas a la arena, el refuerzo de las facultades de los inspectores municipales.
Los portavoces del equipo de gobierno, Ana Poquet y Manuel Villar.Según el comunicado, "también se preguntan cuestiones como si se está de acuerdo en prohibir aparcar en una calle para realizar una limpieza a fondo, si se recomienda colocar una papelera en las marquesinas del autobús, sobre la necesidad de las campañas de concienciación, la limitación de horario de apertura de los contenedores del residuo orgánico y los grises, sobre la gestión de los residuos de obra, el depósito de enseres en la vía pública o los límites de aportación de residuos diarios al ecoparque".
Finalmente, se ofrece la opción de expresar la opinión sobre los cuatro enunciados de la memoria técnica elaborada como base previa al cuestionario sobre: problemas que se pretende solucionar con la iniciativa, posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, necesidades y oportunidades de la aprobación y objetivos de la norma.
Villar ha señalado que esta nueva normativa municipal que se va a elaborar responde a las necesidades planteadas por "la implantación de nuevos métodos y sistemas de limpieza viaria y gestión de residuos", así como a la necesidad de "introducir conceptos que faciliten su comprensión por la ciudadanía y, de este modo, su colaboración".
En materia de residuos los objetivos que deberá abordar la nueva ordenanza se encuentra su adecuación a la normativa comunitaria, estatal y autonómica; normalizar y regular el uso de los contenedores, incorporar la recogida puerta a puerta en el ámbito comercial; establecer regulaciones específicas para establecimientos de hostelería, restauración y cáterin; la obligatoriedad de separación de residuos, regular las obligaciones de organizadores de eventos y comercio eventual, la competencia municipal en todas las fases de gestión del residuos, regular los residuos de construcción y demolición, así como los de poda y jardinería; incorporar los nuevos modelos de puntos limpios de proximidad, las medidas sobre los residuos abandonados o basura dispersa y el marco de uso de las instalaciones municipales de tratamiento y eliminación de residuos.
En materia de limpieza se busca establecer un marco de comportamiento ciudadano con el que sea eficaz mantener una ciudad limpia, así como establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados de la propiedad en casos como la limpieza de pintadas y grafitis. También el marco de obligaciones para la celebración de eventos y actividades privadas en la vía pública, el establecimiento de medidas tendentes a asegurar la recogida de los excrementos caninos y el impacto negativo de los excrementos líquidos; así como evitar el ensuciamiento de las playas y calas para favorecer su mejor mantenimiento.
Por su parte, el grupo municipal del PSOE, a través del concejal Raúl Ruiz, ha criticado "la falta de ambición del gobierno del PP para conseguir que Alicante deje de ser la segunda ciudad más sucia de España", según ha expuesto, mediante un comunicado. "Alicante continúa colapsada por la suciedad mientras Barcala sigue instalado en su día de la marmota, posponiendo una y otra vez las decisiones que afectan realmente a la limpieza, como es la renovación de esta ordenanza", ha expresado el edil, quien ha criticado que "se pretenda poner a multar a los únicos seis inspectores con los que cuenta el Ayuntamiento en lugar de ocuparlos en fiscalizar la actividad de la empresa que presta el servicio de limpieza y recogida de residuos".
"Hace ya un año que debía haberse consultado, redactado, enmendado y aprobado la normativa de la limpieza, pero han dando todas las vueltas posibles para que la ordenanza se adapte al contrato en lugar de que el contrato se implante con arreglo a las nuevas exigencias que debemos plantear, precisamente, en esa ordenanza", ha argumentado.
Una operaria del servicio de limpieza, en plena labor de baldeo, en imagen de archivo.Ruiz ha recordado que esta consulta pública ya se llevó a cabo en agosto de 2022 "porque ya en ese entonces llegaban tarde a los plazos de su propio Plan Local de Residuos , que fijaba el tercer trimestre de 2022 para que estuviera concluido". "¿Para qué vuelven ahora a consultar lo mismo? ¿Qué pasa con la gente que ya participó hace un año?", se ha preguntado el concejal. Además, entre las preguntas que se formulan a la ciudadanía se incluyen algunas tan llamativas como si debería obligar a los establecimientos de hostelería y restauración a reciclar, según apunta el comunicado.
"No conformes con duplicar este trámite observamos con preocupación cómo la única ambición que ha mostrado el equipo de gobierno para renovar la ordenanza de limpieza es tratar de habilitar a los únicos seis inspectores municipales para que se dediquen a multar a los infractores en vez de fiscalizar el cumplimiento del contrato por el que los alicantinos y alicantinas pagamos más de 40 millones de euros cada año”, ha proseguido.
El concejal ha destacado que "el concejal de Limpieza y Gestión de Residuos ha admitido que tan solo están en activo 6 se los 12 inspectores que deberían hacer el seguimiento a la prestación del servicio de limpieza". "Entonces, ¿qué pretenden ocupando el tiempo de estos seis trabajadores en poner multas cuando ya hay cientos de policías haciéndolo? ¿De verdad están satisfechos con el seguimiento que hacen al segundo servicio de limpieza más deficiente de España?", ha concluido.
