Alicante encarrila las nuevas líneas de bus sin despejar el concurso de la futura contrata

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante se prepara para poner en marcha al menos dos nuevas líneas de autobús con el propósito de mejorar las posibilidades de movilidad entre los polígonos industriales del Pla de la Vallonga, el de Las Atalayas y Fontcalent, por un lado, y entre La Albufereta, el Cabo de las Huertas y el Hospital de San Juan, por otro. 

La creación de esos dos nuevos enlaces se anunció poco antes de la celebración de las elecciones del 26 de mayo, junto a un paquete de mejoras en las frecuencias y en los recorridos de otras siete líneas, tras su debate en la denominada Mesa de Transportes. Y ahora, según fuentes municipales, su entrada en funcionamiento solo depende del visto bueno del departamento de Intervención municipal, que debe supervisar cuáles son las implicaciones económicas que supone para el Ayuntamiento la aplicación de ese conjunto de medidas. 

En cuanto se supere ese examen, los cambios se elevarán a la Junta de Gobierno -el órgano de representación política en el que se adoptan la mayoría de las decisiones sobre la gestión municipal- para que se acuerde su aprobación, según apuntaron portavoces de la Concejalía de Movilidad que coordina el edil José Ramón González (PP). Así que, por el momento, no hay plazos concretos para su implantación, aunque se asegura que la tramitación administrativa previa ya está resuelta y el expediente preparado para que las nuevas líneas puedan implantarse en las próximas semanas.    

Todo parece indicar, en cualquier caso, que su implantación se producirá cuando el contrato de prestación del servicio actual haya vencido. La duración de la concesión se extingue este mismo mes de junio, una vez transcurrido el plazo de 50 años por el que se adjudicó a la compañía Marco y Sánchez Transportes Urbanos SA (Masatusa): una de las empresas matrices que conforman el grupo Vectalia. Desde la fecha de su puesta en funcionamiento, el servicio de transporte urbano en autobús ha ido creciendo hasta contar con una red de 17 líneas que da servicio a una media de 40.000 viajeros al día y que recorre 4 millones de kilómetros al año, según información de la propia concesionaria. 

Ahora, el futuro de la explotación de esa red sigue en el aire, a la espera de que se concluya el trabajo de asesoría externa encomendado por el propio Ayuntamiento para concretar qué tipo de modalidad de gestión responde mejor a los intereses municipales y qué características debe reunir ese nuevo sistema de explotación.  

El proceso para contratar la redacción de ese estudio arrancó hace justo un año, en junio de 2018, con un presupuesto de 121.000 euros (IVA incluido). Sin embargo, la adjudicación de su encargo se vio retrasada en diciembre con la renuncia de la UTE que había sido preseleccionada como mejor clasificada, después de que informase de la existencia de vínculos de una de las consultoras que la integraban con la concesionaria actual.

Ese atasco quedó resuelto en enero, con la adjudicación definitiva a la segunda UTE que había obtenido una mayor puntuación: la formada por Broseta abogados S.L.P-Ingartek Consulting S.L. Con todo, según precisaron fuentes municipales, su labor todavía no ha concluido por lo que sigue sin poder concretarse si se producirá una nueva licitación, bajo qué características o cuándo podría convocarse ese nuevo concurso. 

En ese escenario, el Ayuntamiento quedará abocado a aprobar el pago por la prestación del servicio -ya sin la cobertura legal requerida con el correspondiente contrato- mediante la fórmula de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito: el sistema que se utiliza para afrontar gastos sin reflejo oficial en los presupuestos.