El alcalde de Alicante, Luis Barcala; el edil de Seguridad, José Ramón González; y el comisario principal, José María Conesa, pasan revista a los agentes del cuerpo.ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca para completar las plazas vacantes en la Policía Local de Alicante tras el cese de los interinos que no lograron un puesto en propiedad tras el desarrollo del último proceso de oposiciones, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017, con acumulación de las de 2019, 2020 y 2021. La Concejalía de Recursos Humanos abrió este martes el proceso para cubrir 49 puestos en régimen de comisión de servicios -y, por tanto, abierto solo a agentes que ya ejerzan sus funciones en otros municipios-, a través de la convocatoria de un concurso de méritos en el que los interesados sumarán puntos a partir de requisitos como la antigüedad, el grado, el conocimiento del valenciano, el conocimiento de otros idiomas comunitarios o la edad.
Cualquier aspirante que decida optar a una de esas 49 plazas tendrá diez días de plazo para presentar su solicitud, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa. Después, el tribunal baremará a los candidatos y resolverá la concesión de los puestos. En el supuesto de que no se logre cubrir el conjunto de las vacantes disponibles, el Ayuntamiento habría adquirido ya el compromiso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) de contar con autorización para completar las plazas libres con los aspirantes que concurrieron a las últimas oposiciones y las aprobaron, pero no lograron plaza en propiedad, y que ahora forman parte de la bolsa de empleo municipal, según precisó el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, a consulta de Alicante Plaza.
Con todo, González incidió en que la cobertura de las plazas quedará completamente regularizada en el mes de marzo, cuando concluya el periodo de formación de los opositores que aprobaron y sí lograron plaza en esa proceso de selección celebrado entre finales de 2021 y principios de 2022. Ese curso formativo dio inicio de forma oficial el 21 de octubre, en las dependencias habilitadas por el IVASPE en el complejo de Ciudad de la Luz, para un conjunto de 201 agentes procedentes de 26 municipios y se desarrollará durante 700 horas en instalaciones de Alicante y de Elche, según concretaron este martes fuentes de la Conselleria de Justicia, tras el desarrollo del acto inaugural de esos cursos a cargo de de la titular del departamento, Gabriela Bravo.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el concejal de Recursos Humanos y Seguridad de Alicante, José Ramón González.En todo caso, González insistió en que la normativa autonómica "no nos ha permitido proceder de otro modo para cubrir las vacantes generadas tras el desarrollo de ese proceso de oposiciones y tampoco se podía mantener a los interinos que no hubiesen logrado plaza en esa convocatoria, por lo que no existía otra alternativa que acordar su cese", incidió.
No obstante, el SPPL mantuvo también este martes una interpretación opuesta respecto al procedimiento seguido por el equipo de gobierno, a través de un comunicado, en el que el sindicato considera supuestamente "ilegal" la convocatoria del concurso de méritos para cubrir esas plazas mediante una comisión de servicios al interpretar que no se había convocado con carácter previo una reunión de la Mesa General de Negociación de Funcionarios negociadora en la que se acordase cómo se debía cubrir temporalmente esas vacantes. Además, el sindicato recalcó, a través de ese mismo comunicado, que el RDL 5/2015 establece que los puestos de Policía deben ser cubiertas por razones de urgencia y necesidad por "personal funcionario interino".
Y no solo eso. El SPPL abundó en que no se había seguido el mismo procedimiento que el acordado en febrero de 2020, cuando se produjo la cobertura de 71 plazas con agentes interinos "sin someter previamente su provisión a comisiones de servicios, y ahora en 2022, con la misma legislación, se actúa de otra manera". Por ello, en esa misma nota pública, el SPPL anunció su intención de estudiar el inicio de acciones legales por un supuesto delito de prevaricación frente al edil de Recursos Humanos y la técnico municipal que ejerce como jefa del servicio.
Por último, el sindicato también aludió al incumplimiento en la ejecución de las sentencias que reconocen el derecho de incorporación al cuerpo de varios aspirantes que concurrieron a las oposiciones en el turno de movilidad, que fueron suspendidos inicialmente y aprobados, después, tras aportar pruebas periciales que acreditaban el cumplimiento de las condiciones físicas requeridas.
