El edificio del antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia, reconvertido en sede de la estrategia municipal 'Alicante Futura'.ALICANTE. La segunda ronda de declaraciones en la causa abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa por el uso conferido al antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia de Alicante giró este viernes en torno a dos líneas centrales: el funcionamiento del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) promovido por Aguas de Alicante en el marco de la estrategia municipal Alicante Futura, y la fecha de inicio de la realización de las obras para su instalación.
De nuevo, como sucedió el miércoles durante las declaraciones del exconcejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y de la edil de Empleo, Mari Carmen de España, los comparecientes insistieron en defender ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 la corrección de todo el proceso. En esta línea, el responsable de Aguas de Alicante a cargo de la implantación del CIA (que, como los políticos, también declaró como investigado) explicó que, entre otros objetivos, dicho centro tenía una función divulgativa y formativa con el fin de dar a conocer a la ciudadanía cómo se controlaba la gestión del ciclo integral del agua. Es más, apuntó que incluso se contemplaba la organización de visitas escolares, lo que vendría a avalar que esa función sí se ajustaba al uso docente que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) asigna a la parcela en la que se encuentra el inmueble (aunque nunca ha llegado a tener ese destino).
Además, aportó el certificado de la firma del acta de replanteo de las obras del acondicionamiento de los bajos de ese edificio -el punto en el que se sitúan las dependencias del CIA- en el que se atestiguaría que los trabajos se iniciaron en abril, y no en julio, como se apuntaba en un informe elaborado por los técnicos municipales, coincidiendo con el momento en el que se produjo la aprobación del proyecto. De este modo, trató de descartar la supuesta falsedad documental que se apuntaba en la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción respecto al momento en el que se ejecutaron las obras. La instructora requirió que se aportase el expediente completo de la contratación de esos trabajos, que el representantes de Aguas dijo que no se había aportado con anterioridad porque nadie lo había requerido hasta el momento.
De igual modo, el responsable de Aguas apuntó que las obras se abordaron después de que se hubiese firmado un convenio con la Agencia Local de Desarrollo -a la que se adscribió la gestión del edificio- para la incorporación del CIA en el proyecto de Alicante Futura. Desde ese momento, dejaba de resultar necesaria la licencia de obra al quedar bajo el paraguas de un proyecto de promoción municipal de interés público. De hecho, Aguas de Alicante retiró la solicitud de permiso que había registrado previamente, después de que se emitiese un informe de compatibilidad negativo, en el que un técnico de la Concejalía de Urbanismo concluía que el CIA no se ajustaba al uso docente que el PGOU reservaba para la parcela en la que se sitúa el edificio.
Además, también comparecieron los dos arquitectos que intervinieron en la ejecución del proyecto del CIA y el jefe de obra, quienes señalaron que no tuvieron ninguna intervención en la tramitación administrativa de la iniciativa. En todo caso, ninguno de los testimonios llegó a clarificar cómo las obras pudieron iniciarse en abril, tres meses antes de que el proyecto quedase aprobado por el Ayuntamiento. Esa aprobación se produjo en julio.
La instrucción proseguirá el próximo 25 de noviembre con las comparecencias del técnico municipal que firmó el informe de supervisión de las obras, en julio; del técnico que emitió el informe de compatibilidad desfavorable y de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, que dio traslado de los hechos a la Fiscalía Anticorrupción para que dilucidase si eran constitutivos de delito. A partir de ahí, la Fiscalía inició sus propias averiguaciones y presentó denuncia al advertir indicios de prevaricación administrativa y falsedad documental en un escrito dirigido contra una veintena de personas, entre las que figuraban todos los concejales del equipo de gobierno que participaron en las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se adoptaron acuerdos relacionados con el uso del edificio.
