Agustín Navarro, exalcalde de Gandia. APVALÈNCIA. Después de hacerse público el auto de la magistrada de València Nieves Molina a raíz del levantamiento de secreto de sumario en los cuatro juzgados -en Gandia, Benidorm y dos de Madrid- que instruyen la investigación por supuesta corrupción en el PSPV, los dirigentes socialistas de Blanquerías solo muestran una gran preocupación por el relacionado con Benidorm y la adjudicación de los opinómetros a Crespo Gomar.
Opino Media fue adjudicataria de dos contratos para la instalación de opinómetros -aparatos que recoge la opinión de los vecinos- en Gandia y Benidorm en 2009 y 2010, respectivamente, que también están bajo el foco judicial, pues según un informe policial que obra en autos, la empresa no cumplía los requisitos para ser adjudicataria y, por tanto, el concurso debió quedar desierto. Sin embargo, el consistorio alicantino, presidido por el socialista Agustín Navarro, decidió dárselo a la empresa de Gandia.
En el auto hecho público este viernes por la Cadena Ser, la magistrada que se hizo cargo del caso en un primer momento encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.
El auto pone de relieve las relaciones ente el PSPV y Crespo Gomar, cuyo gerente era Alberto Gomar Pascual. Igualmente, expone que Alberto Gomar creó la mercantil anteriormente mencionada Opino Media, de la que posteriormente se encargó José Ramón Tiller. Tiller, actual adjunto a la dirección de Egevasa, empresa pública mixta de la Diputación de Valencia, ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident de la Generalitat Joan Lerma, del exalcalde socialista de Gandia José Manuel Orengo y de la también exalcaldesa socialista de este municipio Pepa Frau.
A pesar de la preocupación de los dirigentes del PSPV en Benidorm, el caso de presunta corrupción comienza a tomar forma en otra de las partes en las que la magistrada ha divido la causa. Se trata de la que instruye un juzgado de Gandia y que investiga la venta de un inmueble a la Federación Valenciana de Fútbol, un local que perteneció al exteniente de alcalde socialista Antonio Gomar Martínez y que fue pasando de mano en mano entre familiares hasta que al final fue objeto de un supuesto pelotazo de más de 250.000 euros que habrían salido de las arcas del Ayuntamiento de Gandia. El alcalde en aquella época -2009- era José Manuel Orengo, hoy asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Dicha pericial, realizada por Taxo, explica que el valor real del inmueble era muy inferior al precio de venta final. Es decir, que el informe apuntala las sospechas de la magistrada Molina en cuyo auto de inhibición se explica que el local inicialmente pertenecía a la mercantil Antoni Gomar SL, administrada por Antonio Gomar Pascual, hijo de Antonio Gomar Martínez (exteniente de alcalde de Gandia). En 2003, el local se entregó como aportación para la constitución de una nueva sociedad, Antonio Gomar Martínez SL, de la cual participaba la sociedad Monterrey, administrada por Gema Gomar, hija del exconcejal socialista y hermana de Alberto Gomar Pascual, socio de Crespo Gomar, y del citado Antonio.
Explica la magistrada que en el año 2006, el local se vende por 280.000 euros a Mora Gomar SL, empresa administrada por Joaquín Mora, marido de Gema Gomar, yerno, por tanto, del político socialista. Y es esta empresa la que finalmente vuelve a vender en 2009 el inmueble por 525.000 euros, es decir, por 245.000 euros más de lo que se había pagado tres años antes, una venta que se produce en plena crisis inmobiliaria cuando los precios estaban muy a la baja. El comprador fue la Federación Valenciana de Fútbol que abonó una parte del precio, ya que la otra (49%) se pagó a través de una subvención del Consistorio en el que el dueño original del inmueble tenía un relevante cargo político.
Fuentes del PSPV informan a Alicante Plaza de que para aquella venta se realizó un informe por parte del secretario municipal del Ayuntamiento en el que se descartaba que se produjera ninguna irregularidad. Añaden que, además, el Consell de Participació Ciutadana ratificó que la citada subvención se dio debidamente. Sin embargo, todo ello contrasta con las conclusiones del primer informe pericial que indica que sí que hubo enriquecimiento de terceros utilizando para ello dinero del erario, por lo que los investigadores no descartan añadir a la malversación un delito de prevaricación.
Por el momento, y hasta que llegue el segundo informe pericial, ni fiscal ni juez se plantean citar a nadie a declarar. Será cuando tengan las conclusiones de ambas periciales cuando llamen, lo más probable que en calidad de imputados, a todas las personas relacionadas con la ‘jugosa’ venta del local.
Sobre el tema de la posible financiación irregular, tanto del PSPV como del Bloc, la magistrada explica que pese a haber indicios de la misma no se puede investigar al haber prescrito los delitos. En su auto, Nieves Molina dice que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación".
"Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar", añade. Pero tras la explicación de supuesto modus operandi, el mismo que utilizó la trama Gürtel con el PPCV, la magistrada matiza que en este caso no se puede investigar por la prescripción de los delitos.
