Jesús Villar (izq.) y Rubén M. Dalmau (dcha.) firmando la cesión del derecho de tanteo y retractoSAN VICENTE DEL RASPEIG. San Vicente del Raspeig y Sant Joan d'Alacant se han convertido en los dos primeros municipios de la Comunitat Valenciana en adherirse a la iniciativa de la Generalitat para la compra de vivienda pública ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. El objetivo que persigue esta actuación es el de ampliar el parque público de vivienda de cada municipio en el marco del Plan Hábitat 20-30 y, a su vez, conseguir una cercanía en los servicios relativos a vivienda, pues los ayuntamiento representan la administración más cercana.
Precisamente para hacer oficial esta delegación de competencias, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha visitado ambas localidades durante la mañana del jueves 12 de noviembre, acompañado por la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga. Durante el encuentro con los socialistas Jaime Albero y Jesús Villar, alcaldes de Sant Joan y San Vicente, respectivamente, se ha firmado la transmisión del derecho de tanteo y retracto.
Una cesión que permite a estos dos ayuntamientos de L'Alacantí tener la posibilidad de comprar vivienda a precios asequibles para ampliar el parque público municipal. Una opción que se hará extensiva a aquellos consistorios que se vayan sumando a esta red que, según ha garantizado Dalmau, está despertando el interés y hay muchos que han manifestado su voluntad de adherirse. Dalmau ha enfatizado que al convertirse Sant Joan y San Vicente en las localidades pioneras en adherirse, se han situado "en la vanguardia de municipios en favor de la vivienda pública".
A través de estos acuerdos, los ayuntamientos podrán seguir la línea de la Generalitat en materia de compra de inmuebles: "La Conselleria lleva a cabo la compra de aquellas casas que, muchas veces, se iban a vender a fondos buitre a precios simbólicos o muy baratas. Ahora este tipo de viviendas -procedentes de daciones en pago, ejecuciones hipotecarias o grandes tenedores de inmuebles- también podrán ser rescatadas por estos dos ayuntamientos e incorporarse a sus parques públicos municipales", ha explicado el conseller.
Y es el alcalde de San Vicente quien ha subrayado que la compra se llevará a cabo por el mismo precio: "No pagamos menos de lo que iban a pagar los fondos de inversión correspondientes; a veces parece que esta acción es una intromisión de las instituciones sobre la venta de inmuebles. Es un trato preferente, pero el precio no se modifica". Una actuación que los consistorios podrán llevar a cabo tras la firma de convenios, los cuales tendrán vigencia de un año y la posibilidad de prorrogarse.
Por su parte, Dalmau ha anunciado que se ha planteado una partida de diez millones de euros para los presupuestos 2021 de la Generalitat con la intención de ayudar a los ayuntamientos con la compra de inmuebles. "Estamos muy interesados en que la vivienda en la comarca de L'Alacantí sea un derecho garantizado. Es por ello que estamos presentes donde tenemos que estarlo, que, en este caso, es mirando hacia el sur".
El responsable del área de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ya visitó San Vicente en febrero para tratar el tema de la vivienda pública. Solo dos meses desde que la corporación aprobara en el pleno de septiembre la adhesión a este convenio se ha vuelto una realidad. De la misma manera, el pasado 21 de octubre la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana mantuvo una reunión en Sant Joan con el alcalde, Jaime Albero, en representación del compromiso que las tres administraciones han formalizado este jueves 12 de noviembre.
De izq. a dcha. Isabel Candela, Olga Pino, Jesús Villar, Rubén M. Dalmau, Elena Azcárraga y Ramón Leyda
