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santos pérez traslada que simplificará trámites con la nueva ordenanza

Los promotores revisan el urbanismo de Alicante: piden licencias ágiles y claridad con el catálogo

24/10/2019 - 

ALICANTE. Los promotores de la provincia pasan revista a la gestión urbanística de la ciudad de Alicante. Una delegación formada por una veintena de empresarios del sector mantuvo este martes un almuerzo de trabajo con el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), a modo de primera toma de contacto con el propósito de trasladar al equipo de Gobierno (PP y Cs) cuáles son sus principales inquietudes. Y, al tiempo, cuestionar al concejal responsable del departamento sobre los objetivos fundamentales que persigue el bipartito por lo que respecta a la regulación de su actividad.

Así, en primer término, los empresarios trasladaron al regidor una de sus revindicaciones habituales: la necesidad de que se agilicen los tiempos de resolución de las licencias que, no obstante, admitieron se han conseguido mejorar respecto a la situación que se había generado en 2016. 

En cualquier caso, en esta ocasión también plantearon peticiones de carácter específico, como la posibilidad de que se pueda compatibilizar la concesión de licencias de edificación mientras se desarrollan obras de urbanización en un determinado sector, ya que así se conseguiría acortar los plazos de ejecución de las promociones de vivienda y, por tanto, anticipar su entrega a los compradores. Además, también interesaron la conveniencia de que se simplifiquen los trámites para las comprobaciones a la hora de conceder las licencias de primera ocupación, de modo que las revisiones técnicas puedan superarse por fases.

En segundo lugar, los empresarios preguntaron sobre los planes de los que dispone el bipartito para regular la concesión de los certificados de compatibilidad de los apartamentos turísticos, después de que el anterior equipo de Gobierno, del PP, crease una comisión mixta para abordar la elaboración de una posible ordenanza específica. También inquirieron sobre cómo se pretende aplicar el trámite de la declaración responsable para poder iniciar determinadas obras. E, igualmente, quisieron saber qué intenciones tienen PP y Cs respecto al catálogo de protecciones, sobre el que exigieron claridad respecto a los edificios a catalogar y la volumetría admitida en el vigente Plan General (PGOU).

Según fuentes consultadas, Santos Pérez pudo dar respuesta a parte de sus interrogantes. Sobre los tiempos de resolución de licencias, el regidor incidió en que se pretende establecer un convenio con el Colegio de Arquitectos para confiarle la tramitación burocrática de aspectos como la comprobación de documentos, de modo que los técnicos municipales queden liberados para atender solo la fase resolutiva de las solicitudes.

Además, les trasladó que uno de sus compromisos, compartido por el conjunto del bipartito, es la revisión de la Ordenanza de Licencias, con el fin de eliminar burocracia y simplificar cuestiones como la concesión de los permisos de primera ocupación. En esta línea, les precisó que también se está ultimando la llamada ordenanza del ruido, la ordenanza para regular la instalación de gasolineras y la ordenanza de rótulos comerciales.

Por último, sobre el catálogo de protecciones, concretó que en las fichas de los nuevos edificios que se incorporen a partir de ahora con el grado de protección ambiental o parcial no se incluirá la compensación por la restricción de los derechos de edificabilidad que marque el PGOU. Es decir, que se permitirá que esos edificios puedan ganar las alturas previstas en el PGOU mientras se garantice la protección de los elementos que se delimiten en las fichas correspondientes a cada inmueble.

El bipartito ya ha anunciado que su intención es poder elevar a pleno la nueva versión del catálogo de protecciones antes de que finalice el año. Según las fuentes consultadas, se mantiene gran parte del trabajo previo elaborado bajo el mandato del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Sin embargo, todavía no se ha completado la fase de consultas previa con los grupos que ejercen funciones de oposición.

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