ALICANTE. El Gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Alicante comienza a vérselas ahora con otra concesión polémica, al margen de la que afecta a la eficacia del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura que presta UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica, de Enrique Ortiz). Se trata de otra contrata millonaria: la de la limpieza de colegios y dependencias municipales, con un coste de 14 millones anuales. Al igual que la de la basura, esta segunda contrata también se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE). En este caso, a la alianza formada por Clece (filial de ACS, de Florentino Pérez) y Fissa, bajo la denominación de UTE Limpal. Ambas asumieron su prestación tras la renuncia voluntaria de Ortiz e Hijos, y después de que el ya extinto tripartito tuviese que dejarla temporalmente en manos de FCC, a través de un procedimiento de contratación exprés, que se justificó en la necesidad de prevenir una situación de emergencia sanitaria que hubiese supuesto una falta de higiene en los más de 50 centros escolares de los que dispone la ciudad.
Ese concesión provisional expiró el pasado abril, cuando UTE Limpal se convirtió definitivamente en la nueva responsable del servicio, una vez resueltos los recursos de sus competidoras. Como ha publicado Alicante Plaza, su oferta fue la que logró la mayor valoración en el concurso pese a que no obtuvo la puntuación extra prevista por el tripartito entre las cláusulas sociales del pliego de condiciones para aquellos licitadores que se comprometiesen formalmente a garantizar la continuidad de la plantilla. Fue una especie de bonus que premiaba el cumplimiento del deber legal de subrogación de los empleados: unos 450 trabajadores que se encuentran a cargo del servicio desde el momento en el que la concesión recayó en Ortiz e Hijos. Ahora, ha sido la relación de supuestas deficiencias expuestas por esa misma plantilla la que ha activado todas las alarmas en el equipo de Gobierno, que ya se ha visto obligado a activar medidas para extremar el control sobre el cumplimiento del contrato.
El propio concejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, confirmó a Alicante Plaza que ya ha mantenido los primeros contactos con representantes de la UTE para abordar las carencias puestas de manifiesto tanto por los representantes sindicales de los empleados, a través del comité de empresa, como por los propios trabajadores a título particular. La lista es larga. Las que podrían afectar a la eficacia y al cumplimiento del pliego de condiciones van desde la falta de maquinaria necesaria para la prestación del servicio, prevista en el pliego y comprometida en la oferta; hasta la ausencia de productos de limpieza adecuados; hasta la reorganización de los horarios (según los trabajadores, se adelanta el momento de inicio -cuando los colegios todavía están ocupados, sin poder desempeñar su labor- y por lógica, también el de finalización) de manera que los limpiadores deben realizar la misma tarea en menos tiempo.
Infraestructuras inicia consultas con la inspección del servicio y pide informes a la Concejalía de Educación sobre la limpieza de los centros
Todo, sin contar episodios como el uso de agua de los propios centros (un consumo que debería correr a cargo de la concesionaria) o de cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales de la plantilla, como la realización de evaluaciones del trabajo de los empleados sin el rigor requerido; los despidos encubiertos a trabajadores en situación de incapacidad temporal; la baja "forzada" de los contratados por obra o servicio sin derecho a finiquito ni indemnización, para pasar a contratarlos de forma temporal, o la sucesión de contratos para no asumir costes de fin de semana, según las quejas formuladas por representantes de la plantilla de las que, por ejemplo, se ha hecho eco el grupo municipal de Compromís. Como denunció Compromís, y como publicó este diario, parte de esas cuestiones que afectan a las condiciones laborales de la plantilla ya han dado lugar al planteamiento de un conflicto colectivo. En su tramitación, ya se ha cerrado un primer acuerdo por lo que respecta al calendario de vacaciones de la plantilla. Sin embargo, el resto de asuntos quedan pendientes de resolver a partir de octubre, según las fuentes consultadas.
¿Cuál es la postura del equipo de Gobierno al respecto? Cortés confirmó a este diario que era conocedor de todas esas quejas y que, por ello, ya había preguntado sobre ellas a los responsables de la UTE. Así, precisó que parte de esas cuestiones quedarían justificadas en la "premura con la que nos dicen que se les obligó a asumir las riendas de la prestación desde el anterior equipo de Gobierno, prácticamente de un día para otro". Por ello, según Cortés, "se les concedió una especie de periodo de gracia de dos meses para ajustar la prestación del servicio y poder incorporar la maquinaria comprometida". "Ese periodo ya ha terminado por lo que la UTE debe cumplir todo lo previsto en el pliego", insistió.
En esta línea, apuntó que también prevé concertar un encuentro con los inspectores municipales que se encargan de controlar la contrata y con los jefes técnicos del servicio para que "nos den cuenta de cómo está siendo la prestación". "Por el momento no consta ningún incumplimiento formal, aunque también he pedido a la Concejalía de Educación que nos remita una evaluación para conocer si existen quejas sobre la limpieza en los centros", abundó.
Eso sí, el regidor precisó que "el Ayuntamiento no puede interferir en la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores, aunque sí somos conocedores de que se ha planteado un conflicto laboral y de que ya se ha llegado a un acuerdo sobre las vacaciones", concluyó.
Hasta el momento, el comité de empresa no ha anunciado la posibilidad de iniciar movilizaciones en señal de protesta, como sí hizo cuando la contrata salió a licitación, con la amenaza de una convocatoria de huelga que habría dejado sin limpieza a todos los centros escolares de la ciudad, al margen de bibliotecas, polideportivos o del propio edificio del Ayuntamiento.
