Un camión del servicio de recogida de la basura, en plena operativa.ALICANTE. Los seis grupos políticos que disponen de representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox) vuelven a evidenciar sus diferencias de criterio (quizá más enconadas que nunca) respecto a la gestión del servicio de limpieza viaria, recogida de la basura y tratamiento y eliminación de residuos. La comisión de fiscalización de ese contrato -el más oneroso para las arcas municipales, con un gasto anual de más de 37 millones- se ha saldado este jueves con una foto de las distintas perspectivas que maneja cada formación política respecto a una contrata que está a punto de extinguirse (vence en septiembre) tras ocho años en los que ha estado permanentemente bajo el foco y marcado por la controversia de manera recurrente.
Una contrata que, además, tendrá que prorrogarse (al menos, de manera parcial), en contra del compromiso adquirido durante la campaña de las municipales de 2019, hasta que (como muy pronto, en el primer trimestre de 2022) se pueda contar con un nuevo o nuevos concesionarios distintos, tras la división del contrato actual en tres contratos diferentes:uno para la limpieza viaria y la recogida de la basura, otro para la gestión de la planta de tratamiento y otro para la construcción y explotación de los ecoparques.
Así, los seis grupos municipales han defendido sus propias propuestas de conclusiones, presentadas hace dos semanas. Como informó este diario, en esas propuestas, las tres fuerzas del eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) subrayaron las deficiencias del contrato desde la misma redacción del pliego de condiciones y lamentaron la inexistencia de medios suficientes para efectuar un control efectivo de la prestación. El equipo de gobierno (PP y Cs) puso de manifiesto los errores que, a su juicio, se cometieron bajo el mandato del extinto tripartito (entre ellas, la modificación del contrato que varió recorridos de limpieza) y reivindicó la mejoría experimentada tanto en el control como en la calidad de la prestación a partir de 2019. Y Vox equilibró las críticas por la falta de medios de control.
A grandes rasgos, todos han resumido el contenido de sus propios análisis, sin que se haya tanteado un posible acuerdo para tratar de ponerlos en común con el fin de concretar cuáles han sido sus carencias y sus mejoras, en un contexto en el que cualquier aportación podría contribuir a impulsar esas tres nuevas licitaciones por separado. Y a la postre, ninguno de esos análisis particulares ha contado con la mayoría suficiente como para quedar aprobado como conclusiones de la comisión. Vox se ha limitado a votar solo su propia propuesta; las tres fuerzas del eje progresista se han prestado apoyos recíprocos y, por último, PP y Cs también ha optado por bloquear el resto de planteamientos para aferrarse al propio. El resultado: los seis grupos se han concertado para intentar acercar posturas en el plazo de dos semanas con el objetivo de llegar a un dictamen común, que quedaría sujeto a votos particulares discordantes.
En caso contrario, no se podría elevar una propuesta de conclusiones al pleno y la comisión quedaría sin dictamen final. O lo que es lo mismo: el trabajo desarrollado entre enero y marzo de 2020, y entre febrero y abril de este año (cuando se han retomado las sesiones), habría sido en balde, como han llegado a exponer los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís. Es más, las tres fuerzas ya han anticipado su intención de promover una moción al próximo pleno para que se constituya una nueva comisión para tratar sobre el futuro del servicio y resolver las incógnitas que, a su juicio, todavía están sobre la mesa y que no se han dilucidado con lo que consideran "un cierre en falso" de esta comisión. Entre esas incógnitas, figuran la puesta en marcha de la recogida del residuo orgánico de manera selectiva, la construcción del subparque logístico previsto en Playa de San Juan o la posible ampliación del vertedero de Fontcalent con una quinta celda. Eso sí, está por ver si esa iniciativa logra la mayoría necesaria para quedar aprobada. En principio, todo parece indicar que podría depender de los votos de Vox.
Antes, no obstante, también se deberá desentrañar si habrá espacio para el entendimiento a la hora de intentar ese dictamen de conclusiones en común. A priori, se antoja complicado, en función de las posiciones reproducidas este jueves. En primer término, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha incidido en la falta de control del servicio, fundamentalmente por la ausencia de inspectores, y ha remarcado los errores en la gestión que se llevó a cabo durante el mandato del tripartito. Con todo, sí ha considerado positiva la decisión de dividir la prestación en tres contratos distintos.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en que el contrato partió con las limitaciones presupuestarias que impuso el Plan de Ajuste, con un recorte de costes del 30%, y ha defendido la labor llevada a cabo bajo el gobierno del tripartito para evitar la llegada de residuos de la provincia de Valencia a la planta de tratamiento de Fontcalent. Además, ha recalcado que todavía existían cuestiones por afrontar, como la recogida selectiva del residuo orgánico o la mejora en los porcentajes de reciclaje, por lo que ha considerado necesaria la continuidad de la comisión. De igual modo, ha lamentado la falta de participación ciudadana y la asuencia de explicaciones por parte de los exediles del PP citados a comparecer ante la comisión.
El bipartito y la oposición se dan dos semanas para tratar de pactar un dictamen de conclusiones común y el eje progresista avanza otra iniciativa para crear una nueva comisión sobre el futuro del servicio
Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, ha abundado en las críticas al pliego que, a su juicio, blindaba la posibilidad de acordar una posible rescisión del servicio en beneficio de las empresas que constituyen la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica, de Enrique Ortiz) y ha vuelto a plantear el estudio de la remunicipalización, con el ejemplo que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Torrevieja.
El portavoz del equipo de gobierno y edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha sostenido que durante el pasado mandato no se controló la labor de la UTE y ha señalado que los cambios introducidos por el tripartito empeoraron la prestación del servicio. Además, ha señalado que ahora se dispone del mejor equipo técnico posible para efectuar su seguimiento y ha adelantado que en el nuevo pliego "hará falta más dinero" para ampliar os medios disponibles. Por último, respecto a la remunicipalización, ha sostenido que "siempre hemos apostado por la colaboración público privada" y ha puesto como ejemplo la empresa mixta Aguas de Alicante.
Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz, ha reprochado la falta de autocrítica del bipartito, para recordar que el extinto tripartito solo estuvo a cargo del servicio dos años y medio de los ocho de su duración. Además, ha incidido en la falta de voluntad del equipo de gobierno por ejercer un control real, al no existir los inspectores suficientes, y ha denunciado tanto el retraso en la entrega de información sobre la contrata como la rapidez con la que se ha pretendido cerrar, sin dar cabida a la participación vecinal.
Por último, ha insistido en que la ciudad sigue estando sucia, incluso en el año de restricciones derivada de la pandemia del coronavirus, y ha cuestionado la oportunidad del último modificado del contrato, en la fase final de su duración, además de su contenido, al apuntar que no se ha dotado de los contenedores necesarios a los nuevos desarrollos urbanísticos, pese a que se había justificado esa ampliación de costes en la implantación de ese servicio no previsto durante la redacción del pliego.
El último en intervenir ha sido el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), quien ha rechazado que PP y Cs no hubiesen ejercido la autocrítica, pero quien también ha insistido en que se ha contrastado la adopción de decisiones con la falta de ellas en el pasado. En esta línea, ha defendido la mejoría de la prestación con los medios disponibles, después de que se haya puesto en marcha herramientas como el control de la geolocalización de los camiones, y ha subrayado la imposición de sanciones o deducciones en caso de incumplimietos. Además, ha sostenido que "estamos en la fase final para la implantación de la recogida selectiva del residuo orgánico" y ha recalcado que la concesión de una prórroga no significa que el servicio vaya a prestarse sin contrato".
