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por la adjudicación del vertedero de la vega baja 

La Audiencia fija para noviembre de 2021 la vista por el caso del plan zonal de 'Brugal' 

6/11/2020 - 

ALICANTE. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha fijado para el 2 de noviembre de 2021 el inicio de la vista del juicio oral de la causa judicial referida a la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, dentro del caso Brugal. Se trata de la tercera rama troncal de Brugal que celebra su juicio, después de la primera, referida al contrato de las basuras de Orihuela, ya sentenciada, y con todos los acusados absueltos, y la del PGOU de Alicante, cuyo juicio oral se celebra estos días.

En este caso, los acusados son el ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y la ex alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente; al ex portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, y a los empresarios  Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre los 14 procesados en esta causa.  Y se les juzgará por el supuesto amaño de la adjudicación de la gestión de los residuos de la Vega Baja, cuyo adjudicatario fue la empresa de Enrique Ortiz e Hijos y están acusados de supuesta prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida.

La instrucción del caso concluyó en febrero de 2016. Entonces, la juez instructora del caso concluyó que "de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada" en torno a cinco empresarios que contaron con "la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante", para "obtener favores" de la Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada, "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana".

Será el noviembre de 2021 cuando comience la vista del caso. A lo largo de 11 sesiones, de mañana y tarde, de noviembre de 2021, se hará el planteamiento y resolución de las cuestiones previas. El juicio oral se fija para el 18 de enero de 2022 y se prolongaría hasta el 30 de junio de ese mismo año, a lo largo de unas 66 sesiones. 

Días después de conocerse el procesamiento, el fiscal elevó sus calificaciones provisionales y solicita solicita para José Joaquín Ripoll, a quien reclama 16 años de cárcel y 41 de inhabilitación; para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, a quienes reclama 17 años de cárcel y 20 de inhabilitación; Mónica Lorente, que se enfrentará a cuatro años y nueve meses de prisión y 24 de inhabilitación, al igual que el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós. Además, para el expresidente provincial y el empresario Fenoll reclama una multa de un millón de euros a cada uno y 300.000 euros para Ortiz. Otro de los acusados es el hijo de Fenoll, Antonio Angel Fenoll, a quien el fiscal pide 8 años y 9 meses de prisión y 16 años de inhabilitación por cohecho, información privilegiada, prevaricación, tráfico de influencias y fraude.

Según el relató de los hechos que hace Fiscalía, en la tramitación de la adjudicación del plan zonal de Residuos de la Vega Baja, en 2007, el empresario Ángel Fenoll tuvo conocimiento "incluso antes de ser público" del resultado en su contra de un informe que debía valorarse en la Comisión técnica del Consorcio de Residuos para la adjudicación. Asegura que medió para que se valorase su oferta con una "estrategia ideada por el propio presidente del Consorcio", Joseé Joaquín Ripoll. No obstante, la comisión valoró la oferta de Enrique Ortiz y motivó la paralización de la adjudicación hasta que, a finales de 2007, por mediación de un tercero, Ortiz y Fenoll pactaron "un acuerdo de reparto de los beneficios que el Plan Zonal generaría, acuerdo auspiciado y dirigido por el presidente provincial".

El pacto alcanzado obligaba a Ortiz a la compra de los terrenos de 'Las pistolas', propiedad de Fenoll en Torremendo (Orihuela), para ubicar las instalaciones de la planta de tratamiento. Esa compra, según el fiscal, era el paso "previo" y "requisito necesario" para que el Consorcio le concediera finalmente el contrato a Ortiz.

El fiscal considera que esa obligatoriedad motivó a Fenoll para "exigir un sobreprecio" por los terrenos y agrega que Ortiz aceptó porque era "sabedor de que obtendría importantes beneficios económicos gracias a la adjudicación y los sobrecostes por la condición impuesta -compra de la finca-, los compensaría mediante los correspondientes aumentos de los cánones que los municipios pertenecientes al Consorcio debían satisfacer por los servicios prestados.

Sin embargo, según el ministerio fiscal, la Comisión Técnica apostó porque la ubicación de la planta debería ser la localidad de Albatera. Finalmente, tras diversas negociaciones en las que participaron Fenoll, Ortiz, el empresario alicantino Rafael Gregory y el propio Ripoll, "el día 4 de junio de 2008 la Comisión Técnica propuso como ubicación idónea la finca Las Pistolas de Orihuela, señalando que dicho cambio supondría el incremento de un 10% en los cánones más significativos".

La supuestas dádivas

Según el fiscal, José Joaquín Ripoll inició un acercamiento a Enrique Ortiz a partir de 2009 "favorecido —continúa el fiscal—, entre otras circunstancias, por los regalos en viajes", lo que permitió que Ortiz pudiera buscar alternativas de emplazamiento con el beneplácito del expresidente provincial "liberándole así del compromiso de cumplir con el acuerdo alcanzado con Fenoll". Fiscalía añade que Ripoll disfrutó de dos viajes en el barco de Ortiz para pasar las vacaciones en Baleares y de un viaje a la feria de abril de Sevilla.

Por su parte, Fenoll habría agasajado al expresidente provincial con dos viviendas en el centro de Alicante con un valor de "un millón de euros", que "vendrían sufragadas por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca por parte de CESPA-ORTIZ a Ángel Fenoll, razón por la que el presidente provincial se involucró con tanto interés en el cumplimiento del acuerdo entre Fenoll y la UTE representada por Ortiz". Una dádiva que "pese al ofrecimiento y consiguiente aceptación de la dádiva descrita, ésta no llegó a entregarse dada la falta de acuerdo definitivo sobre la compra de la finca".

La Fiscalía subraya que, como consecuencia de todo ello, "ha resultado imposible ejecutar las previsiones del Plan Zonal de la Zona XVII" —comarca de la Vega Baja—, y que por ello los 27 municipios que la conforman "siguen sin tener, a día de hoy, un sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de sus residuos".

El precedente de las basuras de Orihuela

De las tres ramas juzgadas o que se van a juzgar, sólo existe sentencia en una, la del contrato de las basuras de Orihuela, y todos los encausados, 34, fueron absueltos. En ese fallo absolutorio tuvo un importante peso la anulación de las escuchas practicadas por los agentes de la Udef durante la fase de investigación. En concreto, el fallo considera que esos pinchazos telefónicos se realizaron de manera ilícita al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las telecomunicaciones, en la medida en que no contaron con resoluciones judiciales que las autorizasen. Además, la Audiencia -la misma que ahora juzgará el caso del plan zonal- también incidió en que no se siguió el protocolo de sellado necesario para su volcado. Y es posible que este sea uno de los argumentos que esgriman los acusados para intentar la nulidad de la instrucción, como también están haciendo en la vista del caso de PGOU de Alicante. 

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