Vista de la parcela ocupada por el local de ocio Isla Marina, ahora cerrado.ALICANTE. Guanyar aprovecha una grieta administrativa -en concreto, un trámite de exposición pública relacionado con el suelo que ocupó el local de ocio Isla Marina hasta 2017- para reivindicar la reversión pública de la totalidad de la franja marítima en el ámbito de influencia de la playa de El Cocó, en Alicante.
La plataforma electoral que lidera Esquerra Unida (EU) acaba de registrar alegaciones frente al expediente que tramita el Servicio Provincial de Costas a instancias de la Autoridad Portuaria de Alicante con el fin de determinar posibles derechos concesionales en relación con "unos 1.409 metros cuadrados de terreno situados en la Avenida de Villajoyosa número 4", que fueron incorporados en el dominio público con el deslinde aprobado en 2016. Con ese trámite se trataría de que cualquiera que pudiese tener derechos de ocupación en esa zona, concedidos antes de la aprobación de ese deslinde, lo manifieste y -en su caso- lo reivindique.
En el mismo anuncio de exposición pública se detalla que, ahora, en el expediente de solicitud de concesión en curso sobre ese suelo, "los usos y aprovechamientos que se alegan para estos terrenos son los de práctica de la náutica deportiva y afines, y usos de hostelería con ambiente musical y pub". Es decir, justo los que ya tenía durante el tiempo en el que el concesionario de ese suelo fue Isla Marina Alicante SL (antes, Naranjo Mas 2) y que, según concreta el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, "están ocupados por diversas estructuras como una zona chill-out, una piscina exterior, estructuras fijas con cubierta y barra, carpas desmontables, contenedores modulares, una carpa fija o una estructura desmontable para motos de agua".
La plataforma electoral que lidera EU solicita que se desmantele la estructura del antiguo local de ocio, cerrado desde 2017
Ahora, en sus alegaciones (en realidad, una única), Guanyar se opone a que se otorgue toda concesión en trámite y solicita que "se desmantelen todas las estructuras que ocupan terrenos de dominio público y de su servidumbre de tránsito para que la totalidad de dichos terrenos tengan un uso público ligado al disfrute del litoral de la ciudad". "Consideramos irrenunciable la recuperación para el uso ciudadano de este tramo costero de la ciudad y esperamos que el Servicio Provincial de Costas acepte nuestras alegaciones de modo que no se otorgue a la Autoridad Portuaria concesión o autorización para mantener uso privado alguno y que se obligue al desmantelamiento de todas las estructuras que ocupan terrenos públicos", añadió Pavón, al referirse a sus alegaciones.
El Servicio Provincial de Costas debe resolver sobre esas alegaciones de Guanyar (entre todas las que pudiesen haberse registrado) y modular -o no- el expediente de concesión que tramita la Autoridad Portuaria. Se da la circunstancia de que el concesionario actual del espacio ocupado por Isla Marina es el Grupo Azarbe, del empresario Vicente García (socio de Amancio Ortega en Tempe). Como publicó Alicante Plaza, Azarbe adquirió el complejo en la primavera de 2017 con el propósito de dar continuidad al negocio aunque con un modelo propio. En el momento en el que se cerró la operación, la concesión que manejaba Isla Marina (de los hermanos Naranjo) tenía todavía un plazo de doce años de vigencia.
