Sonia Castedo, durante su etapa como alcaldesa de Alicante, ante los juzgados de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE/AP). El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Alicante, instructor de la rama del caso Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha acordado este viernes la apertura de juicio oral contra los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y también contra el empresario Enrique Ortiz, entre otros seis acusados, por las citadas presuntas irregularidades en el planeamiento urbanístico.
El auto señala que los nueve acusados serán juzgados por cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en función de su supuesta participación en los hechos. Además de los dos exalcaldes y del conocido promotor, también tendrán que sentarse en el banquillo Virgilio Ortiz (hermano de Enrique Ortiz); los abogados Javier Gutiérrez (exconcejal socialista) y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda y los trabajadores de las empresas de Ortiz, Pablo Rico y Santiago Bernáldez.
En el auto, el juez se ratifica en las apreciaciones que ya formuló en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado de enero de 2017 en el que, no obstante, introduce dos matices, tras las decisiones acordadas con posterioridad en sendas resoluciones de la Audiencia Provincial. Se trata de la exclusión del proceso del arquitecto Jesús Quesada -al que se le encomendó la redacción del nuevo PGOU- y la retirada de la imputación del delito de aprovechamiento de información privilegiada que se le atribuía inicialmente a Ortiz.
Los seis acusados a los que se considera autores materiales de los delitos deberán presentar fianza de manera solidaria por el perjuicio generado al Ayuntamiento en la tramitación del PGOU
Así, el empresario será juzgado como supuesto autor material de los delitos de tráfico de influencias y cohecho. La exalcaldesa, Sonia Castedo, tendrá que responder frente al tribunal de la Audiencia Provincial por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, de cohecho y de tráfico de influencias. A su predecesor, Díaz Alperi, se le juzgará por un delito continuado de información privilegiada por autoridad o funcionario, otro delito continuado de tráfico de influencias y otro delito de cohecho. El abogado Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo en el despacho Salvetti abogados, tendrá que responder por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, por otro delito de tráfico de influencias y por otro delito de cohecho.
Su socio y hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, será juzgado por los mismos delitos que Gutiérrez, mientras que el empresario Ramón Salvador, se enfrenta a juicio por el delito de corrupción de autoridades a funcionarios públicos. Los tres restantes acusados, el hermano de Ortiz, Virgilio, y los empleados Pablo Rico y Santiago Bernáldez serán juzgados como cómplice por la comisión de ese mismo delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos.
De acuerdo con el proceso habitual, el instructor concede un plazo de tres días para que los acusados comparezcan con abogado y procurador en el juzgado, en caso de no haberlo hecho hasta ahora, y otro plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa.
Además, el auto dispone la formación de la pieza de responsabilidad civil y requiere a los seis principales acusados para que depositen de manera solidaria fianza para asegurar la cobertura de posibles responsabilidades pecuniarias (indemnizaciones) por un importe de 1.339.249,20 euros, en función del gasto generado al Ayuntamiento de Alicante por la tramitación del PGOU. De no hacerlo en el plazo que se concrete en una futura audiencia, podrá procederse al embargo de "bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades", concluye el auto.
El auto de apertura de juicio oral constituye la siguiente fase del procedimiento, después de que las acusaciones presentasen sus escritos de acusación, a lo largo de la semana pasada. Como viene informando Alicante Plaza, han ejercido la acusación sólo tres de las cuatro partes representadas en las diligencias. Se trata de las ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción, por el Ayuntamiento de Alicante y por la agrupación local de EU. El PSOE, por su parte, desistió de formular acusación y se retiró del proceso tras alegar que ya estaba garantizada la defensa del interés público en el juicio a través del Ministerio Público y de la representación legal del Ayuntamiento.
Según las fuentes consultadas, la celebración del juicio en la Audiencia Provincial no se prevé, como muy pronto, hasta el año 2020, de acuerdo con el calendario de vistas ya programadas con antelación. De hecho, la primera de las causas relacionadas con el caso Brugal, sobre el supuesto amaño de la contrata de basuras de Orihuela, está señalada para febrero de 2019 y se desarrollará hasta diciembre.
La notificación del auto de apertura de juicio ha generado una cascada de reacciones políticas por parte de algunas de las formaciones con representación en el Ayuntamiento de Alicante. Entre ellas, la primera ha sido la del portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien ha afirmado que los exalcaldes del PP y el empresario Enrique Ortiz "ya no tienen escapatoria posible". "Como portavoz del grupo municipal Guanyar y concejal de Esquerra Unida (EU) en la anterior legislatura, quiero expresar mi satisfacción por este auto y poner en valor nuestra labor continuada desde que en 2010 nos personamos como acusación popular en esta pieza separada del caso Brugal para defender los intereses generales de la ciudad", ha indicado.
Así, ha añadido que su grupo mantiene la personación "frente a la espantada del PSOE de Gabriel Echávarri, que se ha retirado como acusación". "Somos la única formación política personada como acusación, un papel que seguiremos ejerciendo para que no queden impunes los presuntos delitos por los que serán juzgados todos los acusados", ha apostillado.
El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también ha valorado el auto para señalar que "cada día se va confirmando aquello que denunciábamos; hoy vemos que Alperi, Castedo y Ortiz representaban un peligro mayor que el triángulo de las Bermudas para la ciudad de Alicante". Con ese símil, ha señalado que "por ese triángulo se colaba el dinero público de los alicantinos". "Llevamos mucho tiempo denunciando que esta ciudad tenía dos exalcaldes que gobernaban, no en beneficio del interés general, sino pensando en sus amiguetes; vemos cómo va cuadrando todo, la financiación ilegal del PP con el Plan General y esas relaciones impropias entre política y algún empresario y vemos como todo eso se va encaminando hacia el banquillo de los acusados", ha concluido.
