El alumbrado ornamental de Navidad instalado en la Avenida de Alfonso el Sabio.ALICANTE. El interventor del Ayuntamiento de Alicante da un tirón de orejas por el exceso de gasto derivado del consumo eléctrico municipal y exige "un seguimiento exhaustivo" en lo sucesivo, entre otras medidas correctoras para evitar pagos no previstos, después de que el actual equipo de Gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), tuviese que aprobar este viernes un pago extraordinario por una suma global de 1.555.862 euros a la empresa concesionaria del servicio de suministro, Nexus.
El abono de ese importe se acordó en la comisión de Hacienda, con los votos a favor de PP, Cs y Vox, y las abstenciones de PSPV-PSOE (que manifestó su preocupación por el error de cálculo a la hora de presupuestar el gasto), Unides Podem EU y Compromís, mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de créditos. Es decir, el mecanismo que se utiliza para saldar pagos no contemplados de inicio en los presupuestos municipales, con el fin de no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto, como detalla el informe de fiscalización del interventor.
En concreto, según el dictamen del alto funcionario, la relación de facturas que suma ese importe corresponden a certificaciones por el consumo energético generado en noviembre de 2017, agosto de 2018 y septiembre de 2018. Es decir, que derivarían tanto de la etapa de mandato del PSOE en solitario (desde noviembre de 2017 a abril de 2018) como de la del PP (desde abril de ese año hasta mayo de 2019). Los documentos de pago, eso sí, se registraron en 2018 y no pudieron atenderse entonces al no existir consignación presupuestaria para ello. En ese ejercicio, la planificación económica municipal fue elaborada por el PSOE.
Ahora, el interventor avala el pago de esos 1,5 millones, aunque reprende el descuadre del gasto tras recordar que "en 2013, el Ayuntamiento se sometió a un plan de ajuste entre cuyas medidas figuraba, entre otras, la reducción dle gasto de funcionamiento en un 5%, con la actuación concreta del apagado y encendido selectivo aproximadamente de un 50% de las luminarias de alumbrado público, lo que supuso a su vez la correspondiente minoración en las dotaciones presupuestarias".
Además, en su informe también señala que el Ayuntamiento "acometió varios proyectos de gasto consistentes en la sustitución de luminarias tradicionales por otras LED con el objeto de reducir el consumo eléctrico". Por ello, concluye que "ambas actuaciones tienen difícil encaje con el hecho de que se excedan los límites contractuales y presupuestarios del suministro eléctrico".
El alto funcionario reprocha que se adoptasen decisiones como el encendido de todas las luminarias del alumbrado público o que se autorizase el enganche de las barracas de Hogueras a la red municipal
Así el informe relata que ese consumo no previsto derivaría de cinco circunstancias concretas. La primera, la "orden verbal (no se aporta documento escrito) dada por la concejala de Infraestructuras (según informa el responsable del contrato) en el sentido de encender la totalidad de las luminarias de alumbrado público, sin que conste oposición del responsable del contrato".
La segunda, "orden verbal de conexión de las barracas de las Hogueras a la red de abastecimiento, dada por los entonces alcalde y asesor de fiestas (según informe el responsable del contrato) para el pago por parte del Ayuntamiento del consumo de electricidad con motivo de las fiestas oficiales de la ciudad en los ejercicios 2017 y 2018, sin que conste oposición del responsable del contrato".
La tercera, "la conexión de nuevos inmuebles municipales". La cuarta, "la implantación de máquinas eléctricas en colegios públicos sin dar cuenta al responsable del contrato". Y la quinta y última "factores medioambientales", que no se detallan.
Así, el alto funcionario encargado de velar por la estabilidad económica del Ayuntamiento remarca que "los órganos de gobierno no deben dar órdenes que contravengan los límites contractuales o presupuestarios, ni los responsables de los contratos admitirlas, si no es por escrito y con la correspondiente oposición". En todo caso, tras emitir varios informes desfavorables previos, considera necesario el reconocimiento del pago "a fin de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar", que, no obstante, no determina.
Por último, detalla varias recomendaciones para evitar que pueda volver a producirse nuevos desfases entre el consumo eléctrico y el presupuesto consignado para su pago. Así, al margen de exigir un mayor control del consumo, plantea que se desglose el gasto generado por parte de la administración central del Ayuntamiento, de Policía y Bomberos, de Cultura y Deporte, de Fiestas y de los organismos autónomos.
Además, también plantea que en cada certificación del consumo se incorpore un informe que "desglose y compare la energía consumida y el importe gastado de al menos una anualidad para cada uno de esos grupos citados".
