El estudio de viabilidad económica del Palau de Altea incrementaría el coste a los 270.000 euros

ALTEA. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Altea aprobó este miércoles el estudio de viabilidad económica del Palau de Altea que tratará de darle una salida en los próximos cuatro años al centro. En la actualidad, tiene un contrato prorrogado hasta mayo con la empresa que ha venido prestando el servicio en los últimos seis años, después de que pasara a manos privadas a través de una concesión municipal.

Según explicó el concejal de Cultura, Diego Zaragozí, lo que se planteaba durante el pleno era la aprobación de este documento en el que se haría un contrato en concesión de servicios, aconsejado por los técnicos municipales. Como consecuencia, están obligados a elaborar dicho estudio de viabilidad para que desde el gobierno central den su visto bueno.

Con todo, el informe indica que los 249.000 euros por los que está la concesión actual es deficitario, por lo que plantea el incremento hasta los 270.000 euros. Un aumento en torno a los 20.000 euros que criticaron desde Cipal teniendo en cuenta que el propio interventor asumía que no podía asegurar que este desfase fuera un hecho real puesto que las cuentas las había aportado la empresa.

Por su parte, el PP criticó las prisas actuales para sacar esta concesión adelante sabiendo que el contrato terminó en 2017, se aprobó una prórroga de un año y luego otra más de nueve meses, hasta el 1 de junio. Asimismo, sacó pecho porque en el informe aseguran que la gestión privada es más rentable que la pública, como así defendió su partido cuando gobernaba la localidad y tomaron la decisión de pasarlo a manos privadas.

Por su parte, el regidor de Cultura recordó que la apuesta de su gobierno es que vuelva a ser pública, pero la situación actual de la plantilla del Ayuntamiento lo hace inviable. Al mismo tiempo, aclaró que la licitación saldrá por 270.000 euros, pero el precio final saldrá de la oferta a la que se le adjudique la concesión, que podrá ser inferior.

Con todo, se aprobó con los votos a favor del tripartito formado por Compromís, PSOE y Altea amb Trellat; mientras que la oposición compuesta por Cipal y PP votó en contra.