Los operarios del servicio de limpieza de colegios, en uno de los colegios de Alicante.ALICANTE. La historia se repite en la tramitación de la megacontrata del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. El segundo pliego de condiciones del concurso, aprobado por el equipo de gobierno (PP y Cs) con un precio de licitación de 45 millones (56 si se computan las prórrogas), también tendrá que examinarse ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC): el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda competente sobre la resolución de conflictos sobre concursos públicos.
Según fuentes consultadas, en esta ocasión el grupo municipal del PSOE ha decidido registrar un nuevo recurso especial en materia de contratación contra ese segundo pliego al considerar que adolece de las mismas carencias que el pliego del concurso precedente: el que el bipartito acordó retirar el pasado mes de septiembre, con la intención de introducir mejoras consensuadas con los trabajadores y con los grupos de la oposición, después de que, en ese momento, se hubiesen registrado hasta tres recursos distintos ante el TACRC. Entre ellos, el ya citado registrado por el propio grupo municipal socialista.
¿Qué carencias apunta el PSOE en esta ocasión? En principio, las mismas fuentes indicaron que en esa impugnación se pone de manifiesto que, de llegar a adjudicarse, el servicio supondría un mayor coste para el contribuyente sin que se mejorase la calidad en la prestación. En esta línea, subrayaron que el último contrato en vigor (vencido desde 2018) costaba a las arcas municipales más de 39 millones, mientras que ahora el valor estimado del contrato asciende a 56, a pesar de que se reducen las horas de servicio (9.000 menos).
La impugnación apunta al encarecimiento del contrato pese a la reducción de horas de prestación y a la falta de mejoras para establecer penalidades en caso de incumplimiento
En esta línea, el recurso del PSOE abunda también en que la maquinaria que se pretende emplear será la misma que reflejaba el pliego retirado hace un año pese a las reuniones mantenidas con la plantilla de trabajadores a cargo del servicio que, según sostiene el PSOE, indicaban que no era el adecuado. Además, el recurso incide en que en el último contrato en vigor contemplaba el control informático presencial del personal; una exigencia que ahora no quedaría recogida en las bases de la nueva licitación, pese a que fue uno de los puntos indispensables subrayados como incumplimiento de la última concesionaria, en el dictamen aprobado por la mayoría de los grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) en la comisión de fiscalización sobre el servicio.
Pero no solo eso. Tanto el portavoz socialista, Paco Sanguino, como la edil Llanos Cano, añadieron -a consulta de Alicante Plaza- que en la impugnación del nuevo pliego también se hace constar "que no se mejora el proceso de penalidades y sanciones en caso de incumplimiento, cuando fue otro de los temas nucleares de la comisión de investigación". Según indicaron, en ese foro de control municipal "se mostró la poca capacidad del consistorio al objeto de lograr el cumplimiento del pliego, lo que afectaba directamente a los trabajadores y al servicio prestado".
El recurso, ya interpuesto, debe ser analizado ahora desde el punto de vista formal para que el TACRC pueda acordar su admisión a trámite. En el caso de aceptarse, se abordará el fondo de la impugnación, con la posibilidad de que puedan adoptarse medidas como la suspensión cautelar de la licitación.
