Acceso al parking subterráneo de El Campello que construyó Ecisa / Foto: TURISMO EL CAMPELLOEL CAMPELLO. El pleno que celebrará El Campello el próximo jueves 30 de abril incluirá en el orden del día -tanto en el apartado de la gestión como entre las mociones- propuestas que permitan hacer frente y aminorar las consecuencias de la crisis derivada del covid-19. Sin embargo, no será este el único asunto sobre el que versará la sesión plenaria, ya que, entre los puntos de gestión, destaca el de aprobar la liquidación definitiva del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento en la avenida de Els Furs. Un asunto que, a lo largo de cinco años, ha venido acompañado por diversas sentencias judiciales desde que Estacionaments Urbans d'El Campello (EUC), filial de Ecisa, renunciara en 2013 a las instalaciones por falta de rentabilidad del contrato, como ya informó en su momento Alicante Plaza.
Con todas las sentencias favorables a la mercantil EUC -exceptuando el amparo solicitado ante el Tribunal Constitucional por el Ayuntamiento-, el Consistorio campellero deberá aprobar, ahora, el pago de la liquidación del contrato de gestión y explotación del parking, una cantidad que asciende a casi 8,5 millones de euros. Se propone que el pago de esta "cuantía significativa" provenga del remanente de Tesorería del ejercicio de 2019 y, si este no fuera suficiente, "se deberían barajar otras formas de financiación como la de acudir a una operación de préstamo bancario", exponen una alternativa desde el equipo de gobierno.
El pago de la liquidación derivado del contrato no estaba contemplado en el Presupuesto 2020. Sin embargo, se ha convertido en un tema de urgencia debido a la sentencia que obliga a El Campello a habilitar las medidas presupuestarias necesarias que permitan terminar con el procedimiento. Una obligación de pago que "va a incidir de forma directa y negativa en la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto", subrayan desde el Ayuntamiento, por lo que no descartan plantear la opción futura de un Plan Económico-Financiero "que permita la vuelta al equilibrio".
Este aparcamiento subterráneo se construyó en 2008 y contó con un presupuesto de 15 millones de euros, incluyendo las obras de reurbanización de la calle San Bartolomé. Es en 2013 cuando la filial de Ecisa presentó su renuncia para dejar de explotar el parking -pese a que el contrato estipulaba una concesión por 40 años, es decir, prevista hasta el 2048- y este pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento.
En noviembre de 2013 se aprueba en pleno un acuerdo para resolver el contrato, manifestando la "renuncia unilateral, abandono e incumplimiento de las obligaciones esenciales por la entidad contratista". Un acuerdo que fue recurrido por EUC y que resolvió, en febrero de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Alicante al calificar la acción de la mercantil "sin culpa" y ordenando al Ayuntamiento la "devolución de la garantía incautada". Una cantidad que se traduce en los 555.000 euros de fianza.
Ante tal sentencia, el Consistorio campellero presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, el cual no solo fue desestimado, sino que se instó a devolver la fianza y a iniciar la liquidación del contrato por el que la mercantil reclamaba 15 millones de euros. Ante dicho resultado, en mayo de 2018 el Ayuntamiento lo intentó de nuevo, en esta ocasión, mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, resultando inadmitido con fecha de 2019.
Al haber transcurrido cinco años desde que los tribunales solicitaron al Ayuntamiento, por primera vez, el pago a EUC, la empresa presentó el pasado mes de febrero un nuevo contencioso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Alicante, solicitando la devolución de la fianza y la liquidación del expediente, así como desestimando "las indemnizaciones reclamadas por los condenados". Es decir, la mercantil no tiene intención de pagar los 9,5 millones de euros que reclama el Ayuntamiento por daños y perjuicios.
Además, la filial de Ecisa también insta al Juzgado a imponer las "multas coercitivas" con las que advirtió que sancionaría al Consistorio campellero. Una medida -dentro de las previstas en el artículo 112 de la LJCA- que el mismo juzgado anunció que aplicaría si en un plazo de dos meses no desarrollaba "las actuaciones oportunas a fin de tramitar hasta su finalización el procedimiento de liquidación del contrato concesional". A pesar de los 8,5 millones de euros que tiene pendiente aprobar El Campello el próximo jueves, todavía no se cubriría en su totalidad la demanda de los 15 millones que solicita la mercantil, procedentes de la liquidación del contrato.
