ALICANTE. No solo las rebajas fiscales. Los tres grupos que conforman el eje del centro-derecha en el Ayuntamiento de Alicante han unido sus votos este jueves, en el pleno ordinario de septiembre, para aprobar la práctica totalidad de las iniciativas impulsadas por el bipartito (PP y Cs) y también parte de las promovidas por Vox. Las tres fuerzas suman 16 votos entre 29 votos posibles, lo que supone alcanzar la mayoría absoluta. Eso sí, en la mayoría de los casos, la unión de sus posiciones se ha producido para aprobar iniciativas de contenido político en las que se insta a otras administraciones a tomar determinadas decisiones.
En primer término. El pleno ha aprobado una declaración institucional a propuesta del bipartito en la que se insta a la Conselleria de Educación a "asumir el sobrecoste ocasionado por el refuerzo de la limpieza y desinfección de los colegios de la ciudad de Alicante al que se destina dos millones de euros". La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP, Ciudadanos y Vox y en contra de PSOE, Compromís y Unidas Podemos.
Fuentes municipales han detallado, a través de un comunicado, que en la declaración se recuerda que "los ayuntamientos no han recibido ningún tipo de ayuda económica del Gobierno o la Generalitat para poder compensar este esfuerzo presupuestario que nadie podía preveer".
El concejal de Infraestructuras, José Ramón González (PP), ha recordado que "la adopción de medidas adicionales de limpieza y desinfección contempladas en dicho protocolo de limpieza especial ha llevado a que el Ayuntamiento de Alicante haya tenido que destinar dos millones de euros para garantizar la seguridad de los centros escolares alicantinos". "Una cantidad que lejos de salir de ayudas del Gobierno o la Generalitat se va a cubrir con una modificación de créditos del presupuesto municipal de 800.000 euros como gasto extraordinario y 1.200.000 euros que vendrán contemplados en los presupuestos de 2021" ha explicado.
González ha señalado que "esta es una reclamación de numerosos ayuntamientos de distintos signos políticos, pendientes de ayudas tanto del Gobierno como de la Generalitat para poder atender este tipo de sobrecostes no contemplados para hacer frente a la pandemia".
Por parte de Cs, su portavoz adjunto Antonio Manresa, ha reclamado también que "el gobierno central y autonómico asuman este coste y apoyen a los ayuntamientos que son los que tienen que dar respuestas rápidas y eficaces para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos".
En segundo lugar, el pleno también ha aprobado otra declaración institucional con los votos de PP, Cs y Vox y el rechazo de PSOE, Unides Podem y Compromís, en la que se pide cambios legales para acabar con la ocupación de viviendas de forma ilegal en las primeras 48 horas, al tiempo que piden que se sancione con penas de prisión de entre uno y tres años. Las portavoces de PP, Mari Carmen de España, y Cs, Mari Carmen Sánchez, han sostenido que "la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, privan de su derecho a la propiedad a los titulares de viviendas ocupándolas ilegalmente". La declaración institucional establece que "es necesario distinguir entre las ocupaciones ilegales que llevan a cabo individuos o grupos de delincuencia organizada y las realizadas por grupos antisistema, en ambos casos, la ‘okupación’ es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y contra el que hay que luchar en defensa de la ley".
Fuentes municipales han precisado a través de un comunicado que en la provincia de Alicante en los últimos cinco años las cifras de casos de ocupación ilegal se han duplicado, pasando de 247 casos en 2015 a 419 en 2019. De España y Sánchez han recordado, además, que el pasado mes de febrero se aprobó en pleno otra Declaración Institucional por medio de la cual se solicitaba al Consell que instase al Gobierno de España a agilizar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas y a reformar el Código Penal y toda la legislación afectadas con este mismo fin.
En tercer término, el pleno también ha aprobado una declaración institucional en la que insta a la Generalitat Valenciana a autorizar que, de forma temporal, los pubs de Alicante puedan abrir sus locales con las mismas condiciones y restricciones que las cafeterías. PSOE, Compromís y Unides Podem también han votado en contra.
Fuentes municipales han explicado, a través de un comunicado, que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha tomado la palabra para defender que trasladó a los portavoces que "hay un dato objetivo en el momento de la suspensión de los locales de ocio se han disparado las denuncias por fiestas privadas y botellón", al tiempo que ha señalado que "el ocio en las terrazas y establecimiento ha permitido llevar un mayor control, por ello creemos que hay otras razones de peso que no han sido tenidas en cuenta por la Generalitat".
Todos los grupos salvo Vox apoyan promover el reconocimiento de los exsecretarios de CCOO y UGT, De la Casa y Cabo, como hijos predilectos de Alicante
Por su parte el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha explicado que "se trata de una medida extraordinaria y temporal para salvar estos negocios que están abocados a la quiebra por las medidas adoptadas por el Consell frente a la pandemia de la covid-19". Así, ha indicado que con esta declaración el equipo de Gobierno quiere "luchar por la industria del ocio en momentos complicados, por ello instamos a la Generalitat a que se puedan compatibilizar de manera inmediata que los pubs puedan abrir en horario de cafeterías para compatibilizar el uso y los empleo de este sector".
La propuesta del bipartito consiste en instar a la Generalitat Valenciana a promover las modificaciones legales necesarios para que los locales con licencia de discotecas, salas de baile, karaoke y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo puedan ser temporalmente modificadas y convertidas a la licencia de cafetería. Se trataría de una medida de carácter temporal mientras continúen en vigor las restricciones impuestas por la resolución del 17 de agosto de la Conselleria de Sanidad, que impide a estos locales desarrollar su actividad al menos hasta el próximo 30 de septiembre.
Pérez ha explicado que "la resolución de la Conselleria supone que los pubs no puedan ni siquiera ejercer el trabajo que ya venían realizando como cafetería, lo que en la práctica supone que no tengan ningún ingreso y que se vean obligados a cerrar definitivamente sus negocios y a despedir a sus trabajadores, ya que tienen que seguir haciendo frente a los gastos fijos que tienen".
El concejal ha sostenido que "con esta propuesta no pretendemos vulnerar la normativa aprobada por la Generalitat, porque el control de la pandemia tiene que seguir siendo una prioridad de todas las administraciones, pero sí somos partidarios de tomar medidas que sin poner en riesgo la salud de los ciudadanos, sí permitan mantener la actividad económica de Alicante".
El edil de Ciudadanos ha afirmado que "esta propuesta recoge una posible solución a una de las reivindicaciones que el sector de la hostelería trasladó al Ayuntamiento, el pasado mes de agosto, con el objetivo de paliar las consecuencias económicas que las restricciones impuestas al sector supone para estos establecimientos". Santos Pérez ha explicado que con estás modificaciones "un pub o una discoteca podría trabajar con las condiciones técnicas que se establecen para un bar/cafetería al ser siempre menos restrictivas".
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Así, las condiciones para trabajar en ese nuevo estatus serían: que se calcule el aforo del local con los criterios de densidad establecidos para bar o cafetería en el Código Técnico de Edificación (CTE); no poder disponer de servicio de ningún tipo de comida, al no estar justificadas las condiciones técnicas relativas a una cocina en su licencia, al no estar permitida según legislación para este tipo de actividades; no disponer de ningún tipo de ambientación musical fuera del horario autorizado para dichas actividades; deberán ejercer la actividad dentro del horario establecido para la apertura y cierre de los establecimientos pertenecientes al Grupo J ( Restaurantes, café, bar, cafeterías) de la Orden 57/2019, de 11 de diciembre.
Se da la circunstancia de que los empresarios del sector de la hostelería han protagonizado también hoy, en la plaza del Ayuntamiento, una nueva concentración de protesta para instar a las administraciones a escuchar sus propuestas antes de tomar nuevas medidas restrictivas que supongan una limitación de su actividad. Además, han reivindicado un plan de rescate que permita afrontar las pérdidas generadas como consecuencia de la aplicación de esas medidas preventivas frente al riesgo de contagio por coronavirus.
El pleno también ha aprobado, esta vez por unanimidad, una declaración institucional presentada por PP y Cs en la que se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la urgente reparación y acondicionamiento de los espigones y otras infraestructuras de finca Adoc.
En la sesión también se ha aprobado el inicio del expediente para nombrar hijos predilectos de la ciudad de los exsecretarios generales de CCOO y UGT en Alicante, José de la Casa y Javier Cabo, por su labor en defensa de los derechos de los trabajadores. En este caso, la propuesta, pactada con carácter previo, ha prosperado con el respaldo de PP, Cs, PSOE, Unides Podem y Compromís, mientras que Vox se ha abstenido.
Entre otros asuntos, el pleno también ha aprobado la reprobación del concejal de Compromís, Rafa Mas, por la publicación de un mensaje en redes sociales con un fotomontaje en el que se veía a un conjunto de vírgenes a bordo de un autobús, acompañada de un texto alusivo al concurso convocado por el equipo de Gobierno para instalar el belén gigante más grande del mundo en la próxima campaña de Navidad.
En ese texto se podía leer: "Ya llegan los refuerzos para el Ayuntamiento. Se han dado cuenta de que un belén gigante no es suficiente". La iniciativa, presentada a instancias de Vox, consideraba que el comentario de Mas resultaba ofensivo para las personas de creencias religiosas. Mas, que retiró el mensaje de sus redes sociales, había explicado días atrás que el fotomontaje "era en clave de humor" y que "era una broma". La reprobación ha quedado aprobada con los votos del bipartito y de Vox y el rechazo de PSOE, Unides Podem y Compromís.
El pleno también ha aprobado la declaración institucional presentada por Compromís para expresar la defensa del Ayuntamiento al pacto antitransfuguismo en la que, además, se insta al Gobierno a convertir ese pacto en una norma con rango de ley. La iniciativa ha contado esta vez, con el respaldo unánime de toda la corporación.