Una de las concentraciones reivindicativas desarrolladas por los trabajadores municipales en la Plaza del Ayuntamiento.ALICANTE. Otro compás de espera. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2022 no podrá entrar en vigor previsiblemente hasta principios de abril. Un año más, algunos de los sindicatos que disponen de representación municipal, como el SEP o CCOO, han confirmado su intención de presentar alegaciones frente a esa propuesta de planificación económica con la intención de exponer reivindicaciones para el conjunto de los trabajadores municipales.
Algunas de esas peticiones vienen reiterándose año tras año, sin que lleguen a ser atendidas por el equipo de gobierno. Entre ellas, figuran la necesidad de que se contemple la convocatoria para cubrir nuevas plazas que permitan ampliar la plantilla actual, ya que, según sostienen fuentes sindicales, el incremento previsto ahora es de cero plazas (se amortizan dos y se crean dos). Además, se solicita un aumento en la partida habilitada para el desarrollo de la carrera profesional, con el argumento de que la suma consignada hasta ahora resulta insuficiente. Y, de igual modo, se reclama mejoras en la dotación para la renovación de vestuario y la recuperación de algunos derechos a los que se tuvo que renunciar en el año 2010, como la restitución del premio por antigüedad o la tradicional cesta de Navidad.
Las mismas fuentes indicaron que las alegaciones no pueden quedar desestimadas sin más, con el argumento de que no cumplen los requisitos formales previstos para ello (el motivo que suele aducirse en el informe técnico de resolución de las alegaciones de manera habitual), puesto que, según se sostiene, los sindicatos sí tienen legitimidad para presentar esas propuestas de modificación. Al tiempo, añadieron que tampoco podrían quedar desestimadas por el hecho de que parte de esas peticiones de dotación presupuestaria adicional no se acompañen de propuestas de minoración de otras partidas, ya que varias de las medidas solicitadas no constituyen elementos nuevos, sino que lo que se plantea es su restitución.
Sea como fuere, la mera presentación de esas alegaciones -y de otras que puedan registrar asociaciones vecinales o ciudadanos a título particular- ya tiene una consecuencia directa sobre la gestión del bipartito que conforman Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Las dos fuerzas aliadas al frente de la administración municipal no podrán desplegar el paquete de inversiones por valor de 37 millones que se recoge en las cuentas hasta que no se conteste a esas objeciones y puedan quedar ratificadas (con o sin los cambios propuestos) por el pleno en el margen de entre 15 y 20 días a contabilizar desde el próximo jueves, día 10: el último día hábil para la presentación de alegaciones.
En principio, nada hace augurar que pueda surgir un hipotético contratiempo para que el presupuesto no acabe refrendado con el mismo resultado que deparó su aprobación provisional. Entonces, prosperó por mayoría simple el pasado 16 de febrero gracias a la abstención de los dos concejales de Vox, después de que quedasen incorporadas 19 de sus 21 enmiendas presentadas a las cuentas. Ahora bien, ese trámite impide que el presupuesto pueda entrar en vigor de manera automática a partir de este mismo jueves, lo que resta cerca de un mes para que los distintos departamentos municipales puedan iniciar procedimientos de contratación relacionados con la ejecución de las inversiones planificadas.
El presupuesto deberá volver a pleno entre finales de marzo y principios de abril para quedar ratificado tras la incorporación o rechazo de las alegaciones ya confirmadas
Entre las principales actuaciones previstas en el presupuesto se incluye la construcción del nuevo CEIP La Cañada del Fenollar, con 4.584.904,36 euros (ahora en fase de licitación de la redacción del proyecto); la reforma de la plaza de San Blas y adyacentes con 3.437.811,35 euros; la reforma de edificios y nuevas construcciones en Las Cigarreras con 2.941.987,19 euros; la construcción del Centro de Educación Especial El Somni con 2.235.000 euros (también con la redacción de su proyecto en fase de licitación); el asfaltado de caminos en partidas rurales con 2.050.000; la peatonalización del Centro Tradicional, con 2.008.341,97 euros (actualmente en ejecución); la renovación del pabellón Pitiu Rochel con 1.840.000 euros; los proyectos incluidos en los presupuestos participativos con 1.795.703,21 euros; la construcción del parque público del PAU II con 1.702.700 euros y, por último, la remodelación de la calle San Mateo con 897.187,99 euros.
Ese listado de intervenciones podría ampliarse con la incorporación de los remanentes (ahorros no gastados procedentes del ejercicio de 2021 y años precedentes) para poder sufragar otras actuaciones por concretar, en cuanto se cierre la liquidación del pasado año. Además, el bipartito prevé recurrir a préstamos a bajo interés, por hasta un máximo de 20 millones, con el propósito de impulsar nuevas obras de reurbanización de barrios e iniciativas como la revitalización de la avenida de Jijona, de las calles Sevilla o Marqués de Molins, el centro histórico, la plaza Óscar Tordera, el desarrollo del centro de congresos y la remodelación del Frente Litoral. Además, también se incorporarán al presupuesto aquellos fondos europeos para la recuperación 2022-2027 que puedan aprobarse para Alicante, en las distintas convocatorias que se van a realizar a lo largo del ejercicio, como los 15 millones ya concedidos para el desarrollo de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en cuadrada en dos anillos en torno al Centro Tradicional y al eje de la Gran Vía.
