SAN VICENTE DEL RASPEIG. La mercantil PreZero España, concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, como ya publicó Alicante Plaza. El asunto ha pasado por el pleno ordinario del miércoles 25 de enero, aprobándose el punto por 13 votos a favor del equipo de Gobierno y 11 abstenciones de la oposición.
Como ha expuesto Guillermo García (PSOE), concejal de Contratación, tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa, ahora el Ayuntamiento deberá enviar el expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante antes del 6 de febrero. Recursos que la mercantil ha llevado adelante "ante la negativa de realizar las prórrogas impulsadas y aprobadas por el plenario".
En un comunicado, Jesús Villar (PSOE), alcalde de la localidad, ha defendido que las prórrogas eran "necesarias" puesto que se trata de un servicio "esencial y necesario" para la ciudadanía, recalcando que "la alternativa era no recoger la basura y que no se limpien las calles, algo que, por supuesto, no voy a permitir como alcalde de la ciudad". Además, ha manifestado que "ya se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego".
"La decisión de prorrogar de manera forzosa la prestación fue por responsabilidad con el municipio. Somos conscientes de que la situación no es la deseada por todos, pero tenemos que seguir tratando de optimizarlo y, por ello, seguimos trabajando junto con los técnicos para avanzar en la redacción del nuevo pliego", ha insistido el primer edil.
Pleno ordinario de enero de 2023PreZero España cuantifica en unos cuatro millones la cifra. Sin embargo, Villar ha matizado que esta cantidad es una "estimación" de la empresa y que esta situación "se tendrá que resolver por otros cauces". Además, ha subrayado que la decisión de no ampliar el importe económico del contrato actual, como reclamaba la empresa, "es puramente de los técnicos responsables".
Asimismo, Villar ha asegurado que "el actual equipo de Gobierno es el primer interesado en que el contrato se hubiera hecho nuevo y se hubiera adjudicado para no caer en las actuales prórrogas, y así poder contar con una prestación adaptada a las necesidades de San Vicente. Además, la empresa está haciendo un esfuerzo por cumplir con el servicio y, no menos importante, es necesario recalcar que también es imprescindible la colaboración ciudadana".
Villar ha remarcado que el nuevo pliego podría estar ya en fase de adjudicación de no ser por la paralización judicial que sufrió en 2021 después de que los tribunales aceptaran los recursos presentados por las empresas excluidas para optar al servicio, un escenario que fue recibido como "un mazazo", puesto que "rompía" los plazos para tener listo este año el nuevo contrato.
"No eludimos nuestra responsabilidad y, por ello, decidimos prorrogar el servicio. Gestionar a veces implica tomar decisiones que no nos gustan, pero que son necesarias pensando en el interés general de San Vicente", ha añadido el primer edil. Y se ha referido al supuesto "plan de choque" en materia de Limpieza anunciado por el PP, calificándolo como "engaño" hacia la ciudadanía, ya que "el actual contrato no se puede ampliar ni se puede contratar un servicio que ya esté reflejado en el pliego de condiciones, aunque sea para reforzar una tarea, porque ya lo habríamos hecho nosotros".
En el transcurso del pleno, la oposición ha coincidido en el estado de suciedad del municipio. En este sentido, Ramón Leyda, portavoz de Compromís, ha trasladado la voz de la ciudadanía, afirmando que "pasa olímpicamente de líos de contratos, licitaciones, recursos de reposición... Lo que la gente desea es que el municipio esté limpio, que la frecuencia de limpieza sea la adecuada y que los contenedores no se encuentren en mal estado. Quiere resultados".
Por su parte, Lourdes Galiana, concejala del PP, ha interpretado el "trasfondo" de este requerimiento: "El sometimiento de la mercantil a las prórrogas forzosas conlleva un aprovechamiento de lo injusto, de la cual la administración tendrá que resarcir a la empresa con una compensación económica de relevancia". Y ha rogado al equipo de Gobierno que, "aun sabiendo que la administración goza del silencio administrativo, en estos contratos de relevancia contesten a los recursos".
En cuanto a Cs, Jordi Roig, su portavoz, ha recordado que las prórrogas "temerarias" del contrato "iban a tener consecuencias, tanto en el servicio que se presta como a nivel económico". También ha entrado a hablar sobre el servicio, alegando que "deja mucho que desear, con una maquinaria y prestaciones programadas en 2011. Doce años después, es ineficiente". Pero ha señalado un aspecto en el que la formación política sí está de acuerdo con la decisión tomada desde el gobierno municipal: el hecho de "que sea una empresa externa, profesional y con experiencia quien se encargue de elaborar los pliegos del nuevo contrato".
