ELCHE. El equipo de gobierno tendrá que esperar para conocer más acerca de la investigación sobre los cinco contratos menores que ahora tiene que abrir el Juzgado de Elche. Una vía judicial que previsiblemente llegará tras las elecciones, aunque ya está dando que hablar en lo político, con el PP hablando de corruptelas. De momento, según ha podido indagar este medio, en dos de los cinco expedientes en la picota se presentaron las mismas tres empresas, alternándose entre ambas las respectivas adjudicaciones (dos son del mismo gerente). Una de las mismas, con cierre registral desde hace una década, obviamente no adjudicataria.
En este sentido, y después de la relativa sacudida al sobrevolar de nuevo la sospecha de irregularidades administrativas que entrarán al ámbito judicial, el Fiscal Anticorrupción ha dado ahora la razón a las pesquisas del fallecido edil Juan Antonio Alberdi (Vox), quien ya planteó algunas de estas cuestiones en los plenos, después de pasar horas y horas estudiando este tipo de documentación en Contratación. De los mencionados cinco contratos, en dos de ellos se presentaron las mismas tres empresas (normalmente el técnico acude a firmas que conoce del sector para que presenten presupuesto), en 2019 y 2020.
No solo se presentaron las tres mismas, sino que dos de ellas son del mismo administrador, como ya se contó en exclusiva. Pero además, una de sendas, según habría averiguado el exedil y perito, declaró el cierre registral en 2013, aunque ya no estaba operativa desde 2006. Esta última empresa asimismo no era contratista habitual del Consistorio, y presentó en los dos expedientes un presupuesto que excedía la cifra límite para los contratos menores, a sabiendas por tanto de que no sería adjudicataria, y por ello el exconcejal inquirió por el asunto en el pleno y llevó el caso a Fiscalía, al entender que se trataba de una oferta para ser descalificada adrede, y que facilitara a otra la adjudicación. Lo que se conoce como las 'empresas pantalla'.
Así, mientras que en las obras de reformas de las oficinas de la concejalía de Deportes en el Esperanza Lag se adjudicó la intervención a una de las dos empresas que son propiedad del mismo gerente (a la única en activo, y que habría facturado 600.000 euros de contratos municipales en 2017 y 2022); en la obra de la sala audiovisual del mencionado pabellón, se llevó el contrato la otra compañía que había presentado a las reformas de las oficinas un presupuesto fuera del límite establecido por ley. En resumen: dos contratos, presentadas tres empresas diferentes, las mismas a cada uno. Dos de un empresario y otra de otro; cada cual se adjudicó una obra, habiendo presentado en la otra un presupuesto que le descalificaba automáticamente. Según la denuncia de Alberdi, en los otros tres contratos que se investigan se podrían haber dado operaciones similares pero con otras compañías implicadas.
Como ya se ha explicado, este criterio de pedir tres presupuestos para contratos menores (al que no está obligada la administración local) no está unificado entre las distintas responsabilidades del Ayuntamiento. Desde Contratación por ejemplo se apostaba por solicitar solo uno para evitar situaciones como esta, o bien sistematizar a través de una aplicación el proceso para que no se den estas 'anomalías'.