BENIDORM. El Grupo Telefónica ha sido la única en presentar ofertas al contrato para renovar el sistema de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Benidorm. La licitación se dividió en dos lotes, a las que ha pujado la compañía a través de dos de sus empresas: Telefónica de España SAU y la filial Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU. Tal y como recoge la documentación existente, cumplen con todos los requisitos a falta de saber las cuantías económicas propuestas.
En total, el contrato asciende a 4,6 millones de euros de presupuesto base, impuestos incluidos. De los cuales, casi 2,6 millones de euros son para el lote 1, que abarca la prestación de servicios de telecomunicaciones de voz (fija y móvil), datos, seguridad y comunicaciones. Mientras que para el lote 2 supera ligeramente los dos millones de euros, impuestos incluidos. En ese caso se ocupará del servicio de tecnologías de la información en el Consistorio.
De este modo, Telefónica de España se ha presentado para el lote 1, mientras que la otra sociedad ha hecho lo propio con el lote restante. Todo ello por un plazo de contrato de cuatro años.
El pliego por el que se rige la licitación recoge que en sus condiciones mínimas está la "actualización razonable de los de las infraestructuras y servicios actualmente en funcionamiento". El objetivo con el Lote 1 es que se dé continuidad a los trabajos realizados por el Ayuntamiento para homogeneizar las tecnologías subyacentes y la gestión de los servicios. Por ello, piden que se presenten ofertas "que faciliten la consecución de dicho objetivo mediante proyectos con un alto nivel de integración, que permitan disponer de un servicio de telecomunicaciones integral fiable y robusto, basado en las necesidades de sus usuarios, independientemente de su ubicación física".
En la misma línea está el Lote 2, que tratará de profundizar en la estrategia del contrato anterior. Para corroborar los resultados de estos esfuerzos, recuerdan que la auditoría realizada por la Sindicatura de Comptes les colocó los primeros en el ranking de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En 2019, este estudio analizaba el nivel de control adecuado, incluyendo la protección de la información que gestionan y la continuidad de los servicios públicos ofrecidos. Resultados que se vieron refrendados dos años después, cuando en lo relativo al índice de complimiento, pasaron del 74,9% de 2019 al 96,8% de 2021 y en el índice de madurez el cambio fue del 61,3% al 81,4%.