ALICANTE (EP/AP). Nueva reprimenda de la Sindicatura de Comptes sobre el control del gasto en el Ayuntamiento de Alicante. El órgano estatutario independiente encargado de fiscalizar la contabilidad de las administraciones públicas en la Comunitat, ha clasificado al ayuntamiento en una situación de "riesgo medio" en la revisión que ha realizado sobre el entorno de control municipal de su gestión durante los ejercicios de 2019 a 2021, en un informe en el que, además, enumera el hallazgo de 35 deficiencias significativas que "representan un riesgo para la propia organización administrativa" y su trasparencia y cumplimiento de la normativa aplicable.
En ese informe de fiscalización, que se extiende a lo largo de 74 páginas, se concede al ayuntamiento de la segunda ciudad con mayor volumen de población de la Comunitat 33.757 puntos en la revisión de su entorno de control, que suponen un 67,5% de la puntuación máxima posible y, por tanto, un nivel de riesgo medio. En concreto, en gestión administrativa ha obtenido un 72,1%; en gestión económica y financiera un 69,9%; en intervención un 63,4%; y en controles básicos de ciberseguridad un 64,6%.
Asimismo, entre las 35 deficiencias significativas "que representan un riesgo para la propia organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por la Intervención", se resalta que, entre el año 2019 y 2020, la Junta de Gobierno aprobó "119 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos" relacionados con gastos que no estaban debidamente reflejados en los presupuestos, "por un importe total de 20.946.069 euros" y que, además, el pleno aprobó también siete expedientes de la misma naturaleza "por valor de 2.278.020 euros". En total, habrían sido 126 expedientes por más de 23,2 millones reconocidos por PP y Cs: 64 aprobados en 2019 y 62 en 2020, como se refleja en la tabla adjunta.
Se trata de una anomalía relacionada, fundamentalmente, con el pago de facturas por la prestación de determinados servicios municipales que seguirían procurándose una vez vencida la vigencia de sus respectivos contratos, que ya se planteó en el último informe de fiscalización previa, evacuado en el año 2018 sobre los años 2015 y 2016, en el que la cifra de pagos por el procedimiento del reconocimiento extrajudicial se elevaba a los 43 millones.
En los años 2019 y 2020 analizados ahora, esa situación de contratos vencidos (cuyos costes no pueden tener reflejo en los presupuestos) afectaba, en esencia, al servicio de mantenimiento de zonas verdes y al de limpieza de colegios y dependencias municipales, aunque el dictamen no los cita de manera expresa. No obstante, lo cierto es que, en la actualidad, el Ayuntamiento ya ha conseguido renovar las contratas de ambos servicios tras su adjudicación a la empresa STV Gestión en los dos casos. Y, además, afronta la última fase del proceso de licitación para adjudicar el servicio de transporte público en autobús y el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, ambos operados a través de prórrogas desde 2020 y 2021 hasta ahora. Como viene informando este diario, el primero seguirá en manos de quien ha sido su concesionario durante los últimos 51 años, el Grupo Vectalia (a través de una alianza empresarial formada por sus principales empresas), y el segundo, quedará a cargo de una UTE conformada por FCC y PreZero. El bipartito trabaja con la previsión de que los dos nuevos adjudicatarios puedan asumir ambos servicios a comienzos de 2023.
Inversiones sin evaluar gastos posteriores
Sea como fuere, el dictamen de la Sindicatura de Comptes también pone el acento en otras deficiencias, igualmente relacionadas con los gastos, al recalcar que el ayuntamiento no dispone de un plan de inversiones "por un plazo de cuatro años, como anexo al presupuesto general", lo que favorecería un control más riguroso de su ejecución, y que, al tiempo, esas obras municipales "se planifican sin estimar su coste de mantenimiento o de financiación posterior".
Al tiempo, en materia de contratación, el informe también señala que, en ocasiones, no se motiva la urgencia de los contratos y se apunta la existencia de algunas contrataciones que se habrían formalizado sin seguir los principios de publicidad, transparencia y no discriminación de trato entre licitadores.
De igual modo, la Sindicatura incide en que el ayuntamiento no dispone de un inventario valorado de sus bienes y alude a la falta de comprobaciones respecto a las cuentas de los beneficiarios de determinadas subvenciones. Un apartado, el de las ayudas, en el que incide en que, a fecha de 31 de diciembre de 2019, existían subvenciones por valor de más de 402.000 euros pendientes de justificar. Es más, se añade que, una vez subsanado ese requisito, no se tenía constancia de que se hubiesen aplicado sanciones. Y por último, entre las principales deficiencias, se apunta la existencia de obligaciones reconocidas pendientes de cobro por 15,7 millones de 2014 o años anteriores que, por su antigüedad, podrían considerarse prescritas.
Recomendaciones
Ante esta situación, la Sindicatura de Comptes formula una serie de recomendaciones que afectan a las diversas áreas analizadas entre las que proponen elaborar manuales de procedimientos que incluyan las funciones y responsabilidades del personal asignado a las distintas áreas y adoptar otras medidas específicas de prevención contra el fraude o corrupción a lo largo de la tramitación de los expedientes de contratación.
Del mismo modo, aconseja mejorar la organización de la subárea de gestión tributaria, dejando constancia documental en el proceso de gestión de tributos de la comprobación de las variaciones entre los padrones del ejercicio corriente y del anterior; que la contabilidad se lleve al día, que se registren los hechos económicos de acuerdo con los principios contables que son de aplicación y que se ofrezca información fiable de la situación financiera, según se concreta en el dictamen.
Además, plantea al Ayuntamiento elaborar un plan de inversiones realista; estimar el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones y que en las actas del pleno de la entidad se haga referencia a los informes de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según añade el informe.
Los portavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar y Antonio Manresa.
Las reacciones
La emisión del informe de fiscalización no ha suscitado, todavía, ninguna valoración oficial por parte de los representantes del equipo de gobierno. Sus portavoces, Antonio Manresa y Manuel Villar, han asegurado este martes, durante su comparecencia posterior al desarrollo de la Junta Local, que no se tenía constancia del contenido del dictamen por lo que no podían emitir ninguna valoración al respecto.
No obstante, si la han ofrecido los representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En primer término, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha apuntado que "aunque consideramos que el organismo autonómico no dice nada nuevo respecto a la gestión que de este ayuntamiento realiza el equipo de gobierno del Partido Popular, entendemos que las deficiencias apuntadas merecen análisis y explicación por parte de la responsable económica del ejecutivo local de Barcala, Lidia López, y del propio alcalde".
"La falta de un plan de inversiones a cuatro años, las escasas motivaciones a la hora de justificar los contratos de urgencia, el control sobre determinadas subvenciones o el cobro dudoso de millones de euros, además de la falta de ejecución de las cuentas municipales, son temas de un calado que merece la convocatoria de urgencia de la Comisión de Hacienda, para un debate monográfico sobre esta cuestión", ha explicado. De hecho, ha anunciado que "desde nuestro grupo registramos esta solicitud y exigimos a Barcala que no la bloquee, como suele hacer en general con las comisiones, sino que atienda la petición y facilite transparencia y claridad".
De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha expresado su preocupación por las conclusiones del informe de la Sindicatura para señalar que "el PP ya llevó a la ruina a este ayuntamiento y a esta ciudad porque no saben gestionar, y una vez más, nos sacan los colores desde la administración autonómica diciendo que hay muchas cosas de la gestión económica de este ayuntamiento que no se están haciendo bien".
A su juicio, se trata de una circunstancia "que vemos cada día; no se ejecuta la mayoría del presupuesto, las grandes contratas están cogidas con pinzas, el tema de las subvenciones sobre las que siempre alerta el interventor, y pedimos que se tenga una gestión seria y responsable". "Sobre todo, lo que decimos a la ciudadanía que, si el PP sigue gobernando, nos volverá a llevar a la ruina y esa es una razón más para el cambio político que necesita Alicante a partir de 2023", ha concluido.
La fachada del Ayuntamiento de Alicante.
