Imagen de archivo de los servicios socialesSAN VICENTE DEL RASPEIG. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Crevillente para utilizar de manera recíproca las bolsas de empleo temporal de ambos consistorios. Esta acción viene motivada para dar cumplimiento al Contrato-Programa de la Generalitat Valenciana al que San Vicente se adhirió oficialmente el pasado noviembre. El plazo de vigencia del convenio será de un año.
El Contrato-Programa supone que se aumente la plantilla del área de Servicios Sociales en 18 trabajadores y trabajadoras que, por ratio, es el número que le corresponde al municipio. Actualmente, la plantilla cuenta con 22 profesionales, por lo que, al sumar los 18 nuevos, el departamento crecería hasta llegar a tener 40 personas empleadas. Ampliación que ya se está acometiendo, de momento, cubriendo cuatro plazas.
En concreto, los nuevos puestos que ocuparán corresponden a un asesor jurídico; dos trabajadores sociales en atención básica; dos educadores sociales; un jefe de Negociado de Bienestar Social; tres administrativos; un auxiliar administrativo; un trabajador social con Jefatura de Sección de Familia e Infancia; un agente de igualdad; un promotor de igualdad; cuatro técnicos de integración social y un educador social de atención específica.
En el convenio de colaboración firmado entre los ayuntamientos de San Vicente y Crevillente se expone que la congelación de las ofertas de ocupación y las consiguientes convocatorias, impuestas en los últimos años por las leyes de presupuestos generales del Estado, han acentuado la necesidad de realizar nombramientos temporales de personal interino por motivos de urgencia y necesidad.
Como ambos ayuntamientos tienen constituidas bolsas de empleo, podrían utilizarse "de forma inmediata" garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad para cubrir dichas plazas. Asimismo, se establece que ambos ayuntamiento se comprometen a actualizar de manera periódica las bolsas de empleo, con base en los principios de igualdad, publicidad y el carácter abierto de las convocatorias en la selección de empleados públicos.
