El edificio del parking en altura del Puerto en el sector de Poniente.ALICANTE. Alicante se prepara para recuperar la funcionalidad de uno de sus aparcamientos públicos de mayor capacidad: el situado en el sector de Poniente del Puerto de Alicante. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó este jueves conceder una autorización provisional a la empresa seleccionada como adjudicataria de su explotación en el concurso resuelto en abril de 2022, Interparking Hispania, para que pueda poner en servicio al menos las dos primeras plantas del edificio. Todo, a pesar de que el otorgamiento de esa concesión sobre la gestión del aparcamiento sigue en suspenso.
Es más, ese acuerdo seguirá congelado esencialmente a la vista de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que no había trascendido hasta ahora -dictada en diciembre de 2022 a instancias del recurso de un particular- por la que se declara nula la modificación número 5 del Plan Especial del Puerto de Alicante aprobada en abril de 2019.
A través de esa modificación de la ordenación urbanística del Puerto, entre otros puntos, se amparaban nuevos usos administrativos y de oficinas sujetos a concesión que favoreciesen la interacción puerto-ciudad en el ámbito comprendido entre la avenida de Loring y el edificio de Panoramis. Es decir, justo el ámbito en el que se sitúa el edificio del aparcamiento de Poniente: un entorno en el que hasta que se aprobó esa modificación -avalada por el Ayuntamiento de Alicante y por la Generalitat- solo se contemplaban usos industriales concebidas como apoyo a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), como informó este diario.
Esa sentencia sigue ahora pendiente del recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo (TS). De ahí que, en base a los informes jurídicos de la misma Abogacía, se haya acordado no completar la adjudicación de la concesión del parking para evitar exponerse a posibles compensaciones posteriores con la previsión de que pueda despejarse un horizonte en el que se atisba un triple escenario de posibilidades. Primero, que pueda confirmarse la anulación de la modificación del Plan Especial acordada por el TSJ. Segundo, que el TS ratifique la validez de esa modificación. Y tercero, que se pueda aprobar una nueva modificación del Plan Especial que sirva para regular esos nuevos usos pretendidos con las correcciones que el TSJ considerase pertinentes.
El acuerdo es provisional, a la vista de una sentencia del TSJ que anula la modificación número 5 del Plan Especial, pendiente de recurso ante el TS
En todo caso, el consejo sí resolvió conceder una autorización provisional de apertura para la entreplanta y la primera planta del aparcamiento con el fin de ampliar las posibilidades de estacionamiento en un entorno considerado próximo al centro.
Ese permiso tendrá una duración de un mes que se irá renovando por esa mismo plazo hasta que exista un pronunciamiento judicial definitivo sobre la modificación del Plan Especial, o se den las condiciones requeridas para que pueda otorgarse la concesión definitiva. Eso sí, esas prórrogas mensuales sólo podrán renovarse de forma sucesiva hasta alcanzar una duración máxima de tres años, siempre que para entonces no se haya despejado la validez de la ordenación urbanística propuesta con la modificación del Plan Especial.
El acuerdo también permite que pueda autorizarse el funcionamiento de alguna otra planta adicional entre las seis de las que dispone el edificio del aparcamiento, en el supuesto de que se constatar la existencia de la demanda necesaria para ampliar el número de plazas disponibles.
Al tiempo, el otorgamiento definitivo de la concesión también queda supeditado a las conclusiones del informe solicitado a la Abogacía del Estado respecto a los usos complementarios planteados por Interparking Hispania en la oferta con la que ganó el concurso. En concreto, la compañía -que también explota el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Levante- planteó la posibilidad de habilitar pistas de pádel sobre la planta cubierta del edificio. De ahí que el Puerto acordase en su reunión de febrero solicitar un informe sobre la compatibilidad de ese nuevo uso propuesto. En principio, no ha trascendido que se haya facilitado una respuesta sobre la viabilidad jurídica de ese otro uso.
