La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala, en un pleno, en una intervención del portavoz del PSOE, Miguel Millana. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante seguirá sin tener un presupuesto nuevo para el ejercicio de 2023 por un tiempo indefinido que nadie es capaz de precisar. El equipo de gobierno, el bipartito formado por PP y Cs, trató de dar este jueves un giro al debate al desconvocar la comisión de Hacienda que debía celebrarse este viernes con el propósito de ganar tiempo para negociar, a la vista de que no contaba con los votos necesarios para que se emitiese un dictamen favorable que despejase la aprobación de sus cuentas.
Sin embargo, nada parece indicar que vaya a producirse modificaciones en las posturas dadas a conocer por los cuatro grupos que conforman la oposición: PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox. Sus representantes persistieron en su plante ante la planificación económica diseñada por el bipartito, pese a que el alcalde, Luis Barcala, se comprometiese a aceptar las 11 enmiendas consideradas técnicamente válidas entre las presentadas por el PSOE, así como 10 de las 14 registradas por Compromís que también superaron el filtro del informe de la Oficina Presupuestaria de la Concejalía de Hacienda. En esa oferta no se incluyó a Unides Podem EU, aunque en ese informe se validaron 19 de sus enmiendas parciales, además de su enmienda a la totalidad. Y tampoco figuró Vox, ya que no registró aportaciones parciales y su enmienda a la totalidad quedó rechazada.
En ese contexto, fuentes consultadas en el equipo de gobierno y entre los grupos de la oposición apuntaron que, en realidad, ya no se trata de una cuestión de aceptación o de rechazo de enmiendas, sino de posicionamiento político en la antesala de la campaña electoral. Entre las formaciones del eje progresista se insiste en que las cuentas planteadas por PP y Cs no son las que Alicante necesita y que los dos socios de gobierno no se han abierto a la posibilidad de dialogar para incorporar sus sugerencias en ningún momento. Así, aseguraron que la admisión de enmiendas no resulta suficiente en la medida en que, en esa fase de la tramitación de las cuentas, el margen de maniobra es mínimo para modificar el presupuesto, y que las aportaciones que permanecen sobre la mesa para poder votarse son de puro contenido simbólico, sin ninguna eficacia real para satisfacer las necesidades de la ciudad.
De ahí que hayan respondido al planteamiento unilateral del bipartito con otras condiciones de carácter político alineadas con el ideario que han venido defendiendo a lo largo de todo el mandato (como la retirada de la ordenanza de convivencia, la dotación de un fondo participativo de apoyo a las empresas, el reequilibrio fiscal o el fin del bloqueo a la gestión del Consell que atribuyen a la edil Julia Llopis), a sabiendas de que no serán aceptadas por PP y Cs, con el fin de forzar su desgaste a menos de cuatro meses de las elecciones municipales.
PSOE, Unides Podem EU y Compromís son conscientes de que tendrían una baza que explotar sobre la que dirigir sus críticas si los dos partidos a cargo de la gestión municipal llegan a la cita con las urnas, el próximo 28 de mayo, sin ser capaces de haber aprobado unos presupuestos nuevos, después de haber intentado su tramitación.
Y otro tanto sería extrapolable en el caso de Vox, que fue la primera fuerza en anticipar su rechazo a las cuentas salvo que el bipartito accediese a suspender la implantación de las medidas de disminución del tráfico que conlleva la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y aceptase su propuesta de reforma fiscal (eliminación del impuesto de plusvalía y rebaja de tipos en el impuesto de vehículos).
No es ninguna novedad: su no al presupuesto, después de tres años en los que ha venido respaldando las propuestas económicas de PP y Cs tras conseguir algunas cesiones, constituye un intento de desmarque respecto a la estela del PP con el propósito de postularse como alternativa para el electorado de centro-derecha. En ese movimiento, el grupo que encabeza Mario Ortolá como portavoz no ha escatimado en asociar a los populares con lo que Vox suele calificar como "la mentira de la emergencia climática de la izquierda" por el impulso de la ZBE.
En cualquier caso, el bipartito no ha eludido ese pulso. Es más, PP y Cs tratan de mantener el discurso de que las fuerzas del eje progresista se niegan a negociar pese a la oferta de pacto de parte de sus enmiendas con el propósito de poner de manifiesto que prefieren bloquear el funcionamiento de la ciudad con un presupuesto nuevo al decantarse por intereses electoralistas. Es decir, justo el mismo motivo que también estaría guiando su estrategia de situar a Vox en el mismo bando que el eje progresista -al oponerse, también, al presupuesto- para tratar de desacreditar a sus representantes ante su electorado y, así, atraerlos hasta sus propias papeletas.
En suma, sobre todo el PP, trataría de ensanchar su base para ampliar resultados y crecer en número de concejales con la intención de no tener que depender de una posible alianza con terceros, ya sea Cs (si logra resistir en la corporación pese a la tendencia nacional al retroceso registrada en las últimas elecciones autonómicas previas) o Vox. Así lo expresó el mismo Barcala en una ronda de entrevistas radiofónicas concedidas a cierre de 2022.
En esa tesitura, cada vez se hace más evidente que el debate del presupuesto tendrá una segunda parte tras la celebración de los comicios. Tanto el eje progresista como el del centro-derecha aspiran a disponer de la mayoría suficiente para poder aprobar el presupuesto de 2023 (reformulado o completamente nuevo) tras obtener la confianza de la ciudadanía a su propuesta política. Entre tanto, los gastos fijos ineludibles como el consumo energético o los derivados de la puesta en marcha de las nuevas contratas de limpieza viaria y recogida de servicios, o de transporte público en autobús, tendrán que satisfacerse mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (la fórmula para abonar gastos no presupuestados) o mediante la aprobación de modificaciones de crédito respecto a los presupuestos de 2022 ahora prorrogados, salvo que no se superen las cantidades asignadas en esa planificación.
