El alcalde, Luis Barcala, conversa con los ediles del PSOE en el pleno, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La operación contable impulsada por el equipo de Gobierno del PP para cancelar el Plan de Ajuste al que se encuentra sometido el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2012 sigue sin convencer al principal partido de la oposición: el PSOE. Las discrepancias entre ambas formaciones en relación al uso de 30,5 millones de euros del remanente del presupuesto de 2017 para liquidar las cantidades pendientes de devolución de los créditos suscritos con motivo del Plan de Pago a Proveedores se agudizaron este jueves, después de que el PP anunciase su intención de convocar una oferta de empleo público para cubrir las necesidades existentes en la plantilla del Ayuntamiento, mediante la aprobación de un nuevo presupuesto municipal para 2019 (en la que los populares requerirían el respaldo explícito o implícito de la oposición) y una vez lograda esa hipotética cancelación del plan de ajuste. Eso sí, para ello, como viene informando este diario, se requiere que el pleno de la corporación apruebe la modificación de crédito, ahora en fase de discusión política con los grupos de la oposición, y que el Ministerio de Hacienda confirme el fin de su intervención contable sobre el Ayuntamiento.
¿De qué necesidades de plantilla se estaría hablando? Según precisó el equipo de Gobierno a través de un comunicado, una primera valoración elaborada por la Concejalía de Recursos Humanos contempla "unas necesidades de aproximadamente 200 nuevas plazas en el Ayuntamiento de Alicante". De acuerdo con el PP, la cancelación de Plan de Ajuste "permitirá empezar a solucionar esta situación, que afecta a la Policía Local, a los Bomberos, a Acción Social, Contratación y, de manera generalizada a todas las concejalías, que adolecen de plazas de auxiliares, administrativos y técnicos".
Esa primera estimación motivó la réplica del grupo municipal socialista. El exconcejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, rebajó esas teóricas pretensiones del PP al señalar que la cobertura de plazas queda sujeta a las determinaciones que se fijan en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, en las que se marca las tasas de reposición de plazas por jubilación. Así, detalló que en este momento esas tasas permitidas son del 110% para los denominados servicios esenciales (seguridad y asistencia social) y del 50% para el resto de plazas, "lo que conlleva que por mucho que el PP quisiese no van a poder contratar a 200 personas". En esta línea, Giménez señaló que todo parece indicar que "tampoco van a ser capaces de contratar a los 400 jóvenes que se había acordado dar cabida a través de los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por entidades locales (EMCUJU y EMPUJU), ya que en la convocatoria publicada en la web municipal se habla de 160 contrataciones".
El edil de Hacienda, Carlos Castillo, durante la reunión mantenida con la portavoz y el portavoz adjunto del PSOE, Eva Montesinos y Miguel Castelló.Lo cierto es que este último elemento de disputa ha acrecentado las dudas del PSOE respecto a la modificación de crédito que permitiría cancelar el plan de ajuste. Pese a que el grupo todavía no ha adoptado una determinación firme, se considera poco probable que se emita un voto a favor para formalizar una operación que "supondría sacrificar inversiones para la ciudad sólo por la incapacidad del PP para sacarlas adelante". "Aquellos que criticaban el bajo nivel de ejecución presupuestaria del PSOE, resulta que ahora pretenden sacar rédito político de ello y van a destinar el remanente que ellos han heredado para pagar préstamos porque son incapaces de impulsar sus propios proyectos", insistió Giménez. "Además, queremos que nos aclaren las diferencias en las cifras que manejan el concejal de Hacienda y el propio alcalde, ya que el primero nos dice que quedaría 1,8 millones para inversiones y el segundo habla de 10, que no sabemos de dónde saca", apostilló.
Al margen de la predisposición de Guanyar a negociar esa modificación de crédito, ya contada por Alicante Plaza, en la misma situación de incertidumbre en la que se encuentra el PSOE siguen situándose tanto Ciudadanos (Cs) como Compromís. El portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, insistió este jueves en que el momento político en el que se ha planteado la propuesta, a menos de un año de elecciones, "nos sigue generando muchas dudas". "Primero, porque no tenemos claro que les dé tiempo a impulsar la reforma fiscal que están anunciando", dijo. "No sabemos cuándo va a dar su visto bueno a la cancelación del plan de ajuste el Ministerio de Hacienda, y sin ello, no pueden comenzar a modificar las ordenanzas fiscales", añadió. "¿Por qué tenemos que renunciar a que se ejecuten inversiones con esos 30,5 millones", se preguntó. Y, en segundo término, señaló que "en todo caso, la medida parece encaminada a despejar el camino al PP, que llegaría a las próximas elecciones de 2019 sin los límites del plan de ajuste".
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, volvió a abundar en que la coalición comparte el fondo de la propuesta del PP (la cancelación de plan de ajuste), pero insistió en que su propuesta no es la fórmula que se votó y se aprobó en el pleno municipal. "Nosotros defendemos que se abra una negociación con el Ministerio de Hacienda para utilizar la misma solución que permitió esta operación al Ayuntamiento de Madrid en 2014", cuando se autorizó la concertación de préstamos a intereses más bajos para cancelar los créditos suscritos con motivo del plan de pago a proveedores. Bellido señaló que así lo volverán a reivindicar los diputados de Compromís en el Congreso en el encuentro previsto para la semana que viene con la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
