Un operario del servicio de limpieza en pleno baldeo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La labor de supervisión desplegada por el Ayuntamiento de Alicante sobre el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos se cobra una nueva propuesta de sanción por incumplimiento del contrato. El bipartito compuesto por PP y Cs prevé acordar este martes, en Junta de Gobierno, la imposición de una nueva penalización a la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) al observar defectos en la elaboración del informe de auditoría económica correspondiente al ejercicio de 2016. En principio, esos defectos derivarían de la aportación de información incompleta, con lo que el informe aportado no respondería a los fines requeridos.
La aplicación de esta nueva sanción se anticipó en el transcurso de la comisión específica sobre el contrato desarrollada hace dos semanas, en la que se produjo la comparecencia del técnico responsable del contrato, Sebastián Chicote. En su exposición ante los representantes municipales que componen la comisión, el técnico apuntó que, desde julio de 2019, se ha acordado minoraciones y penalizaciones a la UTE que asume la prestación por un importe de más de 300.000, lo que habría motivado la respuesta de la concesionaria en forma de presentación de alegaciones o de recursos en vía judicial.
Entre estos últimos casos, figuraría el contencioso interpuesto respecto a la selección del auditor que debería elaborar el informe económico correspondiente al año 2018, a propuesta del departamento de intervención municipal. Ese contencioso, en el que la UTE defiende su disconformidad con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento, sigue pendiente de resolverse, según confirmaron este lunes fuentes consultadas.
La nueva penalización -que previsiblemente también se aplicará mediante una retención en los pagos de las próximas certificaciones mensuales- responde a las deficiencias que, a juicio de los técnicos del departamento de Limpieza, se habrían producido en la elaboración del informe económico de 2016. Se trata de un estudio centrado básicamente en los flujos económicos del contrato (como los costes laborales de la plantilla o el índice de absentismo) que la concesionaria está obligada a realizar cada año, en función de lo previsto en el pliego de condiciones que rige la prestación del servicio desde el año 2013.
