El PP de Alicante salva el trámite de rendición de cuentas para su fiscalización con anuencia de Vox

ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), salva in extremis el formalismo de la aprobación de la cuenta general de 2022 para su fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas con el permiso de Vox en el transcurso de un pleno extraordinario celebrado en el último día de plazo para cumplimentar ese trámite. En esa sesión, los representantes de la formación que preside Santiago Abascal se han decantado finalmente por una abstención, pese a que en la comisión de Hacienda celebrada en agosto se habían posicionado en contra. En ese momento, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, justificó su rechazo al argumentar que ninguna de las enmiendas de Vox negociadas y aprobadas con el equipo de gobierno anterior sobre las cuentas de 2022 se habían ejecutado tal como se pactaron. Y, añadió que, "a pesar de tener más de 100 millones de euros de remanentes de tesorería y una ejecución presupuestaria de apenas el 62% de un presupuesto de más de 300 millones", se negó la propuesta registrada por Vox para eliminar el impuesto de la plusvalía, así como para reducir "al mínimo legal el impuesto de circulación". Además, también recriminó la ausencia de un Plan Estratégico de Subvenciones -que se viene remarcando en los sucesivos informes anuales de Intervención- cuando, a juicio de Ortolá, se trataba de un requisito que contribuiría a evitar "despilfarros y que chiringuitos se lleven sin control el dinero de los alicantinos".

Sin embargo, Vox ha obviado esos reproches formulados hace dos meses y se ha inclinado ahora por la abstención con el fin de no penalizar al Ayuntamiento, según ha defendido su portavoz municipal, Carmen Robledillo, durante su intervención en el pleno. Y esa ha sido la posición que ha permitido que el acuerdo prosperase por mayoría simple, ya que los tres partidos del eje progresista que ejercen funciones de oposición -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- han modificado la abstención manifestada en comisión para acabar votando en contra. En caso de que Vox hubiese mantenido el voto en contra manifestado en comisión, la propuesta de presentación de la cuenta general planteado por el PP habría quedado desestimado.

En la exposición del contenido del acuerdo, el edil de Hacienda, Toni Gallego, se ha limitado a resumir de forma escueta que el acuerdo consistía simplemente de la ratificación de la cuenta general consolidada para poder elevarla al Tribunal de Cuentas, sin incidir en su contenido, dado que ya fue objeto de análisis en la comisión de Hacienda celebrada a mediados de agosto. En todo caso, ha señalado que el acuerdo se planteaba ahora en un pleno extraordinario al no haberse podido completar la última documentación necesaria para ello para que pudiese incluirse en el orden del día del pleno ordinario de septiembre.

En el turno de intervenciones de los grupos políticos, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha reprochado al equipo de gobierno que "llegamos tarde" respecto a los tiempos establecidos para cumplir el trámite de presentación de cuentas y, entre otros aspectos, ha recriminado que se haya renunciado al desarrollo de una aplicación específica para mejorar el control de la contabilidad municipal "por falta de personal". Así, ha denunciado "falta de planificación y de control", además del bajo nivel de ejecución presupuestaria, así como la ausencia de un plan municipal de subvenciones, como principales argumentos señalados en el informe de Intervención municipal sobre el ejercicio económico de 2022. "La valoración política que hacemos es clara: el equipo de gobierno no está cumpliendo con los plazos y no quiere orden ni control porque no está habilitando los medios para ello".

Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha asegurado que el PP "no sabe gestionar" al señalar que "este es el peor balance de cuentas de los últimos seis años". También ha recriminado la baja ejecución presupuestaria, "de un 60%", según ha señalado, además de la externalización de los servicios públicos "sobre los que no existe ningún tipo de supervisión", ha asegurado. Así, se ha cuestionado "qué están haciendo ustedes aquí" tras aludir, de nuevo, a las observaciones recogidas en el informe de Intervención respecto a la baja ejecución presupuestaria y la falta de personal en el área económica municipal. "En definitiva, nula gestión, nula coordinación, nula planificación y nulo control", ha concluido.

Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha anticipado que su grupo optaría por una abstención "por responsabilidad", aunque ha recalcado la existencia de "varios errores" en estos primeros meses del mandato "como este retraso en la aprobación de las cuentas", según ha señalado.

Por el PSOE, la edil Silvia Castell, también ha criticado el retraso en la aprobación de la cuenta general y la existencia de "errores" o "omisiones" en la documentación aportada al no estar acompañada de las preceptivas memorias, según ha argumentado. La suya ha sido la intervención más dura respecto a la gestión del PP, al señalar que "el Ayuntamiento de Alicante no cuenta con un plan de inversiones realista. Son unos expertos en trilerismo. Dijeron a primeros del año 2022 que se iban a dedicarían 37 millones de euros a inversiones. En mayo elevaron esa cantidad en 85 millones de euros, alcanzando por tanto un total de 122 millones de euros. Sin embargo, sólo han terminado ejecutando 48 millones de euros, es decir, un 39% de lo presupuestado".

"Con un presupuesto de 330 millones es necesario de implantar un programa de contabilidad analítica que ustedes han renunciado a implantar al ser incapaces de resolver la ineficaz gestión de los recursos humanos de este ayuntamiento", ha señalado. "Ustedes prescinden de los instrumentos necesarios para mejorar la gestión", ha apuntado. De ahí que no haya dudado en sostener que "por eso el ayuntamiento va sin rumbo", tras aludir a las advertencias formuladas por el departamento de Intervención y por los últimos informes de la Sindicatura de Comptes, sobre los ejercicios 2019-2021, en los que, según ha detallado, se detectaron "35 deficiencias significativas sobre el entorno de control del Ayuntamiento, determinando que se trata de una administración local que no tiene un inventario valorado, informatizado y conciliado con la contabilidad; que no existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años, como obliga la ley; y que cuando se planifica una inversión no se estima su coste de mantenimiento ni su financiación posterior".

Inversiones a cuatro años

En el turno de réplica, Mas ha recriminado a Vox su intención de facilitar la aprobación de la cuenta general a pesar de que "el 40% de los impuestos de los alicantinos estén en los bancos". "Ustedes para qué están aquí, ¿para forrarse?", ha espetado. Por alusiones, Robledillo ha apuntado que su partido había llegado al ayuntamiento para hacer política "y no para hacernos ricos", como le había reprochado previamente Mas. Y Castell ha incidido en recriminar el retraso en la ejecución de inversiones que se recoge en el informe de intervención, tras aludir a proyectos no ejecutados pese a los anuncios que se han venido reiterando a lo largo de los últimos cinco años, como la pasarela ciclopeatonal hacia Urbanova, la segunda fase de la reurbanización del barrio de Divina Pastora, la rehabilitación del antiguo matadero o la ampliación de las naves del vivero e incubadora de empresas Príncipe Felipe, por ejemplo.

En el cierre del debate, Gallego ha reconocido la falta de personal y también ha recogido el guante respecto a la ejecución y planificación de inversiones municipales para incidir en que en las cuentas de 2024 se reflejará un plan a cuatro años "que ustedes podrán conocer perfectamente". En todo caso, ha respondido a las críticas de los representantes del eje progresista para señalar que "resulta incongruente que ustedes digan que no se ejecutan inversiones y que, al tiempo, se nos acuse de tener a toda la ciudad levantada y en obras". "O una cosa o la otra", ha finalizado.

A la postre, en el momento de la votación, el acuerdo ha quedado refrendado por mayoría simple con el voto favorable de 12 de los 14 concejales del PP (ante la ausencia de las ediles de Cultura y Turismo, Nayma Beldjilali y Ana Poquet, respectivamente ), frente a los 11 votos en contra de PSOE (8 concejales), Compromís (2) y Esquerra Unida Podem (uno). Por último, los tres representantes de Vox presentes en la sesión (su portavoz adjunto, Mario Ortolá, se ha ausentado), se han decantado por la abstención.