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la secretaria autonómica se reúne con vecinos de santa anna

Política Territorial recomienda regulación municipal en el Camp d'Elx ante la proliferación de fotovoltaicas

20/01/2023 - 

ELCHE. Los vecinos de Santa Anna, los más activos del Camp d'Elx en lo respectivo a la treintena de solicitudes de implantación de fotovoltaicas, porque tienen al menos dos macroproyectos cerca de sus viviendas, siguen su camino de exigencias para conseguir que se regule su instalación. En ese sentido, este jueves se han reunido con la secretaria autonómica de Política territorial, Urbanismo y Paisaje, Inma Orozco, que se ha desplazado hasta la pedanía. Un encuentro en el que la secretaria recomendó la regulación de los parques solares por parte del Ayuntamiento ante esta tesitura. 

En la reunión, en la que no solo había integrantes de la asociación, sino también de ADR Camp d'Elx y Margalló, los vecinos trasladaron a la secretaria autonómica que se estaban admitiendo a trámite proyectos que a juicio de la asociación no se deberían haber permitido al no cumplir con el decreto para la implantación de solares: advierten que están en suelo no urbanizable con alto nivel agrológico principalmente y en suelo sujeto a una Declaración de Interés Comunitario (DIC) como suelo terciario de un campamento de turismo. Esto referido a que dos grandes proyectos (el de Viridi y el de Greenalia) se solapan en la misma parte del territorio, en el que está autorizado el gran camping de Mundosol, lo que impediría su viabilidad. Aunque argumentan que les afectan no dos, sino cuatro proyectos fotovoltaicos.

Incumplimientos del decreto autonómico

Orozco les ha indicado este jueves que es "vital" la regulación del territorio tanto "a nivel autonómico como desde el municipio para que estos proyectos se  ubiquen en terrenos degradados principalmente". En cualquier caso,  también incidía en que es importante que realicen alegaciones a las  deficiencias observadas, ya que las anteriores son algunas de las "incongruencias" que critican los vecinos. En la reunión mantenida con el alcalde, varios ediles y técnicas del área hace unos días, estas últimas señalaban que al no haber regulación municipal sobre las placas solares en terreno rural, no pueden negarse a autorizar informes de compatibilidad urbanística. La responsable autonómica entiende que es necesario "conciliar" la autosuficiencia energética con el desarrollo de renovables con la protección del territorio, y que el decreto pretende esa conciliación, aunque incide en que este "prioriza suelos degradados e instalación en cubiertas de edificios". Señala que están trabajando para materializar esa conciliación "y no sacrificar terrenos fértiles". De ahí que llame a la ordenación urbanística de las solares a nivel autonómico y local.

Por su parte, los vecinos le han trasladado que no se cumple el decreto autonómico porque se están tramitando estas iniciativas en zona de riesgo  geomorfológico (además de la escorrentía que pudieran producir) según el  plan de inundaciones autonómico, por ser zona prioritaria, porque  invade dos zonas pecuarias, porque los terrenos sobre los que solicitan  ubicación, en su mayoría, no han sido arrendados y/o comprados (hace  falta el 25% para tramitarse y el 100% para autorizarse), por la  ocupación parcial de parcelas indivisibles, por la contaminación  electromagnética de las subestaciones o por los tendidos de alta tensión  que discurren por zonas transitadas y habitadas. También le han  transmitido que estos proyectos se encuentran lindando unos con otros "y  se presentan de forma fraccionada. De este modo intentan evadir el  estudio real del impacto que estas grandes extensiones de fotovoltaica  producen en su ubicación", apuntan los colectivos.

Según grupos  ecologistas, han de analizarse de forma integral estos proyectos que  pertenecen a un mismo grupo empresarial al tratarse de una misma unidad  paisajística. "Este hecho no es aislado de Santa Anna, sino que se  repite en todo el suelo no urbanizable del término municipal, afectando  en su gran mayoría a zonas de alto valor agrológico y medioambiental",  apostillan.

Hito de tramitaciones solares: el 25 de enero

Por otra parte, en la reunión mantenida días atrás, el Ayuntamiento apuntaba a que a finales de mes se conocería el futuro de distintas  iniciativas y que "muchas de ellas no saldrán adelante" porque caduca el  permiso ambiental. La contrapartida y preocupación de los vecinos de la  pedanía es que puede que algunos no se acaben tramitando, pero otros sí  que se aprobarán. Esa fecha es el 25 de enero. Al menos una en la que vencen los permisos de varias de las tramitaciones en marcha. Por este motivo de momento rehúsan desarrollar normativa, porque no todos saldrán adelante, aunque sí se comprometieron a estudiar la situación.

Solicitud oficial para suspender cautelarmente tramitaciones

En cualquier caso, estos colectivos van a pasar por el  registro municipal un escrito dirigido al equipo de gobierno con el  argumentario esgrimido, solicitando que sea el Ayuntamiento "el  que  determine el suelo donde se pueden poner estas centrales y no que  estas  multinacionales intenten ubicarlos donde les interese y nos toque a los  vecinos buscar abogados para realizar alegaciones e informes para  impedir que nos echen de nuestras propiedades". Piden también que se  protejan sus viviendas con distancia de seguridad, así como sus campos y   tierras "para que podamos seguir cultivando, que se protejan nuestra   flora y fauna, que se limiten el número de estos megaproyectos   atendiendo al principio de sostenibilidad, etc., bien con una ordenanza  o  bien modificando parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana  para  este tipo de instalaciones". 

Y en tercer lugar, que  mientras se a  tiendan estas exigencias, se suspendan cautelarmente  estas licencias.  Municipios cercanos como Catral han obligado a aplicar distancia mínima de las plantas solares de sus viviendas, mientras que otras como la propia Alicante han suspendido licencias de obra ante la falta de normativa, Xixona ha hecho lo mismo dejando tan solo las que ya había en trámite, Castalla ha modificado su Plan General para ello por posibles zonas sensibles y Villena planteó elaborar un Plan Especial al respecto aunque no se ha ejecutado. Entienden que Elche está en "desventaja" respecto a otros Ayuntamientos que sí han tomado medidas cautelares de suspensión o moratorias de este tipo de licencias hasta que regulen su territorio, "por lo que es posible que estas multinacionales vengan a solicitar más proyectos a nuestro municipio", teniendo en cuenta su extensión rural.

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