El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz y al portavoz adjunto de Vox, Carmen Robledillo y Mario Ortolá, en un encuentro tras las elecciones del 28M, en imagen de archivo.ALICANTE. La reorganización de la estructura del Ayuntamiento de Alicante trazada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), tras la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo (aunque ya se venía trabajando en ella desde el pasado mandato) da sus primeros pasos gracias al acuerdo alcanzado con Vox. El partido de Santiago Abascal volvió a convertirse este jueves en socio preferente de los populares (con quienes comparte competencias en el Consell) al prestarles los votos necesarios para que la propuesta de retribuciones de esos nuevos cargos directivos pudiese quedar aprobada en pleno, después de coincidir con el PP en la necesidad de contar con ellos para ganar eficacia en la gestión y mejorar la planificación de las decisiones municipales, en desarrollo de una posibilidad legal que ya se ha ejecutado en otras grandes ciudades, como argumentaron el edil de Hacienda, Toni Gallego, y la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, en sus respectivas intervenciones en el pleno.
Sin embargo, sus discursos no evitaron las críticas de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, que insistieron en tildar el nombramiento de esos directores generales como la constitución de un "gobierno paralelo", o como ejemplo de la creación de "chiringuitos". Todo ello, entre la protesta de los funcionarios, convocados en el salón de plenos por SEP y CCOO para exigir la implantación de la carrera profesional comprometida por el PP desde 2019 y todavía en fase de negociación cinco años después.
En ese contexto, el apoyo de Vox a la contratación de los nuevos cargos directivos se sustanció en un acuerdo por el que sus representantes se habrían garantizado la capacidad de opinar respecto a las propuestas de nombramientos de las personas llamadas a desempeñar esas responsabilidades. Y, además, habría conseguido el compromiso de que para su designación, se primase la valoración del currículum y de la experiencia previa como criterios para su selección.
Eso sí, nada parece indicar que vaya a organizarse un proceso abierto a la presentación de aspirantes interesados, como el que sí se convocó en el pasado para tratar de cubrir la plaza de gerente del Patronato de Turismo (ahora amortizada) o para nombrar al nuevo gerente del Patronato de Vivienda tras la jubilación de su último responsable. De este modo, el nombramiento de los directores generales se producirá por designación directa (bien por decreto, o bien por acuerdo de Junta de Gobierno). Además, tampoco se exigirá que los designados sean forzosamente funcionarios públicos, de modo que podrá optarse por profesionales del sector privado siempre que se justifique su capacidad para el desempeño de las tareas que se les encomienden.
Sea como fuere, la premisa de la valoración de dichos méritos (cualificación y trayectoria) sí sería una condición con la que en las filas de Vox se darían por satisfechos respecto al requisito manifestado tras la celebración de la comisión informativa de Hacienda en la que se dictaminó la propuesta de retribuciones: que los elegidos no tuviesen afiliación política como militantes de ningún partido.
A partir de ese pacto, se habría convenido que el nombramiento de esos nuevos cargos directivos se produzca de forma gradual, en tres fases distintas. La primera, que se anuncia como inminente, conllevará la designación de los dos coordinadores generales contemplados en el nuevo organigrama municipal, además de un director general de Plan General de Ordenación Urbana y Planificación Urbanística.
Esas tres plazas ya estarían cubiertas, a propuesta del PP, en función del acuerdo concertado entre los dos partidos. Así, se materializará la contratación de la arquitecta Leticia Martín como directora general para que pueda continuar ejerciendo como responsable del proceso de revisión del PGOU, después de que quedasen extinguidos los dos años de duración de la comisión de servicios por la que se produjo su traslado a Alicante desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Esa circunstancia había dejado la dirección de la Oficina del PGOU vacante de manera oficial con efectos desde el 4 de octubre sin que se hubiese designado sustituto, como informó este diario.
Robledillo y Barcala, en la reunión en la que se negoció el acuerdo sobre los directores generales.Además, todo parece indicar que el puesto de coordinador general de estrategia municipal recaerá en el actual jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, que viene desempeñando funciones como cargo de confianza del PP desde 2015. Está por ver si, en caso de que se confirme su nombramiento, podría producirse su sustitución en las responsabilidades que desempeñaba hasta ahora en una de las plazas principales reservadas para el personal eventual vinculado al equipo de gobierno.
Y, por último, para la plaza de coordinador general de transformación y gestión municipal se habría optado por una mujer procedente del sector privado, que acumularía una dilatada experiencia en puestos ejecutivos, cuya identidad no ha trascendido.
La segunda fase conllevará el nombramiento de otros cinco directores generales de forma progresiva. Se trata de los puestos previstos para las áreas de Servicios Públicos; Proyectos y Obras; Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía; Turismo y Playas, Comercio, Mercados y Fiestas; y Bienestar Social, Educación, Sanidad y Familia. Su nombramiento quedaría ajustado a los citados requisitos de valoración de currículum y experiencia.
Y, por último, la tercera fase quedaría en suspenso, de modo que el hipotético nombramiento de los directores generales de Innovación, Servicios Centrales, Medio Ambiente y Cultura y Deportes quedaría aplazado a una evaluación posterior sobre su necesidad y conveniencia. Esa valoración podría demorarse, incluso, a un próximo mandato. Sería otra de las condiciones planteadas por Vox para respaldar la iniciativa del PP.
A esos directores generales (en el número que se acabe contratando) se sumarían otros cuatro puestos ya cubiertos: el titular del órgano de Gobierno, que equivaldría al cargo del vicesecretario general; el titular de la Asesoría Jurídica, que estaría representado por el jefe de los Servicios Jurídicos Municipales; el titular del Órgano de Gestión Económico-Tributaria, en alusión al interventor municipal; y el titular del órgano de Contabilidad, en referencia al tesorero.
En función del acuerdo aprobado en el pleno de este jueves, los dos coordinadores percibirán unos emolumentos brutos anuales de 82.000 euros, mientras que cada uno de los directores generales que se acabe designando cobrará 75.000. Es decir, más del sueldo que percibe un concejal con delegaciones de gobierno (67.637,26 euros brutos).
En su conjunto, se habría estimado que los nuevos cargos supondrían un coste global próximo a los 1,5 millones que, en realidad, quedaría reducido a 1.094.000 euros, puesto que los puestos de vicesecretario, interventor, Asesoría Jurídica y tesorero ya existen y, por tanto, ya están remunerados. En cualquier caso, desde que se planteó la propuesta de retribuciones, los representantes del equipo de gobierno vienen defendiendo que ese coste salarial adicional que conllevaría la contratación de los doce nuevos cargos (en el supuesto de que se nombrasen en su totalidad) se cubrirá con cargo a la amortización de plazas creadas en el organigrama municipal y consignadas presupuestariamente, pero no ocupadas. A partir de ahora, ese coste previsto pero no consumido sí llegará a ejecutarse.
