ALICANTE. El proceso de liquidación de la Fundación del Elche CF entra en la recta final.
En los próximos días finalizará el plazo de tres meses que se contempla en el plan de liquidación para presentar ofertas por sus bienes y derechos. Con el mismo, aprobado por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante (con sede en Elche) el pasado 4 de febrero, se busca obtener ingresos para rebajar la deuda millonaria que llevaba a finales del pasado noviembre a la Fundación a solicitar el concurso de acreedores voluntario abreviado-liquidación..., pero no hay ofertas.
Su principal activo son 60.000 metros cuadrados de suelo rústico, a caballo entre las partidas ilicitanas de Altabix y Jubalcoy, que le fueron donados a la Fundación en 2006 por la mercantil Analco Auxiliar de Calzado (propiedad de la familia de Andrés Alonso Coves, que fuera presidente del Elche en 2001). Los mismos, sobre los que el club franjiverde llegó a planear la construcción de una ciudad deportiva, se encuentran gravados por una hipoteca en favor del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de 612.790,93 euros de principal y 55.151,18 de intereses ordinarios (más 110.302, 36 de intereses de demora y 55.151,18 de costas y gastos).
Lo llamativo es que en 2010, antes de hipotecarse, fueron tasados en justo 612.790,93 euros, pero hoy se valoran en 90.407,86. Ese es el precio que, tras una nueva tasación, le pone el administrador judicial (el liquidador) de la Fundación, el abogado eldense Juan Antonio Sánchez Cantos.
También están a la 'venta' las 503.199 acciones del Elche titularidad de la Fundación: las mismas representan hoy el 0,45% del capital social y se han tasado en 22.164,91 euros. A principios de 2019, sin embargo, eran el paquete accionarial mayoritario (el 54% de los títulos), pero un aumento de capital por compensación de créditos (al que obligaba el convenio de acreedores) hizo que perdieran drásticamente su valor, que Tenama Inversiones cogiera el testigo de la Fundación como accionista mayoritario del Elche. Esa operación accionarial, sin la que José Sepulcre (como máximo accionista de Tenama) no hubiese podido venderle (en diferido) el control accionarial del Elche al argentino Christian Bragarnik (que sigue recibiendo ofertas, por cierto), motivó que el IVF iniciara una guerra judicial a la que hace solo unos días el Tribunal Supremo puso fin.
Es precisamente la prenda constituida sobre esas acciones (a cuenta de la deuda originada por la ejecución de los avales prestados a la Fundación por el IVF en 2011 para que obtuviera sendos préstamos por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Banco de Valencia que le permitieran suscribir por entero una ampliación de capital del Elche con la que se buscaba que este pusiera a cero su deuda con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social) y la citada hipoteca que grava el suelo rústico del camino de Castilla la que llevaron a reconocerle al IVF la condición de acreedor con privilegio especial. El banco del Consell es el acreedor principal de la Fundación del Elche y su crédito asciende exactamente a 14.410.077,74 euros.
Si antes de que venza el plazo de tres meses no aparece un comprador (su oferta tendría que recibir el visto bueno del IVF, como acreedor con privilegio especial que es), se buscará mejor suerte por medio de una subasta (notarial). No obstante, el banco del Consell también podría no esperar a ver cómo se desarrolla la misma y adjudicarse directamente los citados bienes y derechos (entre ellos también hay un derecho de crédito de 1.200 euros) a cuenta de la citada deuda y poner fin a todo el proceso por la vía rápida.
