Los acusados niegan el fraude de la basura de Calp entre el silencio y la justificación de ingresos 

ALICANTE. Los expolíticos y empresarios procesados en la causa sobre el presunto fraude en la gestión de la planta de transferencia de residuos de Calp, investigado en el marco del caso Brugal, niegan las acusaciones y optan mayoritariamente por el silencio en la primera jornada de declaraciones del juicio. Tanto el exalcalde, Javier Morató, como el resto de los acusados han rechazado los hechos sostenidos por la Fiscalía Anticorrupción para descartar con una lacónica negación la autoría de la comisión de los delitos que se les atribuyen: cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

El proceso se dirige contra los expolíticos del PP de Calp, Javier Morató, Fernando Penella y Juan Roselló; contra dos allegados o familiares de este último, Francisco Artacho y Amparo Femenía; contra el funcionario municipal Juan Cervantes y contra los empresarios de la mercantil Colsur (ahora Sirem), Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel, que lograron la adjudicación del servicio de tratamiento de los residuos urbanos del municipio en el año 1998. 

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación. Unas comisiones que, presuntamente, se hicieron efectivas durante los años siguientes. Según el escrito de acusación inicial de la Fiscalía, en su distribución, los expolíticos pudieron repartirse 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario. Según la Fiscalía, Colsur incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hinchar la factura que debía abonar el ayuntamiento y, así, obtener los recursos necesarios para poder cubrir el reparto de esas comisiones.

Para los políticos y los empresarios acusados nada de eso existió. Eso sí, solo los exconcejales del PP Juan Roselló y Fernando Penella han llegado a ofrecer algunas explicaciones al respecto ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, en respuesta a las preguntas formuladas por sus propios abogados. Se trata de la misma posición que ha adoptado Antonio Ángel Fenoll, uno de los responsables de la empresa concesionaria del servicio en el periodo investigado: Colsur (ahora Sirem).

El resto, se ha limitado a rechazar las acusaciones de la Fiscalía como un mero formalismo, en respuesta a la pregunta directa formulada por el presidente de la sala, y después, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Así, el único que se ha desviado de esa estrategia ha sido el técnico municipal que ejercía como supervisor de la concesión, Juan Cervantes, quien sí ha contestado a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el letrado de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Calp, y quien sí ha apuntado que él elaboró informes en los que advirtió de la existencia de anomalías en el pesaje, aunque sin llegar a pronunciarse sobre la posibilidad de que se percibiesen comisiones. De hecho, ha negado que él hubiese podido interceder para incrementar uno de esos posibles pagos, en respuesta a una pregunta formulada por la Fiscalía sobre una conversación entre dos de los concejales también acusados en la que se le mencionaba.

Por partes. El primero en declararse "no culpable" y en negarse a prestar declaración ha sido el titular de Colsur, Ángel Fenoll, pese a que sí prestó testimonio durante la fase de instrucción de la causa matriz del caso Brugal, sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de recogida de residuos de Orihuela. Así lo ha recordado, de hecho, el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, quien ha solicitado que se diese lectura de las partes de aquella declaración en la que se aludía al servicio prestado en Calp. Su petición ha desencadenado el rechazo del conjunto de los abogados de las defensas al considerar que esa declaración no tenía ninguna relación con la causa que se estaba juzgando y que, además, no había podido ser conocida con anterioridad por el resto de los procesados. En todo caso, el tribunal ha aplazado la posibilidad de que se pueda reproducir esa declaración hasta la fase de presentación de prueba documental.

El segundo en negarse a declarar ha sido Artacho, a quien la Fiscalía considera intermediario entre los expolíticos y los representantes de Colsur. Después ha llegado el turno de Roselló, quien -además de negar cualquier tipo de influencia o presión al resto de miembros del equipo de gobierno para conseguir que el servicio se adjudicase a Colsur-, ha aprovechado su comparecencia para justificar el origen de su patrimonio, frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito apuntadas por la Fiscalía. Así, en respuesta a las preguntas formuladas por su letrado, Carlos Barona, ha sostenido que los ingresos anuales de su unidad familiar podían llegar a superar los 155.000 o los 160.000 euros en el periodo comprendido entre 2000 y 2010 a partir de los emolumentos percibidos por la acumulación de varios cargos. Entre ellos, el de diputado provincial o el de presidente del Creama o de la empresa Proaguas. 

Además, ha explicado que la empresa de su titularidad, Viajes Romar (dedicada al alquiler vacacional y al cambio de moneda, además de actuar como delegada de zona de la empresa de alquiler de vehículos Eurocar), había llegado a generar una facturación global de 8 millones de euros en un periodo de diez años. En esta línea, también ha explicado que todas las viviendas y propiedades inmobiliarias que compró en el periodo analizado se pagaron tras la concertación de préstamos hipotecarios. En esta línea, ha sostenido que, a lo largo de su vida, ha llegado a solicitar más de 48 préstamos distintos.

Tras Roselló, ha llegado el turno del exprimer edil, quien se ha negado a prestar declaración. Y, de nuevo, el fiscal ha solicitado que se diese lectura a la declaración que sí prestó durante la fase de instrucción, con la consiguiente oposición de su abogado defensor, Enrique Botella, tras alegar que ello supondría la ruptura del principio de inmediación que debe presidir cualquier juicio. A esa posición, igualmente, se ha adherido el resto de letrados defensores.

El quinto turno ha sido para Antonio Ángel Fenoll, que solo ha respondido a su letrado que en los años investigados él era solo un trabajador más de Colsur y que contaba con 22 años. Después, ha comparecido el exconcejal de Hacienda Fernando Penella, quien ha asegurado -a preguntas de su defensor- que él se limitaba a aprobar los pagos como miembro de la Comisión de Gobierno después de que las certificaciones hubiesen recabado el respaldo técnico y el visto bueno del interventor municipal. Ese proceso, según ha explicado, cambió a partir de 2008, después de la moción de censura que tumbó al gobierno conformado tras las municipales de 2007 por PSOE, Bloc y el PSI, cuando él volvió a asumir las competencias de Hacienda. A partir de entonces, los pagos se autorizaban con la firma de un decreto, sin pasar por Junta de Gobierno, igualmente, una vez que el expediente contaba con el visto bueno de los técnicos.

Roselló defiende que una de sus empresas generó una facturación de 8 millones frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito formuladas por la Fiscalía

Acto seguido ha comparecido el técnico municipal a cargo de la supervisión del contrato, Juan Cervantes: el único que sí ha apuntado la existencia de supuestas irregularidades en cuanto a los pesajes de los residuos durante la prestación del servicio. En su declaración, ha sostenido que él comenzó a apreciar desvíos en los pesos pasados al cobro por Colsur a partir de 2003 y que, desde entonces, emitió varios informes de advertencia al respecto en los que solicitaba más medios de control, como la presencia de técnicos municipales en las instalaciones de la planta de transferencias. Así, ha sostenido que apreció que los tickets de los pesajes de la basura facilitados por Colsur junto a las facturas de pago no cuadraban con las ratios de generación de residuos por habitante y día que se venían utilizando como medio de comprobación habitual en el Ayuntamiento antes de que él se convirtiese en director del contrato.

En esta línea, ha sostenido que él comunicó esas diferencias a los respectivos concejales de Servicios de cada momento y que siempre se le trasladaba que se trataría en la Junta de Gobierno. Además, también ha terminado por ratificar su declaración previa en la que había asegurado que dio traslado de esas anomalías tanto a Morató como a Penella. De igual modo, ha apuntado que, a partir de 2007, se acordó la suspensión de los pagos a Colsur y que, ante la insistencia de los responsables de la empresa, concertó una comida con ellos en un restaurante de Elche para tratar de que se solventase el problema de los pesajes. Con todo, ha señalado que en esa cita, los Fenoll insistían en solicitar que se abonase las certificaciones adeudas mientras le reiteraban que en la planta se depositaba todo tipo de residuos, como restos de podas, enseres o incluso neumáticos, lo que -a su juicio- vendría a justificar las diferencias respecto a sus cálculos, basados en la media de 1,5 kg de generación de residuos sólidos urbanos por habitante y día. 

El técnico responsable de la concesión declara que emitió informes de advertencia tras detectar anomalías en el pasaje pasado al cobro por Colsur a partir de 2003

De igual modo, a preguntas de la Fiscalía, ha sostenido que él no llegó a comprobar si la báscula funcionaba de manera correcta, aunque sí acudió a visitar las instalaciones en dos ocasiones y, al menos, en una de ellas sí estuvo operativa. Además, ha sostenido que consiguió que se procurase un vigilante municipal que pudiese ejercer su trabajo de noche para supervisar el depósito de residuos en la planta de Colsur. Por último, ha incidido en que, en noviembre de 2010, emitió un último informe en el que explicaba todas las discrepancias halladas respecto a los pesajes, aunque -a preguntas de las defensas- ha apuntado que, probablemente, no se hubiesen detectado si hubiese computado el peso del resto de residuos depositados en las instalaciones, tanto a instancias de particulares como del propio Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria de su recogida (Acciona).

Por último, la esposa de Roselló, Amparo Femenía, también se ha acogido a su derecho a no declarar, con lo que la sesión se ha dado por terminada. La vista se retomará este jueves con el turno de las declaraciones de los testigos.

Como informó Alicante Plaza, en la primera sesión del juicio, el conjunto de las defensas solicitó la nulidad de toda la causa, tras objetar que las escuchas telefónicas que dieron origen a las investigaciones ya han sido anuladas en la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia al juzgar la causa matriz sobre la contrata de la basura de Orihuela. De igual modo, alegaron que los delitos atribuidos a los acusados habrían prescrito. El tribunal demoró la resolución de todas esas cuestiones previas hasta el momento del dictado de la sentencia.