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análisis ap - los efectos del procesamiento del alcalde

Llíber, una encrucijada política para el PP (y César Sánchez), y judicial para los afectados

8/05/2019 - 

ALICANTE/LLÍBER. De manera inesperada, al PP le ha salido un problema con el municipio de Llíber. El problema es doble: político, porque supone la irrupción de una arma que la oposición -Compromís ha lo ha hecho- puede utilizar contra el discurso no sólo de los imputados, sino de los procesados deben ir en las listas electorales, como es el caso del alcalde de Llíber, José Juan Reus. Y el problema no es Reus, que en condiciones normales su procesamiento pasaría inadvertido: la cuestión es que muchas críticas y reproches se los llevará el actual presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que ha optado por concurrir a las elecciones por ese municipio para ser concejal, y de esta manera, diputado provincial por la Marina Alta, y si el partido así lo decide, candidato a la Presidencia de la Diputación de Alicante.

¿Qué puede hacer ahora el PP? De momento, lo que ha hecho: abrir expediente. Si el actual alcalde, José Juan Reus, renunciara a ser candidato, se podría abrir un proceso legal por intentar anular toda la candidatura y podría dejar a PP y a César Sánchez sin representación, y una hipotética candidatura a la Diputación de Alicante. Es decir, lo normal es que Reus aguante hasta la votación y después el partido decida, aunque ello no evita que el asunto siga en debate todo lo que queda de campaña electoral, hasta el 26M. Y no en el debate local o comarcal, la cuestión es si los partidos de la oposición instrumentaliza la causa. Como ya publicara Alicante Plaza, de momento, el PP no va ir más allá del expediente informativo, a la espera de como avanzan los acontecimientos.

La encrucijada judicial

Pero más allá de lo político, la causa judicial también es una encrucijada para los propios denunciantes. Es decir, después de más de 10 años de instrucción y varios jueces al frente del juzgado número dos de Dénia, la apertura del juicio oral se ha hecho efectiva en el momento en el que menos conviene a los denunciantes, agrupados en Abusos Urbanísticos Llíber No, cuya defensa ejerce Bernardo del Rossal. Y la pregunta es ¿y por qué, si se entiende que buscaban esa decisión? Aunque los afectados, que ejercen la acusación particular, también han elevado su petición de penas para los 13 encausados, se encuentran en una situación muy diferente a la que cuando se inició el proceso: muchos denunciantes han fallecido; otros han marchado a Gran Bretaña, algunos pocos han desistido...y sobre todo, la situación de su vivienda, aunque construida en no urbanizable, se ha regularizado: ya disponen de servicio de agua potable, de red eléctrica reglada y de cédula de habitabilidad,...es decir, algunos viven con más garantías y pueden vender su propiedad en caso de que lo quieren. Y lo que no quieren ahora son órdenes de demolición.

Existe otra derivada: los principales acusados, los empresarios Miguel Montaner y Trevor Bourne, o bien tienen todos sus bienes embargados o bien ya no poseen bien a su nombre, con lo que la responsabilidad caería en el Ayuntamiento de Llíber, para el cual el juez ha fijado una fianza de 18 millones para el alcalde, dos ex alcaldes y ex concejales procesados.

Pero la causa sigue: en estos momentos, falta la calificación del Ministerio Fiscal y de las defensas, por lo que se esperan, además, un alud de recursos judiciales contra la decisión del juez titular del juzgado número dos de Dénia. Es decir, que la cosa va para largo: además del cambio de juez, en su día, el Consejo General de Poder Judicial recibió varias quejas por el retraso de este expediente judicial.

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