LA NUCÍA. El Ayuntamiento de La Nucía ha vuelto a recurrir al contrato de una empresa externa para reforzar el departamento de Urbanismo. Un servicio en el que ha confiado en los últimos años, siendo el despacho de Garrigues el encargado de asistir al Consistorio después de haber concurrido a la licitación hasta en dos ocasiones. Las condiciones por las que sale ahora son parecidas a las anteriores, 145.000 euros anuales, impuestos incluidos, por tres años, prorrogables por otros dos más.
Tal y como figura en el pliego, el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales para el asesoramiento jurídico urbanístico y administrativo especializado al Ayuntamiento de La Nucía. Entre los servicios mencionados destaca el apoyo en todo lo relativo al procedimiento de tramitación y aprobación del Plan General Estructural. En este caso, señalan la coordinación jurídica de los trabajos a realizar por los técnicos competentes en cada una de las materias integrantes del proyecto, así como la emisión de notas, informes o cualesquiera otros documentos a requerimiento del Ayuntamiento o de sus órganos de Gobierno, y la asistencia a reuniones con los técnicos de la Conselleria.
También requieren el asesoramiento para la integración de los Sectores de Suelo Urbanizable no desarrollados del anterior PGOU, en el nuevo documento de Plan General Estructural, adecuándose a la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, el análisis y la repercusión de esa integración en sus vertientes urbanística, patrimonial y contractual.
A su vez, dentro de los servicios que incluye el contrato contempla el apoyo en el desarrollo de las actuaciones de planeamiento y gestión urbanística impulsadas en régimen de gestión indirecta. Cabe recordar que el Consistorio ejecuta el PAI de la Serreta, la mayor bolsa de suelo pendiente en la localidad.
Además, entre otras cuestiones, también recoge la dirección letrada de los recursos contencioso-administrativos vinculados a la actividad urbanística de planeamiento y gestión del Ayuntamiento en su condición de administración actuante, con carácter general, y aquellos derivados de situaciones de programación urbanística, de forma particular.
