ALICANTE. La Diputación de Alicante busca fórmulas de cómo conceder más ayudas a los afectados por el Covid-19, a la vista de que instituciones homónimas de Valencia y Castellón no paran de inyectar recursos a los municipios a través de los fondos de cooperación municipal. Algo que la corporación provincial de Alicante no podrá hacer porque no se sumó a la iniciativa que comparten estas diputaciones y la Generalitat y porque, además, anunció que lo haría con los remanentes de tesorería de 2019, algo de lo que ahora no dispone (esta cifra se conoce aproximadamente en el mes de mayo). Casi todos los ayuntamientos ya han presentado sus planes de estímulos y ayudas el tejido económico, y la Diputación ha destinado, por el momento, 3 millones de euros a los municipios de menos de 30.000 habitantes, además de relajar plazos de tributos (vía Suma) o renunciar a la cuota provincial de la recaudación del IAE, a la espera de su autorización definitiva.
Y ante este contexto, según ha podido saber Alicante Plaza, la institución ha barajado dos vías; una, prácticamente descartada, que pasaría porque la propia Diputación de Alicante concediera directamente las ayudas a los autónomos, pero consideradas como subvenciones sociales, y otra, que pasa por generar un fondo municipal, de unos 5 millones de euros, que se destinarían a los ayuntamientos con una finalidad concreta: ayudar a los autónomos, pymes y pequeños comercios. Para ello, será necesario que la propia institución apruebe una modificación presupuestaria para disponer de esas cuantías.
Según ha podido saber Alicante Plaza, existe buena predisposición para que los cuatro grupos políticos alcancen un acuerdo y se puedan aprobar esas partidas. No obstante, ello obliga casi a generar un fondo de cooperación interno, como el aprobado hace unas semanas de unos tres millones de euros. El PP y Cs han intentado por todos los medios jugar la baza de las ayudas directas de la institución a los autónomos, pero ésta iniciativa requiere de mucha burocracia interna y la aprobación de unas bases a la que sólo podrían optar los autónomos con una situación económica muy drástica; es decir, además de un camino farragoso, alargaría en demasía los plazos para su obtención. También se han intentado que fuera por la fórmula de aprobación de un decreto de ayudas urgentes del diputado de Economía, pero para ello necesitaría el placet de todas las consellerias del Gobierno valenciano.
Finalmente, casi todos los partidos apuntan que la fórmula más ágil y urgente será la de crear ese fondo y transferirlo a los ayuntamientos para que éstos, a su vez, los destinen a cuestiones consideradas prioritarias. Pese a ello, en este contexto, es posible que PSPV y Compromís le retraigan a PP y Cs su negativa a participar en el Fondo de Cooperación Local suscrito entre diputaciones y Generalitat, que en breve se convertirá en texto legislativo (cuando las Cortes retomen su actividad normativa).
¿Por qué la idoneidad del Fondo de Cooperación en este momento? Porque permite transferir cantidades, en este caso ya presupuestadas -y por lo tanto, no dependen de los remanentes de tesorería (los sobrantes del año anterior)- a los ayuntamientos para su libre disposición; es decir, sin tener condicionantes. Y eso es lo que ha hecho en los últimos días, por ejemplo, la Diputación de Valencia: a los 20 millones presupuestados, le ha sumado otros 20 millones esta semana y ha anunciado otros 20 millones que, sumados a los 20 que aporta la Generalitat a los municipios, ha concedido a esos ayuntamientos 80 millones de euros para la gestión de la crisis.
Ahí es donde se dirigirá el debate, sobre la idoneidad del fondo de cooperación, que el PP y Cs sí que estarían dispuestos a respaldar si previamente la Generalitat se hace cargo del gasto y la gestión de las competencias sanitarias impropias, como el Hogar Provincial o el Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo, pero que rechazan que se convierta en texto legislativo y en obligación de formar parte él con la actual fórmula de obligatoriedad. Desde entonces, la Diputación maneja diversos estudios jurídicos que podrían cuestionar ese texto y su encaje en la Constitución. Hay que recordar que en ese fondo vigente la Generalitat aporta 40 millones de euros y las diputaciones provinciales, otros 40 (20 millones Valencia; 13 debería aportar Alicante, y unos 6 Castellón).
Los grupos se ha dado de plazo este lunes, cuando se celebrará un pleno, para aprobar una moción institucional que recoja la fórmula para ver cómo se conceden las ayudas. La idea es que haya otra sesión a finales de mes y se aprueben. Mientras, Compromís y Ciudadanos ya se han cruzado propuestas y reproches de cómo debería ser ese plan de ayudas. Pero la cuestión urge: sobre todo, porque el presidente, Carlos Mazón, necesita implementar la hoja de servicios en este campo.
Fotos PEPE OLIVARES
