Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El 'corredor' que intentó elevar el precio y cobrar una comisión por la venta del solar de la Iglesia en Guardamar del Segura, e hizo saltar con ello el acuerdo cerrado previamente entre el ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Francisco Martínez, y la promotora MPC Group, participó también en la venta del asilo de Benalúa en Alicante en 2017. Al menos, así lo indica la propia Diócesis en su respuesta a la demanda por impago que ha interpuesto una importante consultora inmobiliaria, según ha podido saber este diario.
Como adelantó Alicante Plaza el domingo, la firma, especializada en grandes operaciones inmobiliarias en la provincia, ha denunciado al ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante por no pagar sus honorarios después de encontrarle comprador para el edificio y negociar las condiciones de la transacción. La empresa denunciante acusa al ecónomo de incumplimiento de contrato, y alega que realizó los estudios para determinar los usos posibles del edificio, que buscó al comprador (el grupo hospitalario Imed), y que negoció el precio. Según la demanda, el ecónomo cerró directamente el acuerdo con el comprador y los apartó de la operación.
En la respuesta a la demanda, la Diócesis niega la mayor y asegura que la citada consultora no participó en ningún momento de la operación. De hecho, la respuesta de la Iglesia identifica a José Luis Sánchez Requena, empresario dedicado a la recogida de ropa usada en contenedores con Mucho Más que Ayuda SL, como la persona que intermedió en el acuerdo para vender el icónico edificio, que si obtiene el visto bueno de la Administración se convertirá en un hospital privado.
Como se recordará, MPC Group denuncia que este empresario apareció en diciembre de 2020, cuando la empresa ya tenía cerrado (desde octubre) un acuerdo con el ecónomo de la Diócesis para adquirir el suelo de Guardamar, e intentó subir el precio y pedir una comisión al comprador. MPC Group llevaba negociando con el Obispado desde enero, y en octubre el ecónomo les trasladó en una reunión que el acuerdo estaba solo pendiente de ser aprobado por el consejo económico de la Diócesis. Sin embargo, tras dos meses sin noticias recibieron un correo informándoles de que se había vendido a otra empresa (Amay Properties), y luego el 'corredor' les ofreció vendérselo a ellos si pagaban más y abonaban una comisión.
Distintas fuentes del sector inmobiliario han confirmado en los últimos días a Alicante Plaza que el intermediario de Guardamar participa habitualmente en todas las ventas de activos que lleva a cabo el ecónomo, y en el caso del asilo de Benalúa, es la propia Iglesia la que lo admite en un escrito remitido al juzgado, para rechazar con ello la reclamación económica formulada por la consultora. A pesar de que su ocupación principal tiene poco que ver con el sector (donde las empresas dedicadas a la intermediación en grandes operaciones forman un selecto grupo), no son pocas las compraventas en las que supuestamente ha actuado como 'corredor'.
La denuncia de la consultora, presentada en 2019, ha sido admitida a trámite por el juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante, que ha señalado el juicio ordinario para el próximo mes de marzo (si la pandemia lo permite). Pese a que la Iglesia asegure en su respuesta que la operación fue intermediada por el 'corredor', la denunciante ha aportado numerosas pruebas de su trabajo, incluidas fotografías tomadas durante una visita a las instalaciones junto a responsables de la Diócesis. La demanda no fija la cantidad reclamada, que por tanto habrá de decidirse en el juicio ordinario, si el juez falla a favor del demandante.
Según relata la empresa denunciante, dedicada a las grandes operaciones inmobiliarias en la provincia, entró en contacto con el edificio cuando Argelia buscaba una sede para su Consulado en Alicante (un proceso en el que el Gobierno magrebí también valoró la antigua sede de Coepa, hoy propiedad de un inversor ruso y alquilada por la Cámara de Comercio). Aquella operación no fructificó, y más adelante el ecónomo encargó a la misma empresa que buscase un posible comprador. La Diócesis pensaba en una residencia (el uso que había tenido el edificio), pero la consultora abrió el abanico a la sanidad privada.
Como ha contado este periódico, fue el grupo hospitalario Imed quien se hizo con el activo, aunque su proyecto está pendiente de obtener el visto bueno de la Administración y por el momento paga un alquiler. La operación se cerró en torno a los 10 millones de euros, por debajo del precio de salida que se había marcado la Iglesia. La empresa denunciante alega que fue la que encontró al comprador, lo puso en contacto con la Diócesis y negoció el precio, y que en el último momento el ecónomo firmó directamente con el comprador y nunca les pagó por su trabajo.
