ALICANTE. Se va aclarando el panorama respecto al estadio José Rico Pérez y su futuro más inmediato.
La Audiencia Provincial de Alicante ha tumbado el auto por el que el juez de lo Mercantil estimaba el último intento del club blanquiazul de que continuase vigente el contrato de arrendamiento suscrito en 2007 con Aligestión Integral.
Como hemos venido contando en Alicante Plaza, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante se declaró incompetente para resolver la demanda de resolución interpuesta por el administrador concursal de Aligestión, una vez el estadio fue adjudicado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y, de acuerdo con lo previsto en el plan de liquidación de la citada mercantil, el banco del Consell manifestó expresamente que no deseaba que siguiera vigente el mismo (los bienes y derechos de Aligestión salieron a subasta libres de cargas, pero en ese plan de liquidación se facultaba al adjudicatario para aceptar que continuase vigente el contrato de arrendamiento).
El magistrado Salvador Calero entendía que correspondía a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resolver esa demanda al ser una de las partes del convenio de uso del estadio el Ayuntamiento de Alicante, algo que el administrador concursal de Aligestión, Miguel Hernández, recurrió ante la Audiencia Provincial, estimando su recurso la Sección Octava y anulando el auto del juez de lo Mercantil. Fue entonces cuando intervino el Hércules, que por medio de una declinatoria sostenía que el asunto estaba sometido a arbitraje (el club pretendía que el alcalde de Alicante fuera quien decidiera) pretensión que estimó el juez de lo Mercantil y también recurrida por el administrador concursal de Aligestión que este medio puede adelantar que ha visto como la Audiencia vuelve a darle la razón.
Así, la pelota está de nuevo en el tejado del juez de lo Mercantil, quien habrá de pronunciarse sobre la demanda de resolución de un contrato de arrendamiento que huelga decir que el club blanquiazul no está cumpliendo (pagando el precio fijado en el mismo), aunque sí provisionando en sus cuentas la cantidad que debería abonar.
El IVF quiere el estadio libre de cargas para negociar con el Ayuntamiento de Alicante un convenio de cesión y que sea este el que a su vez pueda subarrendarlo al club blanquiazul si así lo desea.
'The Neverending Story'
Coincidiendo con la compra del estadio al consitorio en 2007, Aligestión suscribió un contrato de arrendamiento con el Hércules por 25 años a cambio del pago anual de una suma equivalente al 7% de sus ingresos brutos por ejercicio.
La mercantil de Enrique Ortiz, ahogada por la deudas (no pudo desarrollar el plan urbanístico que planeaba alrededor del estadio, por lo que los bancos que le habían prestado el dinero para adquirirlo no tardaron en llamar a su puerta, amén de los impagos de alquiler por parte del club), solicitó la declaración de concurso de acreedores en 2012, no logrando remontar el vuelo (lo anterior no fue obstáculo para que, por ejemplo, el Hércules se viera obligado a abonarle casi 300.000 euros que le adeudaba) y entrando en disolución tres años más tarde, iniciándose entonces una fase de liquidación, cuyo punto álgido fue la subasta de los bienes y derechos de la sociedad en 2017 que ganó el IVF, en un pulso con Ortiz y Juan Carlos Ramírez.
El banco del Consell desembolsó 3.750.000 de euros en la subasta, si bien su condición de acreedor de la sociedad (a cuenta de la operación de aval de 18 millones prestado a la Fundación en 2011 y por el que la Comisión Europea la reclama al Hércules ahora siete millones) hizo que la mayor parte de esa suma regresase a sus arcas (hacerse con el estadio le costó finalmente 1.200.000 euros).
Desde entonces y de acuerdo con el plan de liquidación de Aligestión, el administrador concursal trata de que el juez de lo Mercantil resuelva el citado contrato de arrendamiento. Lo anterior permitiría al IVF negociar un nuevo precio con un arrendatario, el Ayuntamiento de Alicante, cuya solvencia no es precisamente la del Hércules y que sea el consistorio el que soporte el riesgo de impago.
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