Toni Pérez junto al interventor en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El gobierno de Benidorm aprobaba este miércoles en solitario la Cuenta General del ejercicio 2021, con el voto en contra de Cs y la abstención del PSOE. El documento, que no ha recibido reclamación o reparo en su fase de exposición pública, sí ha llamado la atención de la oposición por un informe que acompaña al expediente y que detalla el funcionamiento de la gestión del Consistorio. Un escrito de 24 páginas que no quisieron analizar en público, pero que alertan de "irregularidades" que ponen en "entredicho la gestión económica" y que insistían en que la ciudadanía tenía que conocer. Este diario ha tenido acceso a este documento que a continuación se desgrana.
El informe está firmado por el interventor municipal, jubilado el pasado mes de agosto, y el interventor accidental, que ha sido el encargado de terminar el estudio que inició el primero. Se trata de un resumen de los resultados más significativos de las actuaciones de control interno para el 2021.
Si bien, el capítulo más extenso y con acusaciones más graves es el dedicado a la prórroga y el precio del contrato de la recogida de basuras y limpieza que mantiene FCC. En concreto, menciona la sentencia del 28 de mayo de 2021 a favor de la empresa. Esta dejaba sin efecto el acuerdo plenario de 2017 y fijaba la forma de cálculo de los precios. En consecuencia, el Ayuntamiento tenía que abonar 7,7 millones de euros a la mercantil: 1,1 millones por el periodo de 2012 a agosto de 2013 y otros 6,6 millones de euros desde entonces hasta 2019.
"Este fallo podría ser una simple desestimación en vía judicial de los postulados municipales", dice el interventor, pero no se queda ahí porque viene "rodeada por un cúmulo" de "actuaciones previas y posteriores".
Para entrar en contexto, señala que FCC solicitó en 2012 la revisión de precios para los años 2009, 2010 y 2011 por 3,3 millones de euros. El ingeniero técnico municipal informó a favor para el pago, dice el interventor, pero Intervención pidió un dictamen pericial externo que lo rebajó a los 1,4 millones y justificaba la aplicación de la fórmula. Este informe se aportó al procedimiento judicial abierto por FCC y el TSJCV aceptó el cálculo, fijándose entonces en los 1,4 millones de euros. En base a ello, según el alto funcionario, el técnico y el Jefe de Contratación propusieron la revisión para recalcular los precios desde 2012 a 2016 y fijar una cuantía para 2017, que es lo que se terminó aprobando en pleno.
Pero la concesionaria presentó recurso jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Alicante contra el acuerdo plenario, y por tanto, volvían a calcular la deuda con la empresa. Algunas de las actuaciones que se derivaron las considera "contrarias al interés público", recoge el documento. A continuación, apunta directamente al secretario municipal, ya que asegura que sin que nadie lo solicitase, emitió un informe sobre el expediente que estaba en el juzgado y en el que mantenía que el acuerdo de pleno adoleció de un vicio de tramitación. Siempre según la versión del interventor, el secretario argumentaba que no se había seguido un procedimiento contradictorio con la concesionaria y no había un informe suyo, obligado al ser una modificación de contrato. Cuestión última en la que no se ponen de acuerdo.
En este sentido, indica que toda moción elevada a pleno viene dictaminada por el secretario avalando que está conclusa su tramitación. "Comprometía la actuación municipal y el interés público del mantenimiento del acuerdo adoptado", dice, al tiempo que asegura que lo correcto habría sido proponer una subsanación del expediente.
"De forma asombrosa se le dio traslado directo del informe del secretario a FCC, que solicitó el 31 de octubre de 2019 una ampliación de la demanda con la finalidad expresa de incorporarlo al expediente judicial para argumentar con él la nulidad del acuerdo plenario", menciona el informe.
También apuntan a una enmienda del PP a la prórroga del contrato en 2019 para solicitar un dictamen del Consell Juridic Consultiu sobre el expediente de 2017, "a pesar de que ni guardaba relación con el punto del orden del día ni era preceptivo tal dictamen y pese a que el mismo llevaba año y medio tramitándose en vía judicial". El Consultiu terminó asegurando que era una modificación del contrato. "Podría ser revelador revisar la documentación del expediente que se remitió al Consell para que aceptara en su informe que había habido una modificación contractual inexistente", dice el interventor. Con todo, FCC lo usó para el juicio.
No obstante, el dictamen del Consell consideraba cosa juzgada la fórmula y aceptaba la del perito que incluían en el acuerdo plenario. Un argumento que dice el interventor, no parecía que lo hubieran esgrimido en el juicio que finalmente le dio la razón a la empresa.
Un asesor jurídico municipal aconsejó no recurrir la sentencia, a pesar, dice el interventor, de que lo harían en el TSJ, donde le dieron la razón al Ayuntamiento y avalaban que era una cosa juzgada. Según los firmantes del informe, las razones para no hacerlo eran insuficientes. Hasta el punto de señalar que el letrado municipal calificaba de 'pericial judicial' el informe realizado por un interlocutor de FCC con el Consistorio y empleado de la mercantil. "Es muy grave que el informe del letrado a la Corporación, argumentando la no presentación del recurso, haya tergiversado este extremo", manifiesta. Dice más adelante que lo hicieron para "lograr su claro objetivo de que la misma adquiriera firmeza".
"Todo ello justificaría una profunda indagación de las responsabilidades en las que han incurrido las personas implicadas y los motivos que han tenido para su anómala actuación a favor de los intereses de FCC y en contra del Ayuntamiento de Benidorm", concluye en este punto.
Aunque gran parte del informe habla de lo ocurrido con FCC, recoge numerosas deficiencias en las actuaciones diarias del Consistorio. La concejal de Hacienda y Contratación, Aida García Mayor, se defendió de las acusaciones -genéricas- de la oposición diciendo que era un informe técnico que hablaba de discrepancias técnicas sobre el funionamiento de otros departamentos que no habían respondido.
Entre otras cuesiones, el documento habla de incidencias en gastos menores por no motivar su necesidad, falta de informes o aprobarlos después de haberse hecho el servicio. Además, nombra algunos ejemplos en los que se han aprobado facturas para actuaciones que ya tenían que estar contempladas por concesionarias contratadas.
Por lo que respecta al Departamento de Recursos Humanos, habla de la imposibilidad de verificar la corrección de los importes de las variaciones en las nóminas o discrepancias a la hora de abonar complentos a la plantilla de la Policía Local. También alerta de los numerosos expedientes que se encuentran en continuidad de servicio, es decir, siguen las empresas a pesar de que el contrato ya no admite más prórrogas.
También pone la puntilla sobre la prórroga en el plazo de las obras de la remodelación de la Avenida del Mediterráneo: "Se vulneró gravemente la legalidad contractual". Pide un informe sobre la defensa que se hizo ante la retasación de la expropiación del terreno del Moralet para analizar si se hizo de manera adecuada. Además, recuerda que se le ha abonado a Incobe, de Enrique Ortiz, dos veces el pago de 155.867,58 euros.
En sus conclusiones, afirman que "la inexistencia de un departamento específico de control financiero, unido a la generalizada actitud administrativa de rechazo a cualquier tipo de actividad de control, que siempre se ha ejercido con las más variadas cortapisas, y cuando a duras penas se puede realizar una fiscalización previa de carácter básico, supone que no se considere materialmente factible la redacción, seguimiento y valoración de planes de acción concretos en materias con deficiencias de gestión. Entiende el firmante que no existen ni los medios personales ni una mínima cultura administrativa que permita contemplar la colaboración básica para poder desarrollarlo con expectativas de cumplimiento".
