El coordinador de EU, Manolo Copé, junto al secretario de Organización, Darío Moreno, y Lucía Ibáñez, miembro del consejo político.ALICANTE. La agrupación local de Esquerra Unida (EU) en Alicante se adelanta a la posible decisión de la Fiscalía y anuncia ya el estudio de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia dictada por la Audiencia en la causa sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad, investigado en el marco del caso Brugal. De confirmarse su interposición, el de EU se convertiría, de este modo, en la primera impugnación sobre el fallo en conocerse, dado que el actual alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ya anticipó este mismo miércoles que el Ayuntamiento (parte del proceso como acusación particular) acataría la resolución judicial sin recurrirla.
Así, la dirección política de la formación, que ejerció la acusación popular en el proceso a través del abogado José Luis Romero, ha expresado "su rechazo a las multas irrisorias" acordadas por en la resolución judicial conocida este miércoles, en la que se absuelve al conjunto de procesados salvo al empresario Enrique Ortiz y al exalcalde Luis Díaz Alperi, a quienes solo se condena por un delito de cohecho.
En esta línea, el consejo político de EU ha emitido una resolución en la que sus miembros dicen avergonzarse respecto al sentido del fallo "porque todo el mundo ha escuchado las grabaciones y ha conocido las pruebas, que el propio Ortiz, antes de la sentencia de Orihuela, confesó y luego se retractó. Más si cabe cuando hay acusados que han admitido en el propio juicio haber pagado prebendas", en alusión al pacto de conformidad con la Fiscalía alcanzado el pasado mes de febrero por el promotor ilicitano Ramón Salvador: uno de los nueve procesados que, finalmente, también ha resultado absuelto.
Así, el Consejo local de la formación considera que "sse ha reflejado suficientemente que las prácticas de los gobiernos de Castedo y Alperi y su compadreo con Ortiz son todo lo contrario a una Administración limpia, seria y dirigida al honrado servicio público". "De esta manera EU recoge el trabajo de la formación en lucha contra la corrupción de Miguel Ángel Pavón, y de los anteriores coordinadores de la formación política", añade la resolución.
En esta línea, los miembros de la dirección local de EU insisten en expresar su disconformidad total con el fallo al creer, como se habría defendido ejercitando la acusación popular, "que hay elementos probatorios suficientes como para justificar una condena ante los amaños del PGOU de esta ciudad". "Esquerra Unida considera que con esta sentencia se consagra la impunidad de presuntos y graves delitos y se favorece la desafección ciudadana hacia la justicia al constatar que ésta no es igual para todos", recalca.
"Es un escándalo que un caso que lleva 10 años de retraso y más de ocho meses desde que fue juzgado, estuviera sin sentencia. Un caso que ha estado detrás de los mayores escándalos urbanísticos en los que siempre aparecen los exalcaldes Diaz Alperi y Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, desde el famoso pelotazo del Plan Rabassa y siguiendo por el presunto amaño del PGOU de Alicante, una irregularidad que suponía la recalificación de terrenos en favor de los intereses de Ortiz", añade.
Por todo ello, el coordinador de EU, Manolo Copé, considera "que esta sentencia, que no comparto en absoluto, es una burla y un desprecio a la ciudad de Alicante y a los intereses generales y por ello la formación política estudiaremos un posible recurso al considerarla totalmente injusta. Es una sentencia que consagra la impunidad y que desacredita a la propia justicia". De ahí que se avance que el estudio de un "posible recurso al Supremo que de darse, esperan que haga justicia ante estos hechos y actuaciones ilícitas".
